Por: Juan Pablo Tobón Baena
Hace solo días comenzó el más reciente capítulo de la guerra entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y el Grupo Clarín, el más poderoso del país por sus más de 260
productos de comunicación, y cuya historia se remonta a 2008 cuando, tras el paro patronal agropecuario, sectores oficialistas acusaron a Clarín de buscar la caída de la Mandataria, quien llevaba cuatro meses en el cargo (diciembre de 2007).Organismos oficialistas acusan al grupo de medios de ser el gran monopolizador de la información en el país. Por eso el informe presentado el pasado 24 de agosto por el Gobierno, donde denuncia la complicidad de Clarín y los diarios La Nación y La Razón, con el régimen de facto de 1977 para adueñarse en esa época de la mayoría accionaria de la única fabricante de papel para periódicos, Papel Prensa, le dio un toque más controversial al tema y generó reacciones de ambos bandos.
A pesar de que Clarín y La Nación aseguraron que era una "historia inventada para quitarles Papel Prensa", los trámites para hacer efectiva la denuncia por parte del Estado comenzaron el pasado viernes, sobre todo después de que Lidia Papaleo de Graiver, viuda del ex propietario de Papel Prensa S.A, David Graiver, denunciara un día antes amenazas para ceder las acciones durante la dictadura.
Incluso, el tema se hizo más agudo cuando el Gobierno envió al Senado un proyecto de ley impulsado por la Presidenta, que entre otras cosas propone garantizar un tratamiento igualitario en precio, condiciones contractuales y cantidades de papel para todos los diarios del país.
Las acciones tomadas por el Gobierno fueron rechazadas por la oposición, que acusó a Fernández de "falsear" la historia de Papel Prensa en un presunto interés por acaparar dicha organización, de la cual el Estado es accionista con un 27,5 por ciento, mientras que el Grupo Clarín es el principal accionista, con un 49 por ciento. El resto del capital está en manos de La Nación.
A la defensa de Clarín
Al día siguiente del polémico informe oficial, Isidro Gravier, encargado de adelantar la operación a finales de 1976 para la venta de Papel Prensa, defendió al medio de comunicación al asegurar que "realizamos las ventas de bienes de nuestros activos en las mejores condiciones que pudimos obtener, sin amenazas ni extorsiones y en libertad".
En diálogo con El Colombiano, la fiscal argentina Mónica Cuñarro aclaró que la acusación del Gobierno se basa en que, cuando se dio la venta de Papel Prensa en el país existía una "ley de medios basada en la dictadura, que nunca pasó por el Congreso".
Además, explica Cuñarro, en este caso la justicia investiga si hubo violación a los derechos humanos y "en Argentina los delitos de lesa humanidad no tienen prescripción".
Por eso, enfatiza, "el objetivo es avanzar ahora en la participación de otros actores en la posesión de medios masivos de comunicación que era de carácter monopólico". De ahí, según ella, la importancia de la nueva ley de medios que, si bien ya rige en algunos de sus puntos, los más polémicos están en manos de la Suprema Corte de Justicia. "Hay que esperar unos meses para saber el fallo" y así conocer cómo va a cambiar este mercado en el país, pues podría limitarse la cantidad de productos por empresa y es ahí donde Clarín estaría damnificado.
Más que una simple pelea
José Isaurralde, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, explica que este caso va más allá de una pelea entre Gobierno y Clarín. Es un llamado de "más de 100 organizaciones sociales y otros medios" que hablan de una monopolización.
Isaurralde apoya al Gobierno en el sentido de que los llamados medios monopolizadores "quieren dirigir la agenda gubernamental". Por eso, recalca, la urgencia de la nueva ley, que traerá radicales cambios cuando las licencias se comiencen a vencer y el Estado no las renueve, así como sucedió con el proveedor de servicios de Internet de Clarín, Fibertel, hace semanas, cuando el Gobierno canceló la licencia y generó la reacción de Clarín.
El grupo, que tiene más de 16.000 trabajadores, difundió el informe "Las claves: la estrategia oficial contra los medios", en el que denuncia ser blanco de una ofensiva "alentada desde la cúpula del poder con discurso de tono violento y acciones concretadas valiéndose de organismos formales".
El documento hace referencia a "actos administrativos abusivos, cuando no ilegales", ordenados en su contra por organismos oficiales, complementados con "declaraciones combativas" y "acusaciones infundadas".
En este ir y venir de actores, que apoyan a uno y otro, medios internacionales han entrado en el debate. El diario El País, de España, criticó el "ataque" del Gobierno argentino contra Clarín y La Nación por el caso de Papel Prensa y aseguró que esta arremetida busca ahogar voces críticas y muestra el veto cada vez más autoritario del matrimonio Kirchner.
Contexto "Guerra frontal, pero libertad"
Según Julio Burdman, director de Ciencia Políticas de la Universidad de Belgrano en Argentina, es claro que hay una "guerra frontal contra un grupo de medios que, según el Gobierno, conspira en su contra".
Sin embargo, aclara el analista, tampoco podemos decir, como asegura Clarín, que se trata de restricción a la libertad de prensa y a los contenidos de los medios.
Según Burdman, "es una avanzada sobre un grupo empresario que pone en juego licencias y activos, no periodismo".
Fuente: Diario El Colombiano
