Por: Alexei Barrionuevo
Cristina Fernández. Argentina tiene toda una coyuntura internacional favorable, pero en 174 días de gobierno, la mandataria comenzó con un problema y sigue en otro | Se habla de un modelo agotado
Argentina y su presidenta Cristina Fernández podrían estar viviendo muy buenos tiempos. Los precios de los productos básicos agrícolas y el gasto de los consumidores crecen, y sigue entrando inversión extranjera en el país.
Sin embargo, durante los casi seis meses atribulados que lleva en el poder, Fernández ha estado batallando para liberarse de la maldición de anteriores líderes argentinos: el fracaso para poder gobernar incluso en los tiempos buenos.
La estrategia económica diseñada por el esposo de la mandataria, Néstor Kirchner, que la precedió en la presidencia, está mostrando signos crecientes de tensión. La presidenta se ha negado hasta ahora a cambiar el rumbo -basado en un fuerte crecimiento de la economía, impulso al consumo interno, alto superávit fiscal y un tipo de cambio alto-, lo que ha ayudado a definir la primera parte de su mandato de cuatro años.
Muchos argentinos ahora están preocupados por la inflación en aumento. El conflicto, que ya lleva casi tres meses, entre el gobierno y los agricultores por el incremento en los impuestos a la exportación -rebajados, no eliminados, el pasado jueves- ha debilitado la popularidad de Fernández y provocado fisuras en su partido peronista. Y, dado que sólo faltan unas semanas para el invierno en América del Sur, las posibilidades de que Argentina evite otra crisis energética como la del año pasado podrían reducirse al clima y la generosidad del vecino Brasil, que se comprometió a exportar electricidad.
Incluso, el discurso que Fernández pronunció hace siete días en Salta, durante la conmemoración de la Revolución de Mayo de Argentina, no estuvo a la altura de sus ambiciones. No sólo quedó relegado por un mitin gigantesco organizado por el agro en Rosario, sino que se limitó a hablar de los logros del gobierno anterior, el de su marido. Muy poco para el anunciado "pacto social" que se prometía. Y no mencionó directamente el conflicto con los agricultores.
El multitudinario acto en Rosario -unas 300 mil personas- supuso el fin del débil diálogo entre el gobierno y el campo. Es aún difícil ver cuándo y cómo será el final de este conflicto.
Fernández había prometido que continuaría la prosperidad del país y que establecería más programas sociales para redistribuir la riqueza. En otras palabras, que seguiría la estela de su marido. Hasta ahora la ha seguido a rajatabla, sobre todo en la política de enfrentamiento con distintos sectores de la sociedad, caso de la prensa.
La popularidad de Néstor Kirchner aumentó muchísimo tras sacar al país de una crisis económica de consecuencias catastróficas en 2001, devaluando el peso, subsidiando el transporte, la energía y los alimentos, y usando los impuestos sobre las exportaciones agropecuarias para obtener ingresos. La economía ha crecido más de 8% cada año desde 2003, y se han generado más de tres millones de empleos. Muchos economistas privados esperan que caiga ese índice de crecimiento este año.
Casi desde un principio, el gobierno de Cristina Fernández ha estado definido por el conflicto. Apenas unos días después de asumir el cargo en diciembre, un fiscal de Miami anunció un caso polémico de una maleta con unos 800.000 dólares, que según dijo eran una contribución del gobierno venezolano para su campaña. La Presidenta de Argentina reaccionó furiosamente, y el altercado diplomático resultante tensó las relaciones con Estados Unidos. Luego, en marzo, el gobierno de Cristina aumentó los impuestos a las exportaciones agropecuarias por segunda ocasión desde octubre. Los agricultores reaccionaron con una huelga perjudicial y cerraron muchas carreteras, lo que provocó escasez de alimentos e inquietó a los compradores internacionales.
Fernández percibió las protestas como una amenaza política. La cúpula en el poder los tildó de "golpistas". Para los productores, el incremento en los impuestos fue "el equivalente a decirle a alguien que habrá una bancarrota en algún momento de los próximos cuatro años", dijo Alfonso Prat Gay, ex gobernador del banco central de Argentina, cercano a la candidata de oposición Elisa Carrió en las elecciones del año pasado. El conflicto prolongado ha causado un descenso pronunciado en la popularidad de Kirchner, de 70 por ciento a cerca de 50 por ciento, según el Grupo Eurasia, una firma de consultoría en riesgos con sede en Nueva York. La firma local Poliarquía la redujo aún más: 26%. Otros sondeos divulgados por el gobierno la mantienen en un alto 60%.
Pero no hay duda que viejos partidarios de los Kirchner comienzan a cuestionarlos.
Agustín Rossi, coordinador de la fracción peronista en el Congreso, defendió a la presidenta diciendo que había tratado de proponer soluciones al principio, que consistirían en establecer cargas impositivas de niveles diferentes a la producción en pequeña escala y a la de gran escala.
Dado que los precios de los alimentos y otros artículos aumentan con rapidez, al argentino común le cuesta mucho trabajo aceptar las estadísticas oficiales, que muchos economistas privados creen que fueron manipuladas. La inflación es la mayor preocupación de los argentinos.
Esta incertidumbre ha conducido a que muchos argentinos de clase media cancelen cuentas de ahorros y compren dólares, un signo de que piensan que el gobierno está en problemas. Estos movimientos bancarios están alentando temores de que el gobierno congele cuentas y evite el retiro de dólares, repitiendo las medidas económicas que se tomaron en el año 2001 para detener una estampida bancaria.
Rossi descartó esos temores señalando que el país tiene 50 mil millones de dólares en reservas, en comparación con menos de 10 mil millones de dólares en 2002. Sin embargo, dijo que el gobierno tendrá que hacer cambios. La presión sobre el dólar llevó al Banco Central a vender reservas por más de 3.000 millones de dólares.
La política económica empieza a limitar la inversión extranjera. Mientras que ésta se incrementó 46 por ciento en 2007 en América Latina, en Argentina sólo fue de 14 por ciento, muy por debajo de Brasil, Chile, Colombia y Perú, según una investigación de la Cepal.
A Cristina aún le quedan tres años y medio.
Fuente: The New York Times