Por Laura Zommer
Tomás nació en 1980, trabaja como productor y estudió Ciencias de la Comunicación. Cursando Derecho a la Información en la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires se enteró hace un par de años de que la ley que regula la radiodifusión en la Argentina (la radio, la televisión y el cable, entre otros servicios) data del mismo año de su nacimiento.
Al principio, le costó entender cómo era posible que más de 20 años después y, restauración democrática y revolución tecnológica mediante, el país siguiera con la misma norma vigente. Su profesor le dio una posible explicación: una ley con poca legitimidad como ésta es más fácil de incumplir por parte de los medios y más fácil de no hacer cumplir por parte de los gobiernos, que, en general, prefieren estar bien y no mal con ellos.
El alumno aprobó la materia y se olvidó del tema. Lo recordó este año, cuando en pleno conflicto con el campo y con el principal multimedio nacional - Clarín -, la Presidenta anunció que antes de fin de año el país tendría una nueva ley de radiodifusión, que ayudaría a la democratización del espectro radioeléctrico (que constituye el soporte de las señales y, como es finito y patrimonio común de la humanidad, es lógico que lo regule el Estado), limitaría la concentración y fomentaría el pluralismo. Tomás se alegró, igual que muchos.
Pero, ¿qué pasó desde entonces y desde que en abril último el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, dijo en una entrevista con La Nación que "la ley de radiodifusión era la madre de todas las batallas"? Por lo pronto, parecería que el Gobierno decidió dar marcha atrás o que, al menos, decidió demorar su impulso de cambio ¿Por qué el Poder Ejecutivo no difundió aún ningún anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (tal el nuevo nombre)? ¿Es que el poder de algunos grupos de comunicación es tan fuerte que hace que los políticos siempre elijan ceder? ¿Qué pasa en la Argentina que es tan complejo debatir en el Congreso, y en el seno mismo de la sociedad, sobre asuntos esenciales para la democracia, como éste?
Un grupo de organizaciones sociales -Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FAdeCCoS, el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) y Poder Ciudadano- instó hace dos semanas al Gobierno a hacer público su proyecto e impulsar un debate social amplio, participativo y transparente.
"Aunque somos organizaciones diversas, compartimos la certeza de que es impostergable la sanción de una nueva ley que establezca un marco regulatorio que favorezca la diversidad y el pluralismo informativo, fije límites precisos a la concentración de la propiedad de los medios, garantice el acceso a las licencias sin discriminación para las organizaciones sin fines de lucro, asegure la independencia de los medios públicos con respecto a los gobiernos de turno, siente las bases de una autoridad de regulación que reemplace al intervenido ComFeR y tenga un funcionamiento y una integración plural", precisó Guillermo Mastrini, presidente de FAdeCCoS y coautor del libro Periodistas y magnates. Estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina.
Roberto Saba, director ejecutivo de ADC, agregó un punto de vista que, en general, comparten todos los bloques opositores del Congreso. "Esta ley debe complementarse con otras que apunten al mismo fin de ampliar el derecho a la información de todos los individuos. Por ejemplo, una ley de acceso a la información pública, la despenalización de las figuras de calumnia e injuria cuando involucren cuestiones de interés público, y una normativa que regule la distribución de la pauta publicitaria oficial de modo claro, transparente y no discriminatorio, recortando la discrecionalidad del gobierno de turno".
Desde Pro, Paula María Bertol, diputada y miembro de las comisión de Libertad de Expresión y de la de Comunicaciones e Informática, coincide: "Es vergonzoso, pero en la Argentina no tenemos ley de acceso a la información pública ni ley de publicidad oficial, lo que permite al gobierno nacional premiar o castigar a periodistas o medios por sus opiniones y líneas editoriales en forma discrecional".
Una consulta de La Nación con diputados de los principales bloques parlamentarios evidencia que todos coinciden en la necesidad de que se reforme la ley de 1980 y se establezca un nuevo marco normativo de cara al futuro (que supone en breve la llegada del llamado triple play y la digitalización de la TV, entre otras cosas). Ello, hace un año atrás, era impensable, advierten los expertos consultados. Sin embargo, los legisladores disienten respecto de dónde poner el foco y del contenido específico que tendría que tener la nueva ley. La Nación intentó sin éxito tener la opinión de Mariotto, que se encuentra fuera del país.
La diputada nacional por la UCR Silvana Giudici, que preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja y esta semana presentó el libro Libertad de expresión. Madre de todas las libertades, pone en duda la real voluntad política del Gobierno en avanzar ahora en una reforma de esta envergadura. "No les conviene mandar el proyecto porque no tienen el bloque en condiciones y el año que viene es un año electoral y no quieren perder poder", dispara.
Giudici cuenta que la última vez que Mariotto fue a la Comisión precisó que el anteproyecto estaba listo, pero dijo que el Gobierno sólo lo remitiría luego de optar por la norma que definirá la televisión digital en la Argentina (podrían ser la norteamericana, la europea o la japonesa, que utiliza Brasil y que actualmente parece ser la que el gobierno K adoptaría). "No puede elegirse la norma que definirá la televisión del futuro en el despacho de (Julio) De Vido. El lugar para discutirlo y decidirlo es el Congreso. Y, además, es una excusa infantil que no envían el proyecto por esto, porque la norma no necesariamente regulará este punto sino principios generales que garanticen la libertad de expresión y el derecho a la información para todos."
Eduardo Macaluse, diputado nacional de Solidaridad e Igualdad (SI) y miembro de la Comisión de Libertad de Expresión, también es incrédulo. "Si la demora fuese para consensuar, me parece bien que exista, en la medida que no se prolongue demasiado. Pero veo con preocupación que el Gobierno utilice como un espantajo la ley de radiodifusión para sentarse a negociar con los grandes medios. Por eso, hay momentos en los que promueve el tratamiento y momentos en los que lo cajonea, que es, creo, lo que está pasando ahora", denuncia.
Respecto del contenido de la futura ley, adhiere a los 21 puntos básicos por el Derecho a la comunicación que confeccionó la llamada Coalición para una Radiodifusión Democrática (disponible en www.coalicion.org.ar): "Hay que tomar en cuenta la complejidad del tema y evitar los oligopolios y posiciones dominantes. Este es un sector muy sensible, que influye fuertemente en muchas actividades de la sociedad y, sobre todo, forma opinión, y no queremos que haya una sola opinión en democracia".
El periodista y diputado nacional de la Coalición Cívica, Fernando Iglesias, acuerda en la necesidad de regular en pos de la pluralidad de voces y en que la agenda tiene que ser amplia. "Se necesita garantizar el acceso a la información y regular la publicidad oficial además de discutir un nuevo sistema normativo de radiodifusión, que la democratice", opinó.
Desde el oficialista Frente para la Victoria, el diputado Claudio Morgado celebra que la discusión de este año haya servido para ponerse de acuerdo en que hay que modificar la ley de la dictadura y saldar aspectos básicos, como que hay que garantizar la libertad de expresión en forma irrestricta, regular en pos de la no concentración y garantizar la intervención en el espectro de tres actores: sociedades comerciales, sociedades sin fines de lucro y medios públicos.
Morgado relativiza las críticas opositoras respecto de la demora del Gobierno en enviar el proyecto de ley: "Ya que vamos a legislar, legislemos para lo que viene. Tenemos que tener claro el objeto que vamos a regular. Más vale no aprobar una ley que en unos meses vaya a quedar obsoleta, por la norma de la TV digital u otra decisión de corte tecnológico".
El Congreso parece más dispuesto que en el pasado a discutir sobre este tema. Pero ¿qué opinan de este debate los medios y las asociaciones que los nuclean? En el reciente informe de la 46» Asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), la organización señaló que no cuestiona la modificación de la ley de radiodifusión de 1980, aunque alerta sobre los riesgos que puede implicar para la libertad de prensa hacerlo sin un detenido análisis ni ánimo de consenso.
Como una forma de cuestionar el discurso oficial de modificar la legislación en pos de la diversidad, tanto en el encuentro de AdEPA como en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que concluyó el lunes último en Madrid, se hizo expresa referencia a la diversidad de medios en todos los lenguajes que existe en la Argentina -en relación con otros países- y se planteó el riesgo de que esa diversidad llegue a su fin por el efecto de regulaciones que debiliten a los medios importantes y faciliten que sean cooptados, ya sea por el Estado o por grupos de interés.
Las organizaciones reclaman un debate transparente y amplio. Los legisladores dicen que esperan el proyecto del Gobierno (¿Por qué esperar, en lugar de tomar la iniciativa y empezar a debatirlo ya?). Tomás se alegra con que el tema esté en la agenda y sueña con que los discursos de cambio se concreten algún día, aunque no fueran este año como anunció la Presidenta.
Fuente: Diario La Nación
