La única respuesta a esto es que el actual gobierno tanto nacional, provincial y municipal no tienen un plan a la salida de la crisis social, o en otras palabras pretenden seguir con la misma política neolibreral de los '90, llevando a la ciudadanía a más pobreza, con necesidades primarias insatisfechas y usando el aparato represor, aún vigente, para poder gobernar en beneficio del sector capitalista. La mentira a través de los medios de comunicación obsecuentes al gobierno, es una de armas con que se vale este gobierno para confundir la opinión pública, tal como ocurriera en los '70, para convertir a las personas que buscan justicia social en delincuentes o desestabilizadores de la política de gobierno, tratando de generar la famosa frase "algo habrán hecho". Es lamentable que ese escenario de los '70 esté volviendo a repetirse, se puede decir que estamos en la puerta de un nuevo terrorismo de estado. Esta dirección repudia también a jueces que accionan con total parcialidad, incurriendo en la ilegalidad en contra de los más vulnerables de esta sociedad como la
represión a vecinos en horas de la noche prohibido por la misma constitución nacional, ¿la justicia, los jueces son un poder que están libres de hacer lo que les parezca?. Es necesario reflexionar sobre la última instancia y lugar para que un vecino común resguarde su moral y seguridad personal, ese lugar es la justicia, pero cuando la justicia le da la espalda, cuando los jueces accionan en complicidad con el poder político para hacer "desaparecer" los que buscan justicia social, entonces se queda a la deriva, expuestos a ser demorados, encarcelados sin fundamentos en un total abuso de autoridad e impunidad como el caso de Rubén Tolay, a ser encausados con falsos testimonios como el caso de Valentín Mamaní, que tras investigaciones periodísticas, es absurdo el inicio de una causa por intento de homicidio como se pretende desde la policía, siendo que Mamaní no es más que un empleado municipal que reclama por sus derechos y que su presencia en el lugar del asentamiento era solo de acompañar al periodista Samuel Huerga.Daniel Castro, Director Radio Cadena NOA
Inadmisible ataque a periodista en Orán, SaltaEl Foro Periodismo Argentino (FOPEA) repudia la grave agresión física sufrida por el periodista Samuel Huerga, ocurrida el 27 de mayo pasado en Orán, Salta, mientras era cubierto un enfrentamiento entre habitantes desalojados de un asentamiento y efectivos de Infantería. El periodista y dos testigos sostienen que el agresor fue el comisario que actuaba en el operativo.
Samuel Huerga, de Radio Cadena NOA y corresponsal de Nuevo Diario en Orán, fue golpeado en la cabeza con un elemento contundente y quedó inconsciente por minutos.
El hecho tuvo lugar en la madrugada del 27 de mayo de 2008, alrededor de la 1, mientras Huerga se encontraba cubriendo un enfrentamiento entre vecinos desalojados del asentamiento La Canchita y policías locales.
Huerga relató a Fopea y en la denuncia judicial que, mientras filmaba con una cámara con visor nocturno, pudo distinguir cómo policías golpeaban en el piso y luego en una camioneta a un hombre al que luego identificó como Valentín Mamaní, empleado municipal.
Un policía solicitó a Huerga que cese la filmación e intentó tapar el lente de la cámara. Instantes después, el periodista recibió un golpe con un elemento contundente que le produjo cortes y pérdida de conocimiento durante minutos.
Un hombre y una mujer auxiliaron a Huerga y pusieron a salvo el video. La cámara registró cuando policías dispararon balas de goma al periodista y sus acompañantes. El hombre que ayudaba a Huerga recibió al menos 12 balas de goma y cayó.
El periodista agredido y dos testigos identificaron al agresor como el comisario Roberto Salto, de la Unidad Regional Nº 20 de Orán. Fopea intentó comunicarse con Salto, pero éste se encuentra con licencia médica. Asimismo, no recibió respuesta del Jefe de Unidad a cargo.
En el informe policial sobre el enfrentamiento, al que accedió Fopea, no consta ninguna referencia al periodista herido.
Fopea exige al gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey una exhaustiva investigación, la separación definitiva del cargo del comisario en cuestión si se comprueba su culpabilidad y la implementación de políticas institucionales que garanticen que no vuelva a ocurrir un episodio similar.
1 de junio de 2008.
