La fundada resolución examina los hechos probados, desechando cualquier intento de agresión dolosa o resistencia a la autoridad por parte de Bernardino Ávila y el resto de los imputados; determina que tanto el agresor oficial Raña como sus jefes, no actuaron a derecho en la represión de la marcha al no dar intervención a la fiscalía y ejerciendo una violencia injustificada; y pone de manifiesto el rango constitucional de los derechos conculcados a un trabajador de prensa en ejercicio de sus funciones. Por último, decide girar a otra Fiscalía para que esta se encargue, atento a la prueba recolectada, de definir si el oficial Graña cometió delitos en los hechos denunciados.
ARGRA festeja una resolución del poder judicial ajustada a derecho, razonada y racional, que pone en evidencia el costado ilegal y punitivo de la represión policial a la protesta social y a la tarea de los trabajadores de prensa. También expresamos nuestro agradecimiento a los colegas, militantes sindicales y sociales, organizaciones políticas y de derechos humanos que nos acompañaron activamente en la exigencia de inmediata libertad de los compañeros y su exculpación de todos los cargos amañados.
Celebramos estos hechos que contribuyen a evitar la degradación del estado de derecho y el cercenamiento de libertades civiles y laborales.
Comisión Directiva ARGRA
Foto: Ariel Segovia / Enfoque Rojo
