Jorge Marirrodriga - Corresponsal de El País
Después de demostrar que controla la plaza de Mayo -primero con los piqueteros violentos y luego con sus simpatizantes- el Gobierno argentino busca controlar el kiosco con el relanzamiento de un Observatorio de Discriminación en los Medios, una iniciativa que ha disparado las alarmas en el mundo periodístico argentino que ayer, por medio de la Asociación de Entidades Periodísticas, denunció que la presidenta Cristina Fernández quiere "controlar el periodismo para adocenarlo" en un intento "perverso".
No son nuevas las malas relaciones entre el kirchnerismo y la prensa. El Gobierno considera a los medios como un elemento distorsionador de su imagen ante el público y desde que Néstor Kirchner accediera al poder en 2003, ha optado por hablar "directamente al pueblo" desde los discursos oficiales, en los que en cambio se ha atacado a periodistas locales con nombre y apellidos. Los Kirchner jamás han convocado una rueda de prensa y las contadas entrevistas que Fernández ha concedido a medios extranjeros -nunca como presidenta- no se han producido en suelo argentino. Los altos índices de popularidad, en torno al 70%, parecían respaldar esta estrategia.Pero la huelga de productores agropecuarios ha generado un cambio sustancial en el statu quo de esas tirantes relaciones. El índice de popularidad de Fernández se ha desplomado al 23%, especialmente después de que los argentinos vieran cómo la presidenta se burlaba de los manifestantes -tachó de paquetas (esnobs) a las mujeres que salieron a la calle en alguna zonas- y premiaba al líder de los grupos de choque oficialistas, Luís d'Elía, con un puesto de honor en el palco durante sus principales actos presidenciales durante la crisis. En uno de ellos, la multitudinaria manifestación en la plaza de Mayo la semana pasada, Fernández acusó a los huelguistas del campo de golpistas respaldados "no por tanques, sino por generales mediáticos".
Tres días después la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (entidad pública que recibe sus fondos del Gobierno) emitía un duro informe contra la cobertura de los medios argentinos durante la huelga, acusándolos de parcialidad en contra del Gobierno.
El informe no criticaba el que la agencia oficial Telam no hubiera transmitido un solo cable sobre en la primera noche de cacerolazos o que los dos canales de información continua tardaran más de una hora en emitir imágenes de las calles de Buenos Aires cortadas por los manifestantes.
