Me alegra estar aquí. Que podamos compartir y reflexionar sobre estos temas. Me parece importante buscar la unidad en la diversidad. Pensar distinto es la riqueza de los pueblos. En lo específico de su pregunta, le diría que es un tema que nos preocupa. Soy un sobreviviente de una época trágica para el país, para toda América Latina. Llevamos cincuenta años de trabajo en el continente latinoamericano. Es el área de la que nos ocupamos con el Servicio Paz y Justicia.
¿Cuál es a su juicio el rol de los medios en esta repetición de los 70 a través de otras formas?
En esa época los medios sufrieron distintos embates. Hubo una persecución muy fuerte, mucha censura. En el año 1975 fue el secuestro, asesinato, muerte, de un periodista brasileño de origen judío, Vladimir Herzog.
En la dictadura de Argentina sobran ejemplos.
Rodolfo Walsh, y muchos otros. Además, había mucha censura. En Brasil también algunos medios ejercieron la censura.
Según su mirada, “O Globo” en Brasil, “El Universal” en Ecuador y “Clarín” en la Argentina son parte de ese Plan Cóndor 2. Es una acusación grave. Le pido que la fundamente.
Lógicamente que la fundamento. Tanto contra Lula como aquí Clarín, se comenzó a armar toda una historia que incluía condenas antes de ser juzgados. Es una condena a través de los medios. Es algo que no corresponde. Ahí se ve la complicidad en la lawfare: la suma de los medios de comunicación y de un Poder Judicial condicionado y restringido a los intereses políticos. No creo en los medios asépticos.
Según su visión, ¿lo serían por ser partícipes necesarios en función de las consecuencias?
Están alineados con esa política. Un ejemplo es que en Clarín jamás me han publicado nada. No ahora, es algo que viene desde un tiempo atrás. Para mí no son creíbles, están condicionados por intereses políticos. Todos los medios tienen su ideología, su mirada. Algo que sigue hasta el día de hoy.
Llegó a esta entrevista con un ejemplar del diario “PáginaI12”, que imagino es el diario que lee todos los días. También me decía que el domingo compra Perfil
No leo todos los días PáginaI12. Pero sí, lo leo.
¿Y por qué lee Perfil? ¿Qué ideología nos asigna?
Tiene una mirada más amplia, no restringida. Como sale los fines de semana, me interesa la síntesis diferente que hace de la situación mundial. Me preocupan los medios de comunicación. Por eso trabajamos mucho con los medios alternativos. En la semana precedente, dimos una conferencia en la sede del Serpaj. Fue muchísima gente, muchos periodistas de medios alternativos, pero no se dijo ni una palabra en los grandes medios: están ausentes, no asisten a actos así. Tratamos la situación de Chile, que es gravísima. Nosotros tenemos secretariados en distintos países y me había comunicado previamente con el de Santiago, con el de Valparaíso. La situación es tal que le mandé una carta al presidente Sebastián Piñera, a quien conozco personalmente. No puede haber 19 muertos cuando el pueblo sale a protestar y reivindicar sus derechos.
Referido a la prensa, usted dijo: “No hay que confundir libertad de prensa con delitos”. ¿Cuáles fueron, a su juicio, los delitos cometidos por Daniel Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Fernando Laborda? ¿Fueron víctimas o partícipes necesarios?
Usted se refiere al trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria. A pedido del juez Alejandro Ramos Padilla. Nos solicitó un trabajo técnico, un análisis de la documentación. La Comisión se limita a hacer ese trabajo técnico. La Justicia pasa por otro lado.
¿Realizaron una suerte de peritaje?
Hicimos un análisis de los documentos que se nos entregaron. Este es el cuarto caso en que hicimos algo así.
¿Cuándo comenzaron a hacerlos?
No recuerdo la fecha, pero debe ser varios meses atrás. Terminamos el primer informe y se lo entregamos al juez, que después lo analiza. Lo que nosotros hicimos es un estudio de esa documentación, que incluyó no solo material impreso: son CDs, pendrives, entre otros materiales, que incluyen conversaciones telefónicas. De esos documentos se ven las relaciones que surgen. Aparecen nombres de periodistas en el material. Nosotros no juzgamos a los periodistas, no es nuestra responsabilidad. Ahora se habla de una Conadep para el periodismo. Es algo que mencionó incluso el presidente Mauricio Macri en el debate. Pero es falso decir que nosotros hacemos eso.
¿Usted está en contra de una Conadep para el periodismo?
Totalmente. No tenemos nada que ver con eso. Lo que sí hicimos es entregar un informe. Y de ahí surgen relaciones. Se formó un centro de espionaje paralelo al estatal. Y eso es grave.
En eso coincidimos todos. También los periodistas.
Si de ahí surgen nombres de periodistas, nuestra labor no está en juzgar si son o no culpables. Bajo ningún punto de vista. Lo que digo, frente a los ataques que recibimos, es que si hay delitos, deben ser investigados.
¿Es su convicción después de haber hecho estos cuatro informes?
Sí.
En los países anglosajones, los jueces tienen la posibilidad de juzgar no solamente por pruebas: pueden también por convicciones aunque no tengan pruebas, algo que en el derecho romano está permitido.
Eso es lo que ha hecho Sérgio Moro con Lula.
Ya llegaremos a Lula. Pero, desde su perspectiva, ¿su convicción es que los periodistas fueron víctimas de esto?
No lo sé. Habrá que analizarlo. Es algo que tiene que determinar el juez. Si el juez ve que algunos de los periodistas fueron parte... Vaya a saber por qué están mencionados. Lo que nosotros hicimos fue clarificar esos informes. Por ejemplo, aparecen cartas de la Embajada de Estados Unidos, con sus respectivos membretes. Y la Embajada desconoce eso. Es el juez quien tiene que determinar las responsabilidades de periodistas como Daniel Santoro. A Santoro lo voy a recibir el día 30 de noviembre. Me pidió una reunión. Nos veremos en el Serpaj y conversaremos. Nosotros hacemos un trabajo técnico. Pero la responsabilidad es judicial.
Déjeme decirle que los periodistas sabemos que Santoro es una persona que no tiene patrimonio. Si hubiera sido beneficiario de extorsiones se vería reflejado precisamente en ese patrimonio. De cualquier forma, creemos que actuó mal, que tuvo una cercanía indebida con sus fuentes y lo está pagando con un costo reputacional. Pero nuestra convicción es que no cometió un delito.
Es su convicción, está bien.
Usted sí señala que Marcelo D’Alessio es una persona que cometió serios delitos: está convencido de que es un agente de la DEA, o de la CIA, o de algún organismo de los Estados Unidos. Sobre eso sí tiene convicción.
Claro. Es algo que aparece en la documentación...
Pero la Embajada dice que esos documentos son falsos. Lo que D’Alessio muestra o dice en sus diálogos es desmentido por la misma Embajada.
Habrá que confirmar eso. Esa es la investigación que le corresponde al juez, a través de sus equipos jurídicos. Nosotros no emitimos opinión sobre esa cuestión. Lo que afirmamos es que está en la documentación. Y se lo entregamos al juez. En el caso de Santoro, se ve que hay una relación con D’Alessio. Hay comunicaciones.
Muy estrecha, sí. Excesivamente estrecha.
No me corresponde opinar sobre eso.
Usted fue más contundente y asertivo con Carlos Stornelli. Dijo: “Es el más claro brazo judicial del Gobierno”.
Carlos Stornelli tendría que haberse presentado ante el juez. Pero no lo hace.
En eso también estamos todos los periodistas de acuerdo.
Hay muchas cosas que se mezclan. Es lo que pasa en el caso de los cuadernos. Yo llamo “cuadernos fantasmas” al asunto. Ahora resulta que aparecieron los cuadernos. Oscar Centeno dijo que los había quemado. Ahora aparecen.
Ahora aparecieron los originales. Obviamente es sospechoso que aparezcan justo la semana previa a las elecciones. Pero eso no tiene nada que ver con el periodismo. Puede ser que existan personas que intenten influir de una u otra manera. El periodismo ahí es simplemente un medio.
Lo que tendrá que hacer el juez es determinar la responsabilidad. Nosotros hacemos nuestra labor. Si existe un delito, debe ser investigado.
¿Por qué el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, cuestionó el informe que ustedes prepararon? El juez lo pide, el fiscal lo cuestiona...
Hay una controversia entre la posición del fiscal Curi y el juez. El juez lo avaló para que siga en la fiscalía. Hay una controversia que es de orden jurídico, acerca del lugar en el que tiene que estar esa causa. Ahora habría que preguntarse por qué hacen tanto escándalo en querer quitarle la causa al juez Padilla. Hasta el presidente de la Nación pide su destitución.
¿Para usted habría una sobreactuación también en quienes critican al juez Ramos Padilla?
No solo es sobreactuación. Hay una decisión del Poder Ejecutivo de quitarle la causa y que pase a Comodoro Py. Pero en Comodoro Py hay personas involucradas en esa causa. Y que no se presentan, como el fiscal Stornelli. En eso aparece hasta la ministra Patricia Bullrich.
No solo es una importancia política. Estamos frente a una situación muy grave de avalar un servicio de inteligencia paralelo al estatal. Es un peligro para la democracia.
¿Usted cree que el Gobierno es parte de eso?
Es parte de eso.
¿Usted está afirmando que D’Alessio no era un loco que operaba para sí sino que estaba apañado por grupos del Gobierno?
Es grave institucionalmente que el presidente Macri pida la destitución del juez Alejo Ramos Padilla.
En otro reportaje usted dijo: “D’Alessio es simplemente un integrante más. Es tal vez la punta del iceberg de un servicio de inteligencia paralelo al oficial con la complicidad de Gobierno. Y eso está comprobado”.
Es gravísimo. Esto es gravísimo, porque pone en riesgo el sistema democrático del país. Es esto lo que nos preocupa. ¿Por qué ponen un sistema paralelo al sistema oficial? D’Alessio para mí no está solo ahí: no se trata de una locura.
Déjeme argumentarle la otra posición. La de aquellos que piensan que Marcelo D’Alessio era una persona que no actuaba bajo las órdenes del Gobierno, sino que se aprovechaba de ciertos contactos con los servicios de inteligencia para extorsionar a personas en su propio beneficio. Alguien que se mandaba la parte diciendo que era representante de la DEA y de organismos norteamericanos para impresionar, amedrentar y conseguir maximizar su beneficio económico. Siguiendo esa lógica, al ver que la causa es tomada por un juez de Justicia Legítima como Alejo Ramos Padilla, el Gobierno temería que la causa pasara a tener una gran importancia política. ¿Ese razonamiento y tal hipótesis le parecen posibles?
Se tendrá que ver la resolución judicial. Nosotros no entramos en eso. La Comisión Provincial por la Memoria actúa a pedido del juez. Nosotros contamos con información, tenemos los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). Nuestro trabajo fue analizar documentos.
Una persona que estuvo en la misma trinchera que usted durante la dictadura, Graciela Fernández Meijide, se preguntó: “¿Por qué llamar a una comisión cuyo trabajo es recoger la memoria, que está especialmente ligada a la historia de los 70, para que analice un texto de hoy y periodístico? ¿Qué le respondería?
Es falso lo que dice Graciela, que en algún momento fue una compañera. Primero, es falso porque nosotros actuamos también sobre la realidad de hoy, la situación que vive el país. La Comisión hace un trabajo en cárceles y comisarías. Hacemos el monitoreo del Comité contra la Tortura. La tortura sigue hasta el día de hoy. Los jueces nos piden un análisis y se lo entregamos. No solo trabajamos con el pasado.
Pero sí con la memoria.
La memoria es una cosa. Pero esa memoria también es presente. La Comisión hace el análisis de la información que recibe y lo entregamos a la Justicia. Antes de venir, hablé con un compañero, Roberto Cipriano, secretario de la Comisión. Conversamos porque está en Pergamino, por la masacre de Pergamino. También seguimos lo de Esteban Echeverría, seguimos lo de San Miguel del Monte.
Cualquier abuso de fuerzas de seguridad dentro de la Provincia es algo en lo que ustedes tienen experiencia actual.
Se actúa y se acompaña a los familiares. Estuve en San Miguel del Monte y también en Pergamino acompañando a los familiares. A eso se suma la acción jurídica de la Comisión.
Si se mira el sitio web de la Comisión Provincial por la Memoria, se puede observar cuáles son las áreas con las que trabaja. Tiene un Comité contra la Tortura, que recoge la recepción de denuncias, la inspección de los lugares de encierro y la producción de análisis de información. Otra área es educación, investigación y archivo, en la que está la justicia por los delitos de lesa humanidad, jóvenes y memoria, gestión y preservación de los archivos, investigación de sitios de memoria, y fortalecimiento de los juicios de delito por lesa humanidad, algo referido al pasado. Además, el Comité contra la Tortura refiere a temas absolutamente actuales. Luego está el ítem justicia y seguridad democrática, que incluye litigio estratégico, pueblos originarios inmigrantes, salud mental, promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes... Y por último, comunicación y cultura, que incluye prensa y comunicación, museo del arte de la memoria y agenda de andar. No se observa que la Comisión Provincial de la Memoria tenga una expertise en temas de periodismo y medios de comunicación actuales. Entonces, ¿desde qué perspectiva pueden hacer un análisis de la actuación periodística?
Nosotros no hicimos un análisis de la cuestión periodística, esto es falso. Nos limitamos simplemente a analizar el material entregado por la Justicia, punto.
¿Se concentraron en analizar el tema de los servicios de seguridad paralelos?
Es lo que hicimos. Lo que no podemos obviar es que en los informes surge el nombre de periodistas.
Pero usted no tiene, a priori, la idea de que los periodistas cometieron un delito.
No. Eso no nos corresponde a nosotros. Bajo ningún concepto. Y por eso voy a recibir a Daniel Santoro el día 30.
Me parece muy bien.
Voy a recibir a también a los directores de FoPeA.
Muestra su ecumenismo y un gesto para cerrar la grieta.
Es lo que podemos hacer…
Ver nota completa acá
Fuente: Diario Perfil
