El sopor creciente del Congreso, a partir de los últimos cinco años, lo fue ocultando del interés ciudadano como institución representativa para la sanción de las leyes y el control del Gobierno hasta que la crisis del campo impuso sin alternativas al Poder Ejecutivo dirimir el conflicto entre los representantes del pueblo. Los prolegómenos de la circunstancia, ruidosos e imprevisibles por su peligrosa manifestación y su irrupción desordenada en el ámbito parlamentario, permitieron a la opinión pública tomar un conocimiento más preciso de la crisis, sus causas originarias y la evolución, y asumir conciencia de su gravedad. Ello no habría sido posible sin la intermediación de los medios de comunicación escritos y audiovisuales que durante horarios sin precedentes, y con múltiples enfoques de los acontecimientos permitieron a millones de oyentes, espectadores y lectores ser testigos de la realidad y, en especial, del comportamiento de sus representantes y administradores, formando juicio sobre el presente y sus consecuencias.
En este punto aparece la verdadera dimensión institucional de la libertad de prensa, donde la pluralidad de los medios puede dar lugar a visiones diferentes pero que de una forma u otra permiten observar el valor de la información en una sociedad libre.
Esa comunicación ha demostrado en primer término que la profundidad de la crisis tiene alcances históricos, en cuanto sigue sin resolverse el viejo dilema entre el centralismo y el interior, reiterado finalmente por un presidencialismo que pretende ser hegemónico, por más que con legitimidad de origen. En sus manifestaciones del último medio siglo, pudo alcanzar a serlo y por ello llegó a adueñarse de la casi totalidad de los medios de comunicación del país, dependientes de un departamento de Gobierno, con el testimonio de una comisión parlamentaria -Comisión Visca- que en una semana clausuró 24 diarios.
Fueron tiempos aciagos, al igual que el de las dictaduras que impusieron censuras innumerables para ocultar la realidad. El centralismo que ha desarmado en lo económico el modelo de coparticipación federal para hacerse del poder económico decisivo de las provincias es actualmente el motor del conflicto, pero la realidad social y el modelo de globalidad internacional le ha impedido el control de los medios de comunicación.
No obstante, en pleno conflicto de los 100 días la Presidenta, con la notoria colaboración de su esposo, produjo una serie de decisiones tendientes a presionar sobre los medios, eludiendo los compromisos internacionales sobre libertad de expresión, que incluyen la de opinión entre los derechos humanos. La manipulación de la publicidad oficial y la prometida Ley de Radiodifusión analizada en espacio cerrado, así como el observatorio estatal sobre discriminación en los medios, son testimonios de avances que afortunadamente no han logrado silenciar a los medios independientes. Una vieja deuda es la sanción de la ley de acceso a la información pública que desde hace años está perdida en el laberinto parlamentario por acción de la mayoría sometida a la voluntad presidencial y mediante la cual sería posible constitucionalmente conocer la trastienda de las decisiones gubernativas, muchas de las cuales se amparan en los numerosos superpoderes del hiperpresidencialismo.
Si el personaje se corresponde con el estilo de su gestión, bastaría señalar el rechazo presidencial con la prensa, explicado por el secretario de medios, al afirmar que “el periodismo ha dejado de ser intermediario en la comunicación con la ciudadanía”.
Fuente: La Gaceta
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