Durante la noche del pasado miércoles y la madrugada de ayer, un grupo de camioneros, identificado con el sindicato que lidera Pablo Moyano, impidió la normal distribución de los diarios Clarín, La Nación, Diario Popular, Ámbito Financiero, Crónica, Página 12, El Cronista y La Prensa
Los bloqueos configuran un nuevo y alarmante atentado a la libertad de prensa que se inscribe dentro de una larga lista de embates que amenazan la salud de nuestra democracia, expresó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA).
Impedir o perturbar la distribución de publicaciones es un delito previsto en el Código Penal y configura un avasallamiento de libertades esenciales consagradas en nuestra constitución y amparadas por tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. En los últimos dos años se ha obstaculizado, en distintas oportunidades, la circulación de diarios y revistas. En muchos casos hubo una conexión evidente entre los bloqueos y la publicación de información referida a dirigentes del sindicato de camioneros. En todos los casos hubo una sorprendente e injustificable pasividad de las fuerzas policiales y una inexplicable inacción del gobierno.
En los últimos 50 días se aceleró esta nefasta historia de atropellos a la libertad de prensa a través de la multiplicación de obstrucciones a plantas impresoras. Entre el 13 y el 20 de diciembre fue bloqueada la planta de Artes Gráficas Rioplatense (AGR), impidiendo que las revistas que allí se imprimen llegaran a los 20 diarios de distintos puntos del país con los cuales circulan. El mismo día en que se inició el bloqueo, se impidió durante tres horas la distribución de los ejemplares de La Nación y Clarín. El 2 de enero, el juez civil Gastón Polo Olivera prohibió la reiteración de esta metodología y notificó, a tal efecto, a la ministra de seguridad Nilda Garré, entendiendo que el eventual derecho a manifestarse no puede cercenar el derecho a informar. El 14 de enero las plantas de Clarín y La Nación fueron nuevamente obstruidas por manifestantes que imposibilitaron la distribución de diarios durantes cinco horas.
El gobierno, que es el encargado de evitar que la libertad de expresión sea vulnerada, no hizo nada para desmontar los bloqueos. Alguno de sus funcionarios alentó a los manifestantes con su presencia en el lugar de los hechos y se refirió a los bloqueos con ironías. El respeto a la libertad de prensa es un buen termómetro para medir el apego a los principios democráticos. Estos principios solamente fluyen, nutriendo la vida de las comunidades, en países que no admiten diques a su libertad de expresión, como los que erigieron impunemente los camioneros.
AdEPA solicita a las autoridades competentes, una vez más, que eviten la reiteración de estos gravísimos ataques.
Fuente: AdEPA
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