A estos trabajadores, además, no les depositaron la segunda mitad del sueldo de marzo que debían cobrar ese día y cuando preguntaron por qué no habían recibido su dinero, desde RRHH les dijeron que no había plata para pagarles.
Poco después, los trabajadores recibieron un correo en que se les indicaba que la empresa había decidido "liberarlos de tareas" y que los llamarían para una reunión. En esas reuniones, presididas por la directora de recursos humanos Irene Sabalain y los abogados Lisandro Labombarda y María Laura Flander, se les informó que la empresa había tomado la decisión de reducir la planta y que como no podían despedir porque estaba en vigencia el DNU debían hacerlo mediante un acuerdo de retiro voluntario.
Sin embargo, el retiro nada tenía de voluntario, ya que, esos trabajadores no habían percibido la segunda mitad de su salario de marzo y se les advirtió que si no aceptaban lo ofrecido, la empresa no les pagaría más el sueldo.
Las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, además de ser ilegales por violar el DNU, incumplen con lo establecido por el estatuto del periodista y el plan de pagos es de hasta 18 cuotas mensuales.
Como si esto fuera poco, en mayo el gobierno pagó el 50% de los salarios de la mayoría de los trabajadores y la empresa les informó a los despedidos que ese dinero sería tomado a cuenta de lo fijado en la indemnización.
El sindicato (SiPreBA) denunció esta situación ante el Ministerio de Trabajo pero no obtuvo respuestas. En una reciente reunión que la comisión interna tuvo con dos integrantes del directorio, Juan Astibia e Irene Sabalain no solo se negaron a dar marcha atrás con los despidos sino que amenazaron con más despidos para los próximos meses.
Esta situación se produce 14 meses después de que la empresa despidiera a 80 trabajadores, 63 con indemnizaciones a la baja y en cuotas, y 17 despedidos con causas inventadas para no pagarles nada.
Desde febrero de 2019, la empresa viene pagando los salarios en 2 cuotas y fuera del plazo legal establecido, incumple con el pago de una parte del incremento fijado por paritaria y también dejó de pagar los aportes patronales.
Desde la comisión interna y el SiPreBA repudiamos el accionar de la empresa, pedimos la inmediata intevención del Ministerio de Trabajo para dejar sin efectos estos despidos ilegales y exigimos la regularización del pago de salarios y aportes.
