A poco de cumplirse 27 años de vigencia del sistema democrático, la Argentina sigue sin tener una ley que garantice el derecho ciudadano básico en cualquier democracia y lo que se
considera un requisito mínimo para los Estados modernos. Se trata de la norma que regula y garantiza el acceso a la información pública.En 2004, un proyecto de ley sobre el tema, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue desvirtuado con quirúrgicas modificaciones por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Las impulsó quien presidía entonces esa vital instancia legislativa, Cristina Kirchner. Tras su devolución a la cámara de origen, la iniciativa cayó en el olvido. No pudo rescatarse ni la esencia de lo que originalmente se había apoyado.
La importancia de contar con una norma que regule el acceso a la información se sintetiza en una frase pronunciada por un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil que impulsó el tratamiento del proyecto: "Negar el acceso a la información pública es negar el acceso a la democracia".
Hoy, el Congreso está dando señales para aprobar una ley que incluya a los tres poderes del Estado, según describe un informe de la Fundación Directorio Legislativo, que integra un colectivo de organizaciones que impulsan la sanción de esta norma bajo el lema "Saber es un derecho. ¡Que ahora sea ley!".
En Diputados "existen 15 proyectos y hay un borrador de dictamen en el que se incluyeron textos de varias de esas propuestas", dice un documento de estas organizaciones. Se estima que luego de consultar a expertos y despejados algunos temas todavía en discusión entre representantes del oficialismo y la oposición, como, por ejemplo, si la norma debería involucrar a los tres poderes, si la autoridad de aplicación debería estar en la órbita del Congreso o si el alcance debería ser restringido a la información pública en manos del Estado o ampliarse a la información pública en poder de privados, en pocas semanas más se contaría con un dictamen para avanzar con su discusión en el recinto.
En el Senado hay nueve proyectos, pero uno ya ha logrado convergencias entre opositores y oficialistas. Acordaron crear un ente autárquico como órgano de aplicación y extender el alcance del proyecto a la información pública en manos privadas.
Según Directorio Legislativo, existen conversaciones entre diputados y senadores para que la Cámara baja logre un dictamen definitivo y se lo envíe a la otra para consensuar un proyecto único antes de la votación. Oficialismo y oposición coinciden en que esta ley podría ser aprobada antes de fin de año.
La norma que garantiza el acceso a la información, además de asegurar este derecho que es una línea de base de cualquier democracia moderna, crea la oportunidad de ejercer otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a la educación como estándar básico de calidad de vida, permite monitorear la transparencia de la gestión pública y fomenta la participación ciudadana para reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos.
Como señala Alejandro Rojo Vivot en el libro Acceso a la información, publicado recientemente por la Fundación Avina, toda persona debe poder ejercer sus derechos libremente y sin ningún temor. La información de interés público debe estar a la mano de quien la solicite, sin necesidad de explicar el motivo, y el trámite debe ser sencillo y rápido.
Es de esperar que los acuerdos políticos que deben alcanzarse en el Congreso permitan la pronta sanción de una adecuada ley de acceso a la información pública y que la Presidenta revea aquella postura que mantuvo como senadora y que hoy, al frente del Poder Ejecutivo, promulgue esta norma. A estas alturas de los acontecimientos, lejos de ser un vacío legal, se ha convertido en un vacío jurídico que pone a la Argentina a la retaguardia de otras naciones y al Estado nacional a la cola de provincias y municipios argentinos que hace tiempo han comprendido que el primer derecho humano es el derecho a saber.
