domingo, 3 de febrero de 2019

El diario La República se presentó en concurso de acreedores

Las empresas que integran el Multimedio La República se presentaron el pasado viernes 1° de febrero en concurso voluntario –o concordato–, según informó el diario La República en un comunicado que se publicó en la edición de este sábado
La declaración judicial de concurso se dicta cuando un deudor se encuentra en estado de insolvencia, es decir, cuando no puede cumplir con sus obligaciones.

El multimedio está conformado por el diario, la radio 1410 AM, la señal de cable RTV (Somerland SA), la imprenta Gráfica Berchesi y la productora publicitaria Pintelco S.A. Según se expresa el comunicado esta fue una medida "pensada y repensada" que finalmente decidió la autoridad del multimedio.

“Afrontar y continuar pagando, como lo hemos hecho desde que asumimos, todas las deudas comerciales, laborales y con el Estado, que hemos heredado de administraciones anteriores de nuestras empresas”, es según el comunicado, uno de los principales objetivos del multimedio.

A su vez, la empresa manifiesta que procura "continuar trabajando con la totalidad de los trabajadores del Multimedio La República sin prescindir de uno solo de ellos, no realizando ningún recorte laboral, dándole a todas las familias de nuestros trabajadores la tranquilidad y seguridad del mantenimiento y fortalecimiento de su fuente de trabajo".

“Queremos dar a todos a quienes a diario durante estos más de 30 años se han nutrido de nuestras noticias y publicaciones, la total tranquilidad de que esta nueva etapa que encara el multimedio La República la transitaremos con más fuerza y calidad periodística que nunca y que nuestros medios seguirán cumpliendo cada vez mejor su deber para con la sociedad uruguaya” y concluye: "Ese es el compromiso que asumimos y cumpliremos dedicándole todas nuestras fuerzas".

En Uruguay cuando una empresa es declarada en concurso a través de una sentencia judicial, se debe designar un síndico o interventor, según el caso, y se debe convocar a una junta de acreedores en un plazo máximo de 180 días.

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