El documento analiza el uso de la publicidad oficial y muestra el uso de publicidad oficial para "premiar o castigar coberturas periodísticas".Afirma que el gobierno de Argentina "suele hacer pagos generosos en concepto de publicidad a periodistas que escriben en medios gráficos nacionales influyentes" y califica como una "asignación injustificada de publicidad oficial" la que recibe el PáginaI12 lo que motivó una dura respuesta de Luis Bruchstein, subeditor de Página.
El informe ofrece varias recomendaciones a gobiernos, medios de comunicación y asociaciones de periodistas para enfrentar los problemas, incluyendo una mayor transparencia en el reparto de publicidad oficial.
“Millones de pesos son utilizados por funcionarios públicos para tratar de comprar coberturas favorables, situación que empeora si tenemos en cuenta los bajos salarios y la falta de seguridad laboral por la que atraviesan muchos periodistas”, dijo Darian Pavli, uno de los autores del informe y asesor jurídico de Libertad de Expresión e Información de la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.
"Esta censura "sutil" puede inhibir a muchos periodistas y aún permanecer invisible para el público", sostuvo Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, organización que co-edita el informe.
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