Edita Ámbito: Un encono personal que pone en riesgo 15 mil empleos del Grupo Ceibo
El diario económico (Grupo Indalo-OP Investments-Grupo Ceibo), imprime que hay un encono de la justicia y el gobierno nacional que pone el juego 15.000 empleos
El Gobierno hace hincapié en una máxima irrenunciable para construir hacia el futuro: decirnos la verdad entre todos los argentinos. Más allá de las disquisiciones filosóficas acerca de la verdad, hay aspectos fácticos que nos acercan de forma inevitable a la realidad.
OP Investments realizó la compra irrevocable de la totalidad de las acciones de control del ex Grupo Indalo con el firme propósito de iniciar un proceso de reestructuración de las empresas que lo componen, en el marco de un Plan Estratégico que pone en el centro el objetivo de garantizar la fuente de trabajo de los más de 4.000 colaboradores directos y 11.000 indirectos, y regularizar y cancelar las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP que el ahora renombrado Grupo Ceibo reconoce conforme a la ley.
Este Plan fue presentado al juzgado interviniente en el concurso de OIL Combustibles (OCSA) en donde se dejó asentado por escrito un programa de pago de las deudas fiscales y previsionales adquiridas por los anterior accionistas absolutamente consistente y sustentable.
Pese a la factibilidad de la propuesta, el juez Julián Ercolini rechazó el pedido que realizó el anterior dueño del grupo Cristóbal López para que le levanten la inhibición general de bienes que recae sobre las empresas, lo que imposibilita realizar el traspaso de acciones a los titulares de OP Investments.
Resulta cuando menos llamativo, que el titular de la AFIP, Alberto Abad, y Ernesto Donato, su mano derecha en el organismo a cargo de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional, se encargaron de anticipar en off que no aceptarían ningún plan de pago, aún antes de tomar contacto con la propuesta. Es más, deslizan que detrás de la operación de compra siguen los mismos accionistas, algo totalmente falso ya que los anteriores socios no conservan participación ni injerencia alguna en la conducción de las sociedades que integran el Grupo.
Designado el 17 de diciembre de 2015 como subdirector General de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional, el abogado Ernesto Donato es un ladero inseparable de Abad. Juntos transitaron la primera gestión de Abad al frente del organismo, quien allá por 2002 ingresó a la AFIP de la mano de Eduardo Duhalde, y continuó en el organismo hasta 2008 bajo las presidencias de Néstor Kirchner, primero, y Cristina Kirchner, después.
A este binomio se suma Raúl Barido, quien, sin cargo alguno en la AFIP, oficia de consultor externo de Abad y Donato. Barilo y Abad tienen una estrecha relación que se remonta a 1995, tiempos de la presidencia de Carlos Menem. Por aquellos años, Barido se desempeñaba como subsecretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, mientras que Abad era el secretario de Control Estratégico, ambos bajo la conducción del por entonces jefe de Gabinete Eduardo Bauzá.
Además, lejos del pedido de austeridad que pregona Mauricio Macri, el propio Abad contrató los servicios de estudio jurídico de Ricardo Gil Lavedra, exjuez y diputado radical. Esta decisión inmediatamente alertó a los gerentes y empleados de la AFIP que posee un departamento de legales conformado por profesionales altamente calificados. Como apoderado de la AFIP, Gil Lavedra también parece más interesado en llevar a López tras las rejas que en analizar el plan estratégico presentado por las nuevas autoridades del conglomerado empresario.
Con un presente acuciante para las empresas que conforman el Grupo Ceibo, es primordial que quienes conducen los destinos de la AFIP analicen con rigor técnico la propuesta presentada por OP Investments, despojados de rencores y revanchismos. Desaprobar la propuesta in limine supone una mirada sesgada de Abad y compañía.
El rigor técnico que se pide es el mismo aplicado por quienes elaboraron el Plan Estratégico, que contempla una inversión inicial de 300 millones de dólares; el ingreso de un nuevo e importante inversor extranjero estratégico; y la incorporación de inversores financieros.
Si la real aspiración de la AFIP es combatir la evasión y recuperar los fondos para beneficio del Fisco, es cuanto menos desconcertante la postura de Abad que parece más interesado en llevar a las empresas a la quiebra, que en cobrar la deuda impositiva.
Esta postura deja poco margen de acción a las empresas del Grupo Ceibo y reabre un interrogante respecto a las reales intenciones de aquellos funcionarios que parecen estar embarcados en una cruzada personal más que profesional. Vale la pregunta entonces: ¿será que buscan presionar para conseguir que los amigos de turno se queden con las más de 170 sociedades a un precio vil?
Ante las presiones de Abad y Cambiemos, juez Vitale rechazó concurso de OIL Combustibles
Tras las fortísimas presiones de la AFIP y del diputado nacional de Cambiemos Pablo Tonelli, el juez comercial Héctor Hugo Vitale rechazó la apertura del concurso preventivo de acreedores de OIL Combustibles S.A. (OCSA)
Con la decisión tomada, el magistrado ordenó divulgar este lunes toda la documentación referida al expediente 19.981/2016, que tramitaba en su juzgado Comercio N° 4, con participación de la Secretaría N° 8, a cargo de la interina Josefina Conforti. Los fallos y presentaciones se pueden consultar en la página web del Poder Judicial de la Nación.
Al inicio de la sentencia, Vitale aclaró que la nulidad de la apertura del concurso dictada por la Corte Suprema contra el trámite abierto en Comodoro Rivadavia lo "obligó" a realizar un "examen con mayor riguridad del caso", teniendo en cuenta además, la cuantiosa "información" que circuló desde ese entonces, que fue determinante para dar su opinión. "No puedo desconocer la información que -a lo largo de estos casi dos años de trámite que tuvo el concurso preventivo desde su presentación- ha sido colectada y plasmada en los diversos informes mensuales", señaló.
Según consta en el expediente, OCSA pidió el concurso por un motivo concreto: el estado de cesación de pagos debido a la "conducta" de la AFIP, quien "mediante acciones y resoluciones arbitrarias e ilegales a logrado la asfixia financiera de la compañía". La petrolera se consideró "insolvente" cuando el Fisco Nacional dictó el 15 de marzo de 2016 la Resolución General N°3836/16 que incorporó como conceptos excluidos del régimen general de facilidades de pago de la Resolución General N°3827/16 al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural. De ese modo, el organismo que conducen Alberto Abad y su operador Ernesto Donato, de la Subdirección general de Coordinación Técnico Institucional, le reclaman a la empresa el pago de $ 8.000 millones.
El juez de primera instancia admitió que en un principio creyó que la firma se encontraba en cesación de pagos -"ello sin dudas es así", escribió-, pero tras un cambio de criterio ahora Vitale presumió que pedir el concurso por esa situación financiera fue "en fraude a la ley". En los pasillos tribunalicios del fuero Comercial todavía se escuchan las quejas de los magistrados por las presiones recibidas de Abad, Donato y Tonelli. Lo mismo ocurre en el fuero federal de Comodoro Py.
OP Investments realizó la compra irrevocable de la totalidad de las acciones de control del ex Grupo Indalo con el firme propósito de iniciar un proceso de reestructuración de las empresas que lo componen, en el marco de un Plan Estratégico que pone en el centro el objetivo de garantizar la fuente de trabajo de los más de 4.000 colaboradores directos y 11.000 indirectos, y regularizar y cancelar las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP que el ahora renombrado Grupo Ceibo reconoce conforme a la ley. Este Plan fue presentado al juzgado de Vitale en el concurso, en donde se dejó asentado por escrito un programa de pago de las deudas fiscales y previsionales adquiridas por los anteriores accionistas absolutamente consistente y sustentable.
Sin embargo, Vitale desconció esa "información" brindada por OP y siguiendo el mandato del encono personal contra el Grupo Ceibo dijo que la petrolera "no es merecedora de la solución preventiva, pues la eventual conducta que a futuro pudieran llevar a cabo los 'nuevos' integrantes del directorio no sanearían" las dificultades.
La Justicia cuestiona que entre 2011 y 2015, OCSA "ha optado por no cancelar el Impuesto a los Combustibles Líquidos y acogerse a las facilidades de pago otorgadas por AFIP, mientras que, en forma paralela a ello, ha efectuado préstamos de dinero -equivalentes a las sumas que no ingresó a las arcas del Estado- a personas integrantes del Grupo Indalo".
Por ese motivo, Vitale sostuvo que "el proceso concursal no es más que el instrumento procesal de un fraude con cobertura legal" y cuestionó a los anteriores dueños Indalo. "Esta forma empresarial de manejarse por parte de los administradores de Oil Combustibles S.A. excede la diligencia con que debe desempeñarse el buen hombre de negocios", enfatizó.
