La Coalición por una Comunicación Democrática, integrada por diversas organizaciones de la sociedad civil y la academia, emitieron un comunicado en el cual se pronuncian sobre la nueva ley Audiovisual que propone la Ley de Urgente Consideración (LUC), la cual entienden que implica "riesgo de retroceso en derechos, concentración, transparencia, participación ciudadana y producción nacional".
El proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo busca sustituir la ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue aprobada en 2014 "tras un largo debate técnico, social y parlamentario, en el que participamos activamente".
Preocupa a los colectivos firmantes que se pretenda sustituir una ley que durante sus 5 años de vigencia "no generó ninguna mordaza contra el periodismo ni afectó la libertad de expresión". Además, agregan que la ley vigente no es inconstitucional, como indican algunas versiones, ya que de sus 202 artículos solo ocho fueran declarados total o parcialmente inconstitucionales.
Explican que el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo implica un riesgo en el retrocesos de derechos porque, por ejemplo, elimina el artículo que establece el derecho a la no discriminación y muchas de las disposiciones que protegen a la infancia y adolescencia.
Por otro lado, advierten que se quita el artículo que establece la objeción de conciencia de los y las periodistas, que habilita a negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento. Además, se elimina el papel de la defensoría del público asignado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
"El texto propuesto por el gobierno puede favorecer la concentración de medios de comunicación al elevar de tres a ocho servicios de radio o televisión el límite que una persona física o jurídica puede acumular. Esta disposición, de aprobarse, tiende a beneficiar a las empresas y grupos económicos mayores del sector y afectará a los medios locales pequeños, pudiendo disminuir el pluralismo y la diversidad del sistema mediático del país", explica el comunicado.
Agregan que se trata de un proyecto que también "afecta los procedimiento orientados a la transparencia y la participación ciudadana. Se eliminan las audiencias públicas y la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), que permite la participación de la sociedad civil y la obligación de consultarla sobre los pliegos y procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones y licencias".
De acuerdo al comunicado, la producción audiovisual nacional también se verá afectada en la medida que se elimina el Fondo de Promoción a ese sector financiado por el pago de licencias y uso de espectro radioeléctrico.
Concluyen que "estamos ante un proyecto regresivo y solicitarán al Poder Legislativo ser recibidas para exponer estas preocupaciones y advertir sobre la profundidad e impacto de los cambios planteados".
Firman el comunicado la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Atabaque, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) , Cotidiano Mujer, Facultad de Información y Comunicación (Universidad de la República), Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Ovejas Negras, Sociedad Uruguaya de Actores y Agencia VozyVos.
Coalición por una Comunicación Democrática
