La delegación de la SIP presente en el acto en Casa Rosada, estuvo representada por Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información; los ex presidentes de la organización Danilo Arbilla, Jorge Fascetto y Raúl Kraiselburd; Jorge Canahuati, presidente del Comité Ejecutivo; Lourdes de Obaldía, vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Libertad de Prensa e Información; y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la institución.
Por AdEPA, participaron su presidente, Guillermo Ignacio; Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa; Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales; Miguel Gaíta, secretario general; Martín Etchevers, secretario de Organización; José Claudio Escribano, ex presidente y actual miembro del Consejo Ejecutivo; y Gregorio Badeni, titular del Servicio de Orientación Legal. Asistieron también directivos de diversos medios de todo el país.
Entre los funcionarios presentes, estuvieron el Jefe de Gabinete Marcos Peña; el ministro Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos; el ministro de Educación Esteban Bullrich; el Secretario General de la Presidencia Fernando de Andreis; Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones; la directora de ese organismo Silvana Giúdici; el secretario de Medios de la Nación, Jorge Grecco; y el titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni.
Macri agradeció la presencia de los directivos de SIP y AdEPA, y expresó su alegría porque “todo eso parezca historia lejana”.
La Declaración de Chapultepec fue adoptada el 11 de marzo de 1994 en el Castillo homónimo, ubicado en la Ciudad de México, lugar donde se celebró la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión. Allí, participaron líderes políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas, directores de periódicos y ciudadanos de las Américas.
Desde entonces, ha sido firmada por jefes de Estado, políticos, líderes, organizaciones, estudiantes y por ciudadanos que respaldan los 10 principios que la sustentan.
Macri es el segundo presidente argentino en ejercicio en firmar la Declaración de Chapultepec. El primero fue Carlos Menem, quien la rubricó el 6 de junio de 1994. En septiembre de 1999, en plena campaña presidencial, los candidatos Eduardo Duhalde y Domingo Cavallo adhirieron al documento hemisférico, mientras que el candidato a vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez la firmó en nombre de Fernando de la Rúa, quien resultó electo presidente en esa elección.
En 2013, AdEPA promovió en la Argentina la firma de la Declaración entre representantes de distintas agrupaciones políticas. Entre ellos, la actual vicepresidenta Gabriela Michetti, los ministros Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Sergio Bergman, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el presidente del Senado Federico Pinedo, los legisladores nacionales Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Elisa Carrió, Julio Cobos, Fernando Solanas, Ricardo Alfonsín, Héctor Baldassi, Pablo Tonelli, Alicia Cicilliani, Mario Barletta, y los funcionarios Gustavo Ferrari y Gerardo Milman.
Claudio Paolillo“La firma de Macri de la Declaración de Chapultepec es un hecho histórico para la Argentina y la región”
Tras la firma del presidente argentina Mauricio Macri de la Declaración de Chapultepec, AdEPA entrevistó al periodista uruguayo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, y quien lideró en Buenos Aires la delegación de la entidad hemisférica
Para nosotros es un episodio de carácter histórico. No solo para la SIP, que vuelve a la Casa Rosada después de 12 años: es un acontecimiento histórico para la Argentina. Así como la Argentina volvíó a los mercados financieros internacionales después de muchos años de estar afuera, con este compromiso que suscribió Macri al firmar la Declaración, vuelve al terreno de las libertades básicas para una sociedad democrática, que figuran en los 10 principios de libertad de expresión, de libertad del pensamiento en general, para los periodistas y los medios, pero especialmente para los ciudadanos. Es histórico, porque luego de que lo firmara Carlos Menem en 1994, no lo volvió a firmar un presidente en ejercicio. Por supuesto no lo hicieron los dos últimos expresidentes.
¿Qué pasó con la SIP y el gobierno argentino durante los años del kirchnerismo?
Entre 2003 y 2015, con Néstor y Cistina Kirchner como presidentes, la SIP realizó seis misiones en Argentina. Y en las seis oportunidades tratamos de conversar y dialogar con los presidentes, y nunca fuimos recibidos. Pero no solo no fuimos recibidos; fuimos insultados desde el poder directamente, o de manera indirecta. Por ejemplo, fuimos bjeto de permanentes burlas en programas financiados por el estado, como 678 o los ciclos de Víctor Hugo Morales. Incluso se hicieron burlas y descalificaciones a gente a la que se debería respetar mucho más en la Argentina como Bob Cox, a quien le tomaron el pelo en 678 de una manera muy triste.
¿Cuál es el contexto regional en el que se produce este compromiso por parte del presidente argentino?
Así como antes señalé que la firma era muy importante para Argentina, agrego que es fundamental para la región. Argentina es muy importante para la región. Lo que pasa en Argentina es una referencia ineludible para el resto de América Latina. Desgraciadamente en los últimos 12 años no fueron una buena referencia en esta materia. Ahora tenemos que ver qué sucede, como se dice acá “en la cancha se ven los pingos”. El tiempo dirá si el presidente Macri se atiene a lo que se acaba de comprometer con esta firma. Pero es auspicioso que suscriba algo con lo cual notoriamente asume un compromiso.
Y es más relevante todavía por el contexto. En las Américas en general hay tres grandes problemas. Uno es la violencia contra periodistas, y en particular los asesinatos a colegas, que en Argentina por suerte no ocurren desde hace muchos años, y tampoco los padecimos durante los gobiernos kirchneristas. Me refiero a lo que sucede en los casos de México, Brasil, Guatemala, Colombia, Paraguay, a raíz de la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, coludidos con gobernadores y policías locales, fiscales y jueces locales. Algunos coludidos y otros simplemente porque tienen miedo de atacarlos. Entonces la impunidad es lo que allí campea, la impunidad es el mejor combustible para que los criminales sigan matando periodistas.
¿Cuáles son los otros grandes problemas en la región?
El segundo gran problema está básicamente originado desde el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y lo que siguió después del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos cambió el paradigma: desde los padres fundadores hasta el 2001 era la libertad arriba y la seguridad en un lugar importante pero debajo. Siempre la Primera Enmienda era lo más importante. Desde el 11 de septiembre de 2001 eso cambió: ahora es la seguridad arriba y la libertad es algo que se puede suprimir en nombre de la seguridad. Y en nombre de la seguridad, los gobiernos de Estados Unidos, desde Bush hasta Obama, con el apoyo del Congreso, con el auxilio de la justicia, con un silencio que se rompe cada tanto por parte de la prensa, pero no como no hubiera sido antes de 2001, y con la aquiescencia todavía mayoritaria del pueblo, vulnera la Primera Enmienda, casi a diario.
Por ejemplo hay un espionaje gigantesco sobre todos los ciudadanos, sobre todo de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, todo lo que hace la gente hace por Internet o por teléfono, que vulnera no solo la Primera Enmienda, sino también la Cuarta Enmienda de la Constitución norteamericana. Y no pasa nada. Y el presidente Obama, cuando se descubrió todo eso a través de la denuncia que hizo el ex agente de la CIA Edward Snowden, salió a reconocer que efectivamente se hacía eso en nombre de la seguridad. Y dijo que no escuchaban lo que cada ciudadano habla, sino quién habla con quién. Y si pasa eso, en Estados Unidos o en cualquier país, entonces se sabe quiénes son las fuentes de los periodistas. Y si en 1972 el entonces presidente Richard Nixon hubiera tenido el poder que dice Obama que tiene ahora, entonces no hubiera existido el caso Watergate, porque enseguida hubieran advertido que el número 2 del FBI era el “garganta profunda” y la fuente principal que guiaba a los periodistas Woodward y Bernstein en su investigación.
Actualmente no sabemos cuántas investigaciones periodísticas se están perdiendo por eso, ahora en Estados Unidos, por ejemplo. O en otros países en todo el mundo que han tomado la misma lógica invocando las razones de la seguridad. Es comprensible que se quiera combatir el problema del terrorismo, pero no debería ser así, de esta manera, enterrando los principios de la libertad.
Y el tercer problema que hay en América Latina son las leyes o constituciones que algunos gobiernos hicieron a su medida luego de haber sido electos legítimamente por la sociedad, y que son claramente restrictivas de lo que sostiene la Declaración de Chapultepec y el resto de los documentos regionales en la materia, como los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etc.
¿A qué países puntualmente se refiere?
Son varios. Pero el caso más paradigmático, el peor de todos, no es ni Cuba ni Venezuela, es Ecuador. La ley Orgánica de Comunicación de ese país es la ley mordaza más brutal que hay en América, y me animaría a decir en el mundo. Es el Gran Hermano llevado a la enésima potencia. Por supuesto también están las leyes restrictivas en Venezuela, en Nicaragua, en general en los países del denominado “eje bolivariano”.
En Argentina eso estaba más limitado. La famosa Ley de medios que elaboró el kirchnerismo avanzaba sobre algunos aspectos importantes, especialmente en la concesión de frecuencias de una forma transparente y promoviendo la competencia, algo que siempre la SIP ha promovido. Pero una vez puesta en marcha la ley, lo único que se vio es que se buscaba liquidar a un grupo mediático: el grupo Clarín. Y no se hacía lo mismo con el resto de los medios, especialmente con la red de medios estatales y paratestales. Aquí, lo que hubo es una aplicación sesgada de la ley.
¿Cuál es la mirada de la SIP sobre los primeros meses de Macri en el gobierno?
Desde afuera, pero viendo a diario lo que sucede en Argentina, da la impresión que el nuevo gobierno tiene muy en cuenta el respeto de los principios que forman parte de la libertad de expresión. Hubo un error grave hace unos meses, que motivo un comunicado de la SIP, que es cuando en el proyecto de ley de blanqueo se determinaba que la difusión de información sobre las personas que se acogían a esa ley, podían terminar con periodistas presos. Nosotros dijimos que eso era peligroso de acuerdo a los estándares de libertad de expresión, e inmediatamente el presidente Macri dijo que lo iban a modificar, y efectivamente así lo hicieron antes de la aprobación de la ley. Entonces están atentos. Eso ya implica que la situación sea mejor de lo que venía siendo en los últimos 12 años.
Qué es la Declaración de Chapultepec
Adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión Celebrada en México D.F. el 11 de marzo de 1994
En el umbral de un nuevo milenio, América puede ver su futuro afincada en la democracia. La apertura política ha ganado terreno. Los ciudadanos tienen mayor conciencia de sus derechos. Elecciones periódicas, gobiernos, parlamentos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y grupos sociales de la más variada índole, reflejan más que en ningún otro momento de nuestra historia las aspiraciones de la población.
En el ejercicio democrático, varios logros suscitan el optimismo, pero también aconsejan la prudencia.
La crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles, la incomprensión sobre el carácter del proceso democrático y las presiones sectoriales, son un peligro constante para el progreso alcanzado.
Constituyen también obstáculos potenciales para seguir avanzando.
Por todo ello, es deber de quienes vivimos en este hemisferio, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, consolidar la vigencia de las libertades públicas y los derechos humanos.
La práctica democrática debe reflejarse en instituciones modernas, representativas y respetuosas de los ciudadanos; pero debe presidir también la vida cotidiana. La democracia y la libertad, binomio indisoluble, solo germinarán con fuerza y estabilidad si arraigan en los hombres y mujeres de nuestro continente.
Sin la práctica diaria de ese binomio, los resultados son previsibles: la vida individual y social se trunca, la interacción de personas y grupos queda cercenada, el progreso material se distorsiona, se detiene la posibilidad de cambio, se desvirtúa la justicia, el desarrollo humano se convierte en mera ficción. La libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder.
Porque compartimos esta convicción, porque creemos en la fuerza creativa de nuestros pueblos y porque estamos convencidos de que nuestro principio y destino deben ser la libertad y la democracia, apoyamos abiertamente su manifestación más directa y vigorosa, aquella sin la cual el ejercicio democrático no puede existir ni reproducirse: la libertad de expresión y de prensa por cualquier medio de comunicación.
Los firmantes de esta declaración representamos distintas herencias y visiones. Nos enorgullecemos de la pluralidad y diversidad de nuestras culturas, y nos felicitamos de que confluyan y se unifiquen en el elemento que propicia su florecimiento y creatividad: la libertad de expresión, motor y punto de partida de los derechos básicos del ser humano.
Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos.
Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa.
Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas.
Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre.
Allí donde los medios pueden surgir libremente, decidir su orientación y la manera de servir al público, allí también florecen las posibilidades de buscar información, de difundirla sin cortapisas, de cuestionarla sin temores y de promover el libre intercambio de ideas y opiniones. Pero, cuando con el pretexto de cualesquiera objetivos se cercena la libertad de prensa, desaparecen las demás libertades.
Nos complace que, tras una época en que se pretendió legitimar la imposición de controles gubernamentales a los flujos informativos, podamos coincidir ahora en la defensa de la libertad. En esta tarea, muchos hombres y mujeres del mundo estamos unidos. Sin embargo, también abundan los ataques. Nuestro continente no es una excepción. Aún persisten países con gobiernos despóticos que reniegan de todas las libertades, especialmente, las que se relacionan con la expresión. Aún los delincuentes, terroristas y narcotraficantes amenazan, agreden y asesinan periodistas.
Pero no solo así se vulnera a la prensa y a la expresión libres. La tentación del control y de la regulación coaccionante ha conducido a decisiones que limitan la acción independiente de los medios de prensa, periodistas y ciudadanos que desean buscar y difundir informaciones y opiniones.
Políticos que proclaman su fe en la democracia son a menudo intolerantes ante las críticas públicas.
Sectores sociales diversos adjudican a la prensa culpas inexistentes. Jueces con poca visión exigen que los periodistas divulguen fuentes que deben permanecer en reserva. Funcionarios celosos niegan a los ciudadanos acceso a la información pública. Incluso las constituciones de algunos países democráticos contienen ciertos elementos de restricción sobre la prensa.
Al defender una prensa libre y rechazar imposiciones ajenas, postulamos, asimismo, una prensa responsable, compenetrada y convencida de los compromisos que supone el ejercicio de la libertad.
Principios
Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.
Porque tenemos plena conciencia de esta realidad, la sentimos con profunda convicción y estamos firmemente comprometidos con la libertad, suscribimos esta Declaración, con los siguientes principios:
- No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
- Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos
- Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.
- El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
- La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.
- Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
- Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
- El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
- La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.
- Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios.
Ricardo Trotti, de la SIP: “El gobierno anterior adjudicó a los medios un rol político opositor”
Este miércoles, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), firmaron con el presidente Mauricio Macri el “Pacto de Chapultepec” en el que se define a la libertad de prensa y de expresión como “un derecho inalienable” del pueblo. Radio Sur entrevistó a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP quien analizó el estado actual de la comunicación en la Argentina y saludó el cambio de gestión. Además, criticó el modo en el que el gobierno anterior “propagandizó” los medios públicos.
¿Cuál es el significado de la firma del Pacto de Chapultepec con Mauricio Macri?
Este acto tiene para nosotros un significado muy especial. En las últimas etapas gubernamentales no tuvimos la suerte de poder estar con los presidentes para buscar algunos puntos de acuerdo y señalar algunos temas importantes en materia de libertad de expresión que deben regir en cualquier país para que se vaya solidificando la democracia.
Estamos muy complacidos de que nos reciba el presidente de la Nación, a una delegación muy importante de la SIP -vienen miembros de Honduras, Panamá, Uruguay, Argentina- y también con la participación especial de AdEPA, con socios que vienen de varios puntos del país. Así que creemos que es un dato muy significativo porque da un excelente mensaje a nivel interno, pero también internacional, de que la libertad de expresión es un derecho humano que debe respetarse, resguardarse, protegerse y, sobre todo, promoverse en cualquier democracia.
¿Aportó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en el gobierno anterior y recortada en este, para avanzar en la libertad de expresión? ¿Qué faltó?
Diría que no faltó sino que sobró. Demasiada polarización. Demasiados problemas con los medios de comunicación a los cuales se les adjudicó un papel político opositor. Eso fue parte de una campaña organizada, sistemática y periódica de convertir a los medios de comunicación en actores políticos, para poder luchar en el terreno político que al gobierno le favorece.
Generalmente cuando un gobierno tiende a hacer más propaganda que información trata de llevar todo a ese terreno para poder discutir plano a plano con los medios. A veces los medios también en este problema de la polarización se meten en problemas bastante graves y agudos, que a veces van más allá de la libertad de expresión y van por los espacios que cada uno cubre.
Al gobierno anterior desde el exterior se lo vio como muy propagandístico y eso deterioró el tema de la comunicación y la transparencia en el país. Se veía a toda esta propaganda intentando manipular información, ocultarla u omitirla directamente. Eso está visto con un sinnúmero de ejemplos que los argentinos han debatido muchísimo en estos años: datos estadísticos del INDEC, reparto publicidad oficial para favorecer a unos medios y castigar a otros, etc. Todo eso fue ensuciando la cancha y ahí en el barro creo que el gobierno fue sacando sus propias ganancias y los medios otros.
Creemos que se contexto va a cambiar un poco ahora. Estamos complacidos de que el gobierno actual mire el tema de la información de una forma diferente. El hecho de que quiera comprometerse en la firma de una declaración que conlleva bastantes compromisos respecto al acceso a la información pública, al periodismo y no entrar en esa lucha partidaria con los medios, es una buena señal.
Ahora, como siempre decimos nosotros en la SIP, una cosa es la firma… En muchos casos nos ha pasado que hubo compromisos bastante demagógicos, que después no se cumplen por parte de los gobiernos pero estamos esperanzados con que este es un cambio positivo en materia de libertad de expresión y de prensa. Y como dije al principio no creo que sea simplemente un acto significativo para Argentina, sino para todo Latinoamérica y el continente.
Es una buena señal de querer tener un contexto diferente y un compromiso por reflejar valores que no solamente están descriptos y explícitos en la Constitución Argentina, sino en el sistema interamericano de respeto a los derechos humanos.
El ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, dijo que la comunicación va a estar regulada por el mercado. Y aquellos medios que no tengan fines de lucro se les va a intentar “dar una mano”. ¿Creés que la comunicación puede estar regulada por el mercado y a la vez haber libertad de expresión?
Lo más importante dentro de un sistema de libertades es que haya respeto a la diversificación y pluralidad de voces. De ahí a qué tipo de regulación se quiere implementar, no estoy seguro lo que está pasando en este momento, o lo que habrá dicho el ministro o en qué contexto. Hemos visto como hubo algunos cambios en materia de medios públicos en toda Latinoamérica que han sido utilizados simplemente como medios propagandísticos a favor de algunos gobiernos.
Lo que siempre nosotros decimos con la implementación de los medios públicos o de los medios comunitarios, por otro lado, tengan las garantías especiales para poder operar en el mercado. Esto es, tengan los recursos necesarios. Es mentira que un medio comunitario puede valerse por sí mismo si no tiene la posibilidad de buscar y encontrar los recursos para hacerlo. Tiene que haber todo un campo amplio de garantías y de respeto a la libertad de expresión. Y no puede haber solamente, en un ecosistema de libertad de expresión, medios públicos o privados, sino que tienen que coexistir los medios comunitarios. Esa es la posición general. Ahora, las particularidades de cómo se está manejando el tema medios comunitarios en Argentina, las desconozco.
¿Decís que el Estado tiene que garantizar la sostenibilidad de los medios comunitarios?
Sí, por lo menos que haya también una distribución de licencias operativas, un porcentaje como se estila en cualquier sociedad democrática. Y después tiene que haber una discusión sobre cómo se garantizan los recursos para estos medios comunitarios. En muchos países dependen de asociaciones sin fines de lucro, sindicatos, ONGs, etc. Eso ya depende de cada Estado.
Fotos: AdEPA y Crónica
Fuentes: AdEPA, Radio Sur, Notas
