Por Eduardo Anguita
Estas semanas, como pocas, se prestaron para analizar cuánto incide la presencia de un movilero en una ruta o cuánto la caricatura de un reconocido humorista gráfico, o para interpretar una foto de dos funcionarios discutiendo en público o el título de un periódico de gran tirada. Pero, a no dudar, cualquiera de esas discusiones, pasados unos pocos días, es anacrónica.
La democracia tiene muchas deudas con los ciudadanos: una de ellas, no menor, es el ordenamiento de los medios de comunicación, en dirección a reemplazar la ley 22.285/80 que surgió como un decreto de la última dictadura militar. El debate parlamentario sobre los medios fue –y sigue siendo- un agujero negro donde se confunden y se potencian intereses empresarios con los de la imagen de los políticos, muchos de los cuales no se animan a disputar abiertamente con la prensa porque la consideran dueña del discurso público.
Sin embargo, hay dos factores que estimulan un debate a fondo de este tema. En primer lugar, que la sociedad está más madura: acepta y se conmueve ante temas profundos, lo cual se refleja de modo creciente en la agenda de los medios. Por ejemplo, el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, la complicidad civil de la dictadura, la distribución de la riqueza o la lucha contra pobreza. El otro factor es el vertiginoso cambio de las tecnologías de la información y la comunicación, que imponen definiciones hoy, para poder orientar las inversiones del sector privado pero también para hacer razonable el debate de intereses entre las empresas de televisión y las de telefonía, así como para abaratar los servicios de los consumidores.
Por caso, las inversiones para modernizar el transporte de datos (vía fibra óptica) son mulitimillonarias y si no se llevan a cabo, la Argentina quedará retrasada no sólo en relación con las naciones del hemisferio norte sino también con países vecinos. Concretamente, la convergencia tecnológica hace que el debate sobre la prestación de televisión, internet y telefonía a través del mismo cable sea algo técnica y empresarialmente accesible. Ya hay tecnologías para que el menú de canales de televisión llegue también a una terminal de computadora. Es inadmisible que estas transformaciones en la tecnología y la cultura de la comunicación se incorporen a la vida social sin una legislación que tenga en cuenta cómo el futuro en esta materia: con televisión digital, con convergencia de tecnologías, con la posibilidad cierta de que cada usuario tenga un protocolo –y un número identificatorio- para ingresar a internet, canales de televisión, agenda personal, compra electrónica o archivos personales. Por eso, el debate de la ley es un tema actual e impostergable.
Pero estos temas no son los únicos en un país que tiene entre 25 y 30% de la población en condiciones de pobreza y que requiere de políticas públicas sostenidas en el tiempo. También la Argentina tiene sectores económicos desvastados por el neoliberalismo cuya recuperación necesita de un constante apoyo del Estado. Las políticas activas relacionadas con la exclusión y la marginalidad socioeconómica sólo son posibles con políticas de comunicación públicas.
Voluntad política
Hace pocos días, cambiaron las autoridades del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), un organismo del Estado que tiene competencia suficiente como para ordenar este debate y, sobre todo, para dar pasos concretos en la democratización de la comunicación. A continuación, va un detalle de algunas medidas relevantes que podrían revolucionar el panorama de los medios en las próximas semanas a partir de la asunción de Gabriel Mariotto.
- La entrega -en plazos rápidos- de las licencias a unas 3.000 radios de baja potencia que están demoradas, en muchos casos por desorden administrativo, en otro por el desprecio que sufrieron las FM barriales o comunitarias por parte de casi todas las intervenciones anteriores al Comfer (incluyendo desde ya la del saliente titular del organismo, Julio Bárbaro). Esa categoría de radios, que desde 1984, dieron peleas por sobrevivir, debería ser tratada con el mismo entusiasmo con el cual se trató a las bibliotecas populares sarmientinas, en las dos últimas décadas del siglo XIX, convertidas en una extensión de la ley 1.420 de educación laica y gratuita. Estas radios pueden convertirse en escuelas de comunicación popular, en la voz de las asociaciones barriales o sociales en la lucha por la dignidad y mejores condiciones de vida para sectores excluidos.
- El ordenamiento de la grilla de canales para los cableoperadores. Hace poco se sancionó el decreto 110 que establece que los canales de noticias y los de aire, más el canal educativo Encuentro, deben estar entre el 2 y el 15 de la programación. Se debe a que el hábito de consumo televisivo –por cable- hace que se trate de los canales más vistos y, en consecuencia, la autoridad pública debe priorizar los géneros de la información por sobre los de entretenimiento. Esa medida fue resistida por algunas entidades privadas de la comunicación por intervencionista. Sin embargo, basta con hablar con especialistas en comunicación social y en educación para tomar dimensión de los efectos nocivos que, desde hace años, tiene la pantalla sobre la comunidad. La adicción a la televisión es grave: vivimos la era post-industrial, de la información, o como quiera llamarse, en la cual el Estado no puede ser un espectador pasivo. Y vale subrayar que el decreto 110 tiene un aspecto nocivo para la visión de un país federal: establece que entre el 2 y el 15 estén los canales de aire de la Capital Federal. Esto puede ser corregido, de modo que en cada provincia o región estén los canales de aire correspondientes al área de cobertura.
- Se debe hacer un registro de señales de cable. La llamada globalización hace que muchos cableoperadores contraten directamente a canales de noticias o entretenimiento en el exterior y los coloque en la grilla en el lugar que quiera. El volumen de dinero de esas transacciones es elevadísimo. Tal como sucede en otros países de la región, esas compañías deben establecer oficinas en Argentina, las operaciones deben estar bajo la órbita de la autoridad pública (el Comfer) para monitorear los precios de operación y, lo que es fundamental, la autoridad pública debe calificar el género de cada canal para darle el lugar correspondiente en la grilla de canales de cable.
- Ordenar el mapa de televisión, tanto en VHF como en UHF. La VHF (siglas en inglés que significa Frecuencia Muy Alta) es la banda del espectro electromagnético destinada, entre otras cosas, a la televisión de aire de amplia cobertura (los canales bajos, del 2 al 13) y ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz. En cuanto a la televisión UHF (en inglés, Frecuencia Ultra Alta, y que ocupa las frecuencias entre 300 MHz y 3 GHz) sirve para brindar cobertura de televisión en zonas más restringidas. La realidad es que el espectro radioeléctrico permite entregar más licencias de canales de aire en VHF así como una gran cantidad de licencias en UHF. En el primer caso, abrirían el juego a otros emisores, no necesariamente comerciales, como las universidades, las organizaciones sociales, culturales o sindicales. Es decir, se podría tener un canal de aire para que los consumidores tengan la información al día, no sólo sobre los precios al consumidor sino para que puedan saber cómo es la cadena de formación de precios y el costo de los insumos, desde la producción hasta el taller o la mesa familiar para conocer y luchar contra las posiciones privilegiadas de ciertos nudos de la formación de precios. En el segundo caso, los canales de UHF, podrían servir para que, en cada municipio, los vecinos puedan saber qué hace y en qué gasta la plata el intendente, para que vean gratuitamente las sesiones del Concejo Deliberante o para que sepan si los fondos destinados a vivienda o cloacas llegan a destino.
