domingo, 29 de agosto de 2010

Lo de siempre: la historia se burla de los que quieren repetirla

La Presidenta buscó alumbrar una nueva CoNaDeP, la de los medios. Pero nada fue igual a aquel 1984
Por: Susana Viau
El martes, la Presidenta dijo que los hechos que relataba parecían “un thriller”. Sin embargo, lo que se emitió durante 70 minutos por cadena nacional pertenecía a otro género.
En el Salón de los Patriotas, sobre una mesa y en esmerado desorden estaban depositados decenas de expedientes. Eran la materialización de las “probanzas irrefutables” de las que habló el abogado Alberto González Arzac al abrir el acto y presentarle a Cristina Fernández el informe sobre Papel Prensa. Al letrado, un nacionalista católico de larga tradición justicialista, lo habían asistido Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, la ex funcionaria del INDEC a la que Cristina Fernández convirtió en un basquetbolista de los años ’50 llamándola sistemáticamente “Pagliari”.
A la función de gran abono faltaron la mayor parte de los capitanes de la industria y sólo asistieron un par de embajadores, doblegados por las llamadas imperativas del Gobierno, dispuesto a dar a luz una nueva CoNaDeP, la CoNaDeP de los medios de comunicación.
Pero ocurrió lo de siempre, porque la historia se burla de los que quieren repetirla. Nada fue igual a aquel 20 de septiembre de 1984: si entonces las voces eran las de la tragedia y el clima estaba impregnado de solemnidad, ahora el tono de la Presidenta sonaba banal y la atmósfera era de desconcierto.
Fuera, en la calle, no aguardaban miles y miles de ciudadanos expectantes; los oficinistas que atravesaban la Plaza de Mayo eran indiferentes a lo que ocurría en ese edificio de color rosa subido. A menos de diez cuadras las luchas desatadas por Néstor Kirchner en el peronismo del conurbano golpeaban las puertas del Luna Park para iniciar un festival de tiros y navajazos.
Por lo demás, ni González Arzac era Ernesto Sábato, ni el secretario de Comercio Moreno y su incondicional Paglieri podían soñar siquiera con dar la talla intelectual de Gregorio Klimovsky o Hilario Fernández Long. Aquel informe buscó a tientas la verdad para que de ahí en más formara parte de la vida los argentinos; lo que el martes se les ofreció fue un revoltijo de datos acomodados a piacere, un sucedáneo de la verdad, construido a la medida de las pasiones de los Kirchner.
A eso se redujo lo dicho. Lo no dicho tenía, en cambio, una importancia capital y su existencia suponía un incordio para “Papel Prensa, La Verdad”.
Así, la Presidenta y sus sabuesos prefirieron no recordar por qué razones el fundador de Papel Prensa, César Civita (foto), un tycoon de la industria periodística, debió vender el 27 de diciembre de 1973 su paquete accionario clase A. Las razones las hilvanó en una carta pública Eduardo Barreira Delfino, uno de los jóvenes abogados de Civita y su pujante Editorial Abril: el entonces ministro de Economía José Ber Gelbard forzó el apartamiento del italiano en cuyas empresas trabajaron Gino Germani, Grete Stern, Hugo Pratt, Rodolfo Walsh, Francisco Urondo, Juan Gelman, Miguel Angel Bustos.
“En Abril –solía decir– no somos anti nada. Excepto antinazis y antifascistas”. Con el pretexto del “compre nacional”, Gelbard obligó a Civita a requerir de las cámaras nucleadas en la Confederación General Empresaria (de estrechos lazos con Gelbard) la “autorización para importar cada pieza diferenciada de los equipos, máquinas, repuestos e implementos”. El permiso llegaría después de que el último de los integrantes de la CGE “certificara que la industria nacional no estaba en condiciones de fabricar ni proveer” esos insumos.
El juego del Gran Bonete puso al borde de la extinción los plazos para la compra de la maquinaria finlandesa y la validez de las garantías para los créditos.
Acorralado, Civita vendió.
Recibió tres cheques del banco de David Graiver y la sugerencia de que los depositara allí mismo porque estaban al cierre del balance y una salida de dinero semejante perjudicaba los estados contables de la entidad. En 1975, el departamento que los Civita tenían en Belgrano fue ametrallado.
Nadie se adjudicó el atentado, aunque todos señalaban a la Triple A. ¿Por qué? “Porque ni un solo vidrio de los 20 metros de ventanal se salvó de la balacera. Era un piso 18. Quienes tiraron lo hicieron desde un helicóptero”.
Civita no era Michael Corleone y dejó el país.
Gobernaba María Estela Martínez de Perón. Su secretario de Prensa, un cuadro de la ultraderecha peronista, afín a José López Rega, era el hombre que el martes se sentó en primera fila, Osvaldo Papaleo, hoy punta de lanza de la cruzada de Cristina Fernández por la “desmonopolización”.
Su hermana Lidia, compañera de Graiver, estaba a su lado. Mucho mayor, mucho menos triste de lo que se la veía en los 80, al llegar a Madrid con sus suegros. Compraron entonces un local en una galería de la llamada Milla de Oro. En esa misma calle, a la intemperie, otros exiliados vendían baratijas.
Era un secreto a voces que David Graiver había manejado una parte importante del dinero de Montoneros y su familia había padecido persecuciones y torturas.
Nunca se escuchó, en cambio, que sus herederos hubieran sido obligados a vender Papel Prensa.
El mundo entonces era pequeño. En Madrid vivían también el hoy secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, el abogado cordobés Gustavo Roca y el periodista riojano Alipio Paoletti. Los tres habían fundado la CADHU. Allí escuchaban y transcribían los relatos del infierno, los testimonios de familiares, ex presos y sobrevivientes de los campos de concentración y los transformaban en denuncias, en lo que la Junta llamó la “campaña antiargentina”.
En los albores de la dictadura el propio Jacobo Timerman, padre del actual canciller, se encargó de refutar aquellas historias de la barbarie y sostuvo en su periódico que Duhalde y Roca merecían ser extraditados y juzgados por traición a la Patria.
Fue una curiosa foto de familia la del martes 24. Para completarla sólo faltaría que Alberto González Arzac fuera el mismo Alberto González Arzac que, rumorean, al declarar en la denuncia de Carlos Menem contra los jefes militares que lo recluyeron en Las Lomitas, admitió su condición de asesor económico-financiero del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior de Jorge Rafael Videla.
Difícil de creer.
Habrá que hurgar en los archivos donde se guarda el expediente instruido por el juzgado de Martín Irurzun, secretaría Zottele.

Fuente:
Diario Clarín

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