La libertad de expresión está amenazada en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay por la interferencia de los gobiernos, la "compra" de coberturas favorables y la censura por parte de las autoridades, según un informe divulgado en Buenos Aires "El precio del silencio", elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina (ADC) y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta de Nueva York, sostiene que hacen parte del estudio desde las presiones y abusos hasta los pagos directos de funcionarios a periodistas.
Analiza el uso de la publicidad oficial en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay y exhibe el uso extendido de publicidad oficial para "premiar o castigar coberturas periodísticas".
Incluso, remarca que mediciones hechas en 2005, 2006 y 2007 "mostraron que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe realizaba asignaciones publicitarias regulares y sospechosamente elevadas al periódico económico La República, que suele ser favorable a las políticas de dicho gobierno y, en cambio, no se encuentra entre los primeros puestos de lectura".
El documento asegura que se han comprobado "pagos de funcionarios públicos a periodistas en Colombia y Perú", menciona un caso en el que "autoridades de Chile dictaron aquello sobre lo que los periodistas pueden escribir y el intento de un alto funcionario de Costa Rica de utilizar contratos publicitarios para ejercer influencias" sobre los medios.
También afirma que el Gobierno de Argentina "suele hacer pagos generosos en concepto de publicidad a periodistas que escriben en medios gráficos nacionales influyentes" y califica como una "asignación injustificada de publicidad oficial" la que recibe el periódico Página/12.
Por su parte, el ex mandatario de Costa Rica Abel Pacheco "ordenó a los miembros de su gobierno en 2004 que dejaran de pautar en La Nación, el periódico más importante del país, como represalia por sus coberturas críticas", señala el estudio, que también fue presentado en Bogotá.
"Millones de pesos son utilizados por funcionarios públicos para tratar de comprar coberturas favorables, situación que empeora si tenemos en cuenta los bajos salarios y la falta de seguridad laboral por la que atraviesan muchos periodistas", opinó Darian Pavli, uno de los autores del informe y miembro de la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.
El estudio también afirma que en Honduras el presupuesto publicitario de la Presidencia fue 30 veces más alto en 2005, año de elecciones presidenciales, que en 2006.
Denuncia que altos funcionarios de Argentina, Colombia, Uruguay y Costa Rica se contactan con periodistas para "interferir" en su trabajo.
"Esta censura "sutil" puede inhibir a muchos periodistas y aún permanecer invisible para el público", sostuvo Roberto Saba, director ejecutivo de la ADC.
"Se necesitan reformas inmediatas que incluyan el compromiso de todos los niveles de gobierno para modificar las leyes sobre publicidad oficial y terminar con las presiones indebidas a los medios", manifestó Saba.
Fuente: Agencia EFE
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