Un grupo de organizaciones, instituciones y personalidades presentaron ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual una denuncia acerca del funcionamiento de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSA) y en el mismo acto solicitan que se deje sin efecto la designación del interventor de ese organismo, el abogado Emilio Jesús Alonso, quien fuera nombrado con carácter transitorio el 26 de setiembre de 2018 . El pedido del remoción del funcionario lleva la firma, entre otros, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Foro de Radios Comunitarias (FARCo), del capítulo Argentina de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y de investigadores y académicos del campo de la comunicación, entre los cuales se cuentan Martín Becerra y Guillermo Mastrini (UNQ), Diego de Charras y Larisa Kejval (UBA), Philip Kizberger (Univ. Di Tella) y la abogada especialista en derecho de la comunicación Graciana Peñafort.
Además de señalar que la designación de Alonso incumplió los requisitos exigidos por ley para ser Defensor/a y el reglamento de la propia Comisión Bicameral, los denunciantes sostienen que Alonso "discontinuó las líneas de trabajo, paralizó el despliegue territorial, separó de sus cargos al director Ernesto Lamas en un acto de persecución política, provocó la renuncia de la directora María José Guembe", a quien la propia Comisión Bicameral había encargado de la DPSCA durante la acefalía, y "tras una larga persecución y censura" generó la renuncia del director de Análisis, Investigación y Monitoreo, Santiago Marino.
En el mismo documento los firmantes señalan que durante su gestión Alonso "dejó tres direcciones sustantivas del organismo vacantes" mientras nombró en cargos jerárquicos a personas que carecen de formación en los temas específicos de la DPSCA y hubo al menos catorce designaciones en la planta jerárquica y como asesores, con las más altas remuneraciones, violando de este modo "las facultades conservatorias dispuestas por la Comisión".
Respecto de lo anterior el documento concluye que "el resultado de estas decisiones es una Defensoría empobrecida, paralizada en todas sus acciones y la total desprotección de los derechos de las audiencias".
La DPSCA es un organismo dependiente del Poder Legislativo creado en el marco de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522), sancionada en el 2009 y prácticamente desguazada por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por Mauricio Macri pocos días de asumir la presidencia en el 2015.
Sin embargo el DNU no afectó a la DSPCA ni alteró sus funciones por lo cual siguió actuando de manera normal mientras estuvo vigente el mandato de la defensora Cynthia Ottaviano, hasta el 14 de noviembre de 2016. Con posterioridad a ello la propia Comisión Bicameral presidida por el senador santacruceno Eduardo Costa (Cambiemos), bajo la vicepresidencia del senador Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) y con la secretaría del diputado Pablo Carro (Unidad Ciudadana por Córdoba), designó a la entonces directora legal María José Guembe para hacerse cargo de la continuidad de la tareas mientras durase la acefalía y asumiendo el compromiso de regularizar la situación. No solo no ocurrió tal cosa sino que en setiembre pasado sorpresiva y antirreglamentariamente, tal como se consigna en la denuncia, se desplazó a Guembe y se nombró al mencionado Alonso, en principio por tres meses que se han extendido hasta la fecha.
Los trabajadores de la Defensoría han denunciado actualmente que el mal manejo presupuestario de Alonso impide en la actualidad hacer frente al pago de los salarios del personal hasta fin de año.
Por ese motivo ahora se solicita, "previa sustanciación del sumario" la remoción del interventor Alonso y que "se de inicio al proceso de selección y designación de la defensora o defensor del público audiovisual de conformidad con el artículo 20 de la ley 26.522". Mientras tanto se pide que, siguiendo la práctica que es habitual en estos casos, el organismo quede a cargo de los funcionarios de planta permanente y "se adopten las medidas necesarias para retomar el normal funcionamiento de la Defensoría" como forma de "recuperar las acciones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía".
La Comisión Bicameral destinaria de la denuncia ha sido convocada para el próximo jueves 17 por la mañana y en el orden del día se incluyó el informe de gestión que debe presentar el interventor Alonso, el tratamiento de la denuncia presentada y la evaluación acerca de la designación del titular de la Defensoría del Público.
Fuente: Diario PáginaI12
