Eduardo Blaustein, Crítica de la Argentina
Con una entrada más bien lúgubre, el edificio donde funciona el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) es el mismo que le adjudicó la última dictadura, la que inventó al organismo, la que sancionó en 1980 la Ley de Radiodifusión aún vigente.
En el sexto piso están las oficinas que ocupa Gabriel Mariotto, amplias, revestidas de madera clara. A la derecha del escritorio de Mariotto hay una fotografía enmarcada en una guarda de tipo mapuche: Perón y Evita posan informales y sonrientes, vestidos como de domingo en un viejo recreo del Tigre.A espaldas de Mariotto –hace un par de semanas sucedió a Julio Bárbaro– hay un afiche que parece un mapa astronómico, pero que en realidad describe las articulaciones de un poder inmenso: el de los holdings de la comunicación privada en la Argentina. Es curioso: ese afiche, esa intrincada infografía que elabora desde hace años una consultora privada, es virtualmente el mismo –acaso una edición anterior o posterior– que ilustró el artículo de tapa de este diario del domingo 6 de abril, referido a la relación de alianzas y odios entre el poder K y el del Grupo Clarín.
Se supone que para Mariotto –típico exponente de la generación de militantes y estudiantes de comunicación que en los ochenta pataleaban por las radios libres, comunitarias o de baja potencia– ese afiche representa el poder de enfrente. Hijo de un padre peronista que fue obrero textil y luego se hizo ferretero industrial, el responsable del ComFeR anuncia que se viene una batalla que la política evitó en 28 años de democracia: la de la sanción de una nueva ley de Radiodifusión. Dice que “dos meses puede ser un tiempo prudente” para que el ComFeR entregue a Cristina Kirchner “una matriz que instale el debate en la agenda política”.
–Lo vamos a hacer porque es una deuda de la democracia.
–Es una decisión política que necesita mucha potencia y un apoyo absoluto desde bien arriba. ¿Quiénes lo aseguran?
–Alberto Fernández y la presidenta de la Nación.
–Y se supone que existe total convicción desde Cristina para abajo...
–Nosotros vamos a aportar las herramientas jurídicas y técnicas para la toma de una decisión que es vital para la democracia. Para mí la ley de Radiodifusión es la madre de todas las batallas. Y hay que darla de una vez por todas. Yo vengo de una militancia comunicacional determinada; tengo la oportunidad de ocupar un cargo de responsabilidad, no voy a dejar las convicciones en la puerta del ComFeR.
–Como dijo el ex presidente, pero hablando de la Rosada...
–...Vamos a trabajar para generar un nuevo contexto jurídico-comunicacional ajustado a estos tiempos de nuevas tecnologías. Porque, más allá de todo lo que tiene de obsoleta la Ley 22.285 de la dictadura, lo que tiene de restrictiva y de espíritu dictatorial, necesitamos una nueva ley que dé cuenta de lo que se viene. Por ejemplo, la digitalización.
–¿Por qué no explica qué es la digitalización, en versión para niños?
–Entre otras cosas significa que las bandas en que se transmite podrían multiplicarse. Un televidente podría recibir cinco o seis canales por televisión abierta cuando hoy está recibiendo uno. Podría haber más emisores que emitan más señales, más diversidad. La democracia tardó 28 años en poner en agenda estos temas y ya existían elementos de sobra para desplegarlos en el debate. A esos elementos de sobra se le suma la digitalización. No podemos acceder a sus potencialidades con una ley que ni siquiera considera la existencia del cable, porque no había cable cuando en 1980 se sancionó la ley.
–En estos 28 años en el Congreso se acumuló una cantidad enorme de proyectos de ley de Radiodifusión de todos los colores. Aunque más no sea por cortesía política, ustedes deberían decir “se va a abrir el diálogo”, “se van a estudiar los proyectos”...
–Por supuesto, se van a considerar. Esa multiplicidad de proyectos que comenzaron a aparecer ya en el 85 han sido depurados en la búsqueda de consenso. Y hay proyectos muy fuertes que van a ser base de nuestra tarea.
–¿Qué autorías concretas de qué proyectos?
–Son muchos, muchísimos, ya han perdido una identidad partidaria o personal. Fueron tan cajoneados que lo que quedó es una matriz muy fuerte. Sólo habría que aportar una mirada de anticipo de lo nuevo, como para también sentar jurisprudencia de lo que va a venir.
–¿Por qué se debería creer en el impulso de una nueva ley de Radiodifusión democratizadora de la comunicación por parte de un gobierno que en estos años no habló del tema, mientras que lo que sí hizo fue fortalecer al multimedios Clarín prorrogando diez años sus licencias o permitiendo la fusión objetada de CableVisión y Multicanal?
–Las licencias se prorrogaron todas...
–¿Usted estuvo de acuerdo?
–No. Creo que hubiese sido mejor hablar de un continente jurídico general. Un cambio de ley de Radiodifusión me hubiese parecido mejor. Pero, bueno, la coyuntura política y comunicacional hizo echar mano a ese recurso.
–¿A qué se refiere con “la coyuntura comunicacional”?
–Había mucha necesidad de las empresas de comunicación de tener más créditos o de poder tener más tiempo para sanear sus economías después de la crisis que también sufrieron. Si se echó mano a esa herramienta, significa que no hay una intención del Gobierno de monitorear o controlar los medios.
Por el contrario: se ha favorecido la libertad de empresa que ellos pregonan. El Gobierno dio muestras de resignar el abordaje de la ley de Radiodifusión dando una respuesta sectorial que ellos pretendían. Ahora se instala la necesidad de hablar de la ley de Radiodifusión. Todos esos medios que habían sido beneficiados con la prórroga de diez años arman todo un batifondo tratando de desvirtuar el objetivo del Observatorio de la Discriminación. Lo que no quiere la “libertad de empresa” es que se ponga en agenda la necesidad de debatir un nuevo proyecto comunicacional en la Argentina.
–Usted dice que se prorrogaron las licencias por una necesidad o demanda empresaria. ¿No fue más bien, como suele ocurrir con todo gobierno, un intento de negociar el tipo de discurso que adoptaran los medios hacia el oficialismo?
–No. Hay antecedentes muy claros de que los medios tienen el discurso que define su línea editorial.
–Pero todo medio, muy particularmente Clarín, va estudiando o negociando hacia dónde timonea esa línea editorial. Hasta hace poco el discurso del grupo era de opacidad, de no confrontación, de oficialismo. Y ahora está con los tapones de punta con el tema del Observatorio de la Discriminación. Y todo gobierno tiene la fantasía de poder negociar con los medios.
–La política no puede molestarse cuando los medios critican y los medios no pueden enojarse cuando desde un espacio político se tiene opinión acerca de la posición de los medios. Los grandes grupos de comunicación –y esto la política ya lo sabe– no negocian con la política, siempre piden más y siempre piden más y siempre piden más.
El Estado lo que debe hacer es garantizar que se cumplan los principios de la libertad de expresión y derecho a la información consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica. Eso incluye la no discriminación y la no formación de monopolios y oligopolios. Cuando el Estado avanza en instalar estos temas en la agenda, las empresas aparecen distorsionando y tratando de anular cualquier debate.
–Una respuesta del Grupo Clarín u otros medios es la de decir “estamos nosotros pero también están tales y tales medios. La gente puede elegir”...
–Yo creo que el Estado debe revisar también el tema de Papel Prensa y su origen, que arranca con Lanusse y se instala con Videla. El Estado tiene una porción minoritaria. La pluralidad de voces, la diversidad de expresión, debe contar con una política relacionada también con la producción de papel. Los diarios pequeños del interior la están pasando muy mal.
–¿Cuál sería una alternativa al monopolio de Papel Prensa?
–El Estado debe tener el 51 por ciento de las acciones de Papel Prensa.
–En este diario Jorge Lanata publicó un artículo titulado “Enemigos íntimos” en el se que relataba cómo funcionó la relación del Gobierno con el Grupo Clarín: Kirchner reuniéndose con Héctor Magnetto, el CEO del grupo; Alberto Fernández con Jorge Rendo, el lobista máximo. ¿Con quién se relaciona usted?
–No, mi relación no es con grupos empresariales, todo lo contrario. La titularidad del ComFeR hoy la tiene un referente de la construcción política del espacio de Cristina Fernández de Kirchner. Mi pertenencia es académica o profesional, no represento a ninguna empresa.
–Sólo por el tema del Observatorio de la Discriminación, un tema muy menor, medios como La Nación y Clarín salieron con los botines de punta. ¿El Gobierno se va a bancar cinco tapas semanales en contra si de verdad piensa impulsar la ley de Radiodifusión? ¿O se está negociando otra cosa?
–Es cierto que las tapas pueden convertirse en una herramienta de distorsión de la política. Funcionó así durante los 28 años de democracia en que no se pudo sacar la ley de Radiodifusión. Siempre hay una elección por delante que hace que el actor político tenga reparos. Yo veo que la Presidenta está absolutamente consustanciada con estos conceptos...
–¿Lo habló con ella?
–Tuve una reunión con ella y la gente del Observatorio y salimos de esa reunión realmente muy conmovidos .Jamás un presidente argentino tuvo ese nivel de precisión sobre lo que necesita la radiodifusión para jugar un rol horizontal, plural y democrático.
–Y este Gobierno, que tuvo tantas dificultades para relacionarse con la oposición, ¿tendrá al menos la astucia de presentar una nueva ley de Radiodifusión que sea resultado de un acuerdo interpartidario?
–A mí me excede la presentación formal de la ley. Sí vamos a recuperar los trabajos de consenso de la comisión de Comunicaciones y a entregarle al Ejecutivo las herramientas para que la decisión política lleve adelante la ley.
Me parece que el consenso hay que trabajarlo en el Parlamento. Pero se necesitaría la fuerza del envío del Ejecutivo para que la ley se trate con todo el debate necesario, pero con celeridad y con un respaldo político muy fuerte. Los intereses que la han detenido durante 28 años también son muy fuertes.
“Hasta ahora la política fue subsidiaria de los medios”
–Siempre hubo una mala relación entre ciertos medios, especialmente los del establishment, y el gobierno K. ¿Por qué hoy esa relación está en su peor momento?
–Creo que las empresas periodísticas no asimilan el cambio cultural que se dio en el año 2002, cuando la crisis trajo un emergente que hacía mucho que no aparecía en la sociedad argentina: la política. Durante gran parte de los 80 y sobre todo de los 90, el eje y la agenda comunicacional la instalaron los medios. La política fue una subsidiaria de los medios. Se terminó el debate, se terminó la militancia y hasta las listas electivas se podían hacer en las empresas periodísticas. De la crisis surge un nuevo actor que es la sociedad argentina vinculada con la política, que sacó a nuestra sociedad de la crisis. La agenda hoy la construye la política, no las empresas de medios.
Los multimedios, la economía y las empresas de Rudy Ulloa
–Alguna vez en Estados Unidos se aplicó la ley antimonopolios para partir una enorme empresa telefónica. La nueva ley de Radiodifusión, ¿podría derivar en alguna división, por ejemplo del Grupo Clarín, o dejaría intocado el mapa actual de comunicación incorporando otros emisores?
–El borrador que estamos preparando va a considerar que las empresas licenciatarias de frecuencias tienen que ser empresas creadas para ese fin. No se concibe una pluralidad de voces y una democracia comunicacional cuando una empresa, además de tener los medios de comunicación, maneja otros resortes de la economía de una sociedad. Yo hablé con representantes de grupos de comunicación que en la reflexión más íntima entienden que es muy difícil para un gobernador resistir un aumento de tarifas cuando el dueño de la empresa de agua, de gas o minera es además dueño de varias frecuencias de radio y televisión o diarios.
–¿En Santa Cruz no se da una situación parecida?
–No.
–¿No hay un Rudy Ulloa que controla una buena cantidad de medios?
–Es un empresario de medios de comunicación. Yo lo que propongo es que los empresarios de medios sean empresarios de medios. Y que esa diversidad en el espacio económico tenga la restricción de la ley de Radiodifusión, porque si no se atentaría contra la libertad de expresión.
