También es consecuencia del incumplimiento de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública.
Al respecto, reiteramos el reclamo de las trabajadoras de los medios públicos surgido a raíz de la publicación en TelAm de una nota de opinión firmada por la subgerenta general Elena Carmelich, quien no sólo mintió al asegurar que dicha ley ya estaba en pleno funcionamiento en varios organismos del Estado, sino que fue una de las responsables de los despidos de decenas de compañeras de la agencia en junio de 2018, cercenando la posibilidad de sostener una agencia plural e inclusiva.
El cable cuestionado no sólo es violatorio de la Ley de Identidad de Género (se trata de una niña trans haciendo su transición, no de “un alumno”), sino que desconoce que esas infancias son una realidad hoy en la Argentina, que son numerosos los niños y las niñas que han reclamado el reconocimiento de su identidad de género autopercibida por sobre la asignada al nacer, siendo apoyados y acompañados en esta decisión por padres, autoridades, operadores judiciales y comunidad educativa. Muchos y muchas de ellos, además, han llegado a realizar el cambio registral a muy corta edad, tal es el caso de Luana -que obtuvo su nuevo DNI a los 9 años en 2013- y de Facha -que lo hizo en 2014 a los 11 años- sin intervención judicial o médica, como lo establece la ley 26.743.
Por otro lado, el cable no respeta la Convención de los Derechos del Niño, al avasallar la privacidad de la niña identificando la escuela y empleando “fuentes educativas” y aparentemente sin autorización de la niña, sus padres o tutores.
Además, atenta contra la Ley de Educación Sexual Integral, que dificultosamente se viene tratando de implementar desde su sanción en 2006, al remarcar que el pronunciamiento de la niña se produjo en el marco de una clase de ESI y como una consecuencia no deseada o negativa de ésta.
Para respaldar esta idea, el periodista sólo apela a las opiniones críticas y quejas de padres que no están de acuerdo con esta enseñanza, sin recordar que su dictado es obligatorio, sin darle la palabra a especialistas en ESI y organizaciones de la diversidad sexual o de derechos humanos.
Además, hace alusión a la inexistente “ideología de género”, una expresión propia de autoridades religiosas y activistas antiderechos, pero que no tiene materialidad, en todo caso, porque no se puede tildar de “ideología” una ley votada por el Congreso Nacional y que tiene sus réplicas en la mayoría de los países más avanzados del mundo en esta materia.
Por otro lado, el cable reproduce información inexacta sobre la Ley de ESI provista por los padres, sin aclarar cuál es la verdad: los padres no se pueden negar a que sus hijos la reciban en las clases, aunque la ley prevé que "cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
Por último, el artículo es patologizador de las identidades trans y desconoce el alto nivel de deserción escolar de las niñeces y adolescencias trans, producto de actitudes como la de estos padres cuya voz el cable amplifica y legitima.
Por ese motivo, exigimos la designación formal de al menos una editora de género en la Mesa de Edición tal como lo viene impulsando esta representación sindical, cuya participación resulta un insumo fundamental para la producción periodística de la agencia estatal que, dada su relevancia y su responsabilidad al ser fuente de otros medios de comunicación, debe cumplir con los estándares informativos que demandan los avances sociales en materia de género.
Según la encuesta sobre la población trans realizada en 2006 para el libro “La gesta del nombre propio”, sólo el 32% de las personas encuestadas había terminado el secundario y el 14% no había concluido ni siquiera la primaria.
Cabe destacar que esta alta deserción generalmente motivada por la discriminación es uno de los primeros eslabones de la sistemática exclusión que caracteriza el recorrido vital de las personas trans y que, junto a la exclusión laboral, familiar y sanitaria, explican que la expectativa de vida no supere los 35 años a pesar de la vigencia de la Ley de Identidad de Género.
Para evitar nuevos casos como éste y a una semana del Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencias desde la Asamblea de Trabajadoras del SiPreBA en TelAm reclamamos:
- Aplicación urgente de la Ley Micaela
- Designación de editoras de Género.
- Talleres de diversidad sexual y derechos de asistencia obligatoria
Asamblea de Trabajadoras de TelAm - SiPreBA
