Los datos sobre distribución de la pauta publicitaria oficial son, otra vez, una muestra de discrecionalidad absoluta. Se ha reprochado que no hay ningún criterio para regular esa distribución. En realidad, hay uno no escrito: los recursos públicos se reparten en función de la amistad del Gobierno con los dueños del medio o la cercanía ideológica del medio o programa con el famoso "relato" kirchnerista de la realidad. El problema es que "amistad" e "ideología" no son criterios objetivos ni republicanos, ya que dependen de la exclusiva percepción del poderoso de turno y no respetan la igualdad ante la ley, ni la libertad de expresión, ni el principio de que los recursos del Estado no son patrimonio personal del Presidente.
La pauta publicitaria se utiliza así como una recompensa para los amigos y como una forma de presionar y castigar a quienes piensan distinto. El objetivo final es silenciar cualquier medio independiente, con lo cual se ataca directamente la libertad de prensa y, por añadidura, la libertad de expresión. Esa es la forma que el Gobierno ha elegido para tratar de imponer un pensamiento único. El mecanismo de domesticación o asfixia es el mismo que se ha utilizado con el INDEC, con la distribución de subsidios entre las empresas de servicios públicos, con la asignación de cupos de exportación e importación, o con Papel Prensa, por sólo mencionar algunos casos.
La Corte Suprema condenó en 2007 la utilización abusiva de la publicidad oficial por parte del gobierno de Neuquén como una forma de censura y un ataque a la libertad de expresión. Organizaciones de la sociedad civil como Poder Ciudadano y ADC trabajaron para hacer pública la información sobre el manejo discrecional de la pauta. Arbitrariedad y secreto son la combinación perfecta para quienes se creen dueños del Estado y no simples administradores de los recursos de todos. El acceso a la información sobre la distribución de la pauta permite constatar la arbitrariedad. Este es un problema que no sólo afecta a las empresas de medios. La arbitrariedad es una forma encubierta de autoritarismo que nos afecta a todos.
El problema se agudizará en el proceso electoral. Al aumento de los recursos públicos que se distribuirán discrecionalmente en los medios se suma, por primera vez, la prohibición de compra de espacios de publicidad por parte de los partidos políticos para su propaganda electoral. Los partidos sólo podrán usar los que les asigne el Ministerio del Interior. Mientras tanto, como sucede en todas las elecciones desde 2003, los candidatos oficialistas -probablemente la Presidenta sea una de esos candidatos- contarán con la ventaja de la publicidad oficial utilizada como propaganda de campaña.
A pesar de reclamos y proyectos, en el Congreso nunca llegó el momento de regular la pauta con criterios objetivos. No es difícil, pero hace falta voluntad política. La asignación de recursos debe realizarse de forma transparente y según criterios razonables y objetivos que permitan el control. Sólo así se evitará que la pauta se utilice como mecanismo de promoción personal de funcionarios e instrumento de censura indirecta.
La autora es miembro del Directorio de Transparency Internacional
Fuente: Diario La Nación
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