La sociedad argentina necesita más diálogo, más republicanismo, para fortalecer su democracia. Un diálogo franco implica libertad para expresarse y respeto real por las minorías. Esa libertad estratégica existe en nuestro país, pero se desarrolla en un contexto de escasa tolerancia a la crítica. Proliferan los monólogos, la agresión verbal y el temor.
La prensa es un actor clave del diálogo ciudadano. Su relación con el poder es naturalmente tensa. El periodismo cuestiona la versión oficial de los hechos y exige de los gobernantes una rendición de cuentas de su gestión. Esta interpelación genera fricciones en todas las democracias del mundo. Fricciones que permiten que la ciudadanía pueda obtener elementos útiles para analizar cómo se administran sus intereses y, a partir de ese análisis, participar activamente en el proceso democrático puesto bajo las luces de la libertad de prensa en su plenitud. De un tiempo a esta parte la tensión entre la prensa y el poder excede con frecuencia límites razonables y eso atenta contra el equilibrio y la calidad institucional del país. Tanto los funcionarios como los periodistas debemos evitar la injuria, el insulto, la estigmatización. El uso desmesurado de ciertos términos desvirtúa la semántica del discurso de quien los emplea. El lenguaje, entonces, ya no sirve para comunicar argumentos sino como instrumento retórico de ataque.
Cuando se pierden los matices, la lengua se degrada, se alejan los consensos y se fogonean los conflictos. Esto se agrava cuando la palabra infortunada proviene del poder del Estado: debe recordarse que éste ha sido concebido por la Humanidad, antes que nada, para arbitrar entre los hombres, no para azuzarlos a la discordia.
Un terreno sin diálogo no es fértil para las articulaciones sociales, políticas y culturales que toda comunidad requiere. Por eso deberíamos preservar, y en no pocos casos recuperar, los ámbitos propicios para el intercambio de ideas.
AdEPA, institución creada hace 50 años para defender la libertad de prensa, asume el compromiso de alentar un diálogo constructivo y sin exclusiones, sobre la base de la vigencia plena de la libertad de expresión. Y requiere el mismo compromiso de parte de las autoridades de todos los niveles, ya que el Estado está concebido como el primer garante de las libertades ciudadanas y de los derechos establecidos en nuestra Constitución.
Quienes gobiernan no pueden limitarse a la gestación de discursos o a refugiarse en espacios con un público condescendiente, eludiendo las preguntas incómodas. Por eso las conferencias de prensa con repreguntas son habituales en los países con una larga tradición republicana. Como también lo son las leyes de acceso a la información pública, herramientas que transparentan la gestión y permiten a la ciudadanía un control efectivo de los actos de gobierno.
Los daños infligidos a la libertad de prensa resultan notorios en algunos países del continente. En la Argentina se han establecido ciertos mecanismos que afectan el ejercicio del oficio periodístico.
La publicidad oficial debería ser empleada para comunicar, de manera eficiente, la gestión del Estado, cumpliendo con el precepto constitucional que exige la difusión de los actos de gobierno. AdEPA cuestiona desde hace décadas el manejo discriminatorio de la pauta gubernamental. A ello se agrega hoy la ausencia de toda proporción entre los fondos que se otorgan a los medios y el volumen de las audiencias a las que estos llegan, lo que evidencia que la pauta es retaceada a la prensa independiente y distribuida con generosidad entre la que tiene una línea editorial afín a las posiciones del oficialismo. En muchos casos, es el principal combustible económico de medios o programas que se dedican a denostar sistemáticamente al periodismo crítico. Debemos recordar, por otra parte, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que estos fondos públicos no deben ser utilizados de manera discriminatoria.
El libre acceso al papel resulta esencial para que la prensa pueda cumplir su misión. Un control estatal arbitrario de ese insumo atenta contra la posibilidad de que los medios gráficos fiscalicen la gestión del gobierno e inhibe la función que les toca desempeñar en un escenario republicano. Dado que la producción argentina no compensa el nivel de consumo de los diarios, periódicos y revistas, es necesario que se mantenga la libertad de importación, sin cupos, trabas o aranceles, para garantizar un precio competitivo del papel local y el pleno abastecimiento. La ley sancionada por el Congreso el año último instala el peligro de un intervencionismo estatal que ya se padeció con gravedad en el pasado. Como hecho colateral debemos expresar nuestra preocupación por la situación creada para la importación de libros y publicaciones, con las consiguientes derivaciones de orden cultural.
La industria periodística atraviesa un período de intensa transformación en todas partes. La prensa escrita, sin embargo, sigue estando estrechamente vinculada con las sociedades en las que está inserta. En ella podemos encontrar las historias de cada comunidad y la evolución cotidiana de los hechos y tendencias que conmueven su sensibilidad y sus intereses. Allí se cifran sus tensiones secretas y allí también podemos vislumbrar los cambios que se avecinan en el país, en sus múltiples ciudades y comarcas, y en el mundo.
Es la prensa escrita la que más elementos aporta a los ciudadanos para que estos puedan participar activa y fundadamente en el juego democrático, en la vida cultural y en la actividad económica. Es esta la que, en definitiva, permite a los ciudadanos elegir buena parte de su destino.
Por eso es importante la continuidad de las publicaciones de cada comunidad. Nos preocupa, particularmente, la situación en que se encuentran las empresas periodísticas Pyme y Minipyme. Desde el punto de vista fiscal, en 2009 la presidenta de la Nación suscribió un decreto que dio principio de solución a parte de la problemática originada en la aplicación del IVA a partir de 1999. En el acto en el que se informó sobre el citado decreto se anticipó que habría de buscarse una solución total al problema. Las pequeñas y medianas empresas editoras aguardan una respuesta satisfactoria.
Debemos cuidar las condiciones que permitan expresarnos con libertad. Debemos velar por los canales a través de los cuales estas expresiones se plasman y propiciar un clima favorable al intercambio de opiniones y de articulación de un verdadero compromiso con la libertad de prensa, sin la cual caen las otras libertades. Como decíamos al comienzo de esta declaración, todo proyecto sólido de país surge de un diálogo abierto, profundo y fecundo entre sus habitantes.
Fuente: AdEPA
