Por: Damián Glanz
La cuerda se tensa aún más. La guerra mediática tuvo esta semana una nueva escalada, esta vez en la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial suspendió la fusión entre Multicanal y CableVisión que Néstor Kirchner autorizó en diciembre. La ratificación o denegación definitiva de la consolidación del monopolio del servicio de televisión por cable en manos del Grupo Clarín está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Los camaristas Gerardo Vassallo, Juan José Dieuzeide y Pablo Heredia aceptaron un recurso extraordinario que había solicitado la fiscal general Alejandra Gils Carbó, que denunció que la venta de CableVisión violó las leyes de Radiodifusión, de Preservación de Bienes y Patrimonio Cultural –llamada Ley Clarín y sancionada en 2003 para evitar la extranjerización de las empresas de medios luego de la devaluación– y el Tratado Internacional de Inversión Recíproca con los Estados Unidos.
La resolución de la Cámara asombró al mundo judicial: hace menos de dos meses, ese mismo tribunal había fallado a favor de la operación comercial, en sintonía con los deseos que expresaba Kirchner el año pasado. Pero no causó sorpresa en el mundo político: la medida ya había sido anticipada por el vocero kirchnerista Luis D’Elía hace unas semanas, ya desatada la guerra Clarín vs. K. En el programa de televisión A dos voces, de TN, dijo: “Me enteré de muy buena fuente que el Comfer no había emitido criterio sobre la fusión de CableVisión y Multicanal y tengo toda la impresión de que eso a partir de ahora va para atrás”.
El pedido de la fiscal, ratificado por la Cámara, abrió un frente de conflicto entre el Gobierno y el Grupo que, en tándem y durante dos años, habían intentado frenar ese expediente. De hecho, por avanzar con esta causa, Gils Carbó fue acosada judicialmente y denunciada por supuesto abuso de autoridad, falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En mayo de 2004, CableVisión anunció la existencia de un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) y solicitó su homologación ante la Justicia. De acuerdo con el expediente, la empresa no tenía las mayorías legales que requería el procedimiento para presentar la oferta de venta. La fiscal denunció que “las mayorías del APE se obtuvieron con fraude en el mercado de valores”.
También determinó que durante la operación cambiaron los accionistas de CableVisión, que pasó a ser controlada por el Grupo Fintech cuando adquirió el 50 por ciento del paquete accionario. Para la fiscal, esa operación también fue ilegal. Fintech es una sociedad constituida en Delaware, Estados Unidos, con ramificaciones en las Islas Vírgenes británicas.
La Ley de Preservación de Bienes y Patrimonio Cultural, aprobada más de un año antes de la venta, prohíbe que una sociedad extranjera adquiera más del 30 por ciento de una empresa de medios de comunicación. Fintech violó esa limitación.
La fiscal detectó además que Fintech era un fondo especulativo que también había participado de otras reestructuraciones de empresas argentinas en default, como Autopistas del Sol, Metrogas, Multicanal o Telecom. La Ley Federal de Radiodifusión prohíbe que un “fondo buitre” sea titular de un medio de comunicación. La venta de CableVisión violó esa condición.
El expediente también relata que la empresa encubrió que en aquellas negociaciones también participaba el Grupo Clarín, que finalmente adquirió el 60 por ciento de las acciones.
Una vez iniciado el expediente, CableVisión justificó la participación “excesiva” de Fintech aduciendo que estaba avalada por el Tratado sobre Protección Recíproca de Inversiones que había firmado en 1992 el gobierno de Carlos Menem con los Estados Unidos. Para Gils Carbó, no existió tal reciprocidad: las leyes norteamericanas limitan la participación de capital extranjero en medios de comunicación a un 20 por ciento.
En abril, la Cámara desechó los argumentos de la fiscal y dio vía libre a la fusión de las cableoperadoras de Clarín que había sido autorizada por una resolución del gobierno de Kirchner. Ahora convalidó los argumentos y remitió el caso la Corte. La batalla continúa.
