La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el sindicato de trabajadores de la comunicación social, tiene entre sus más elevados principios “la defensa de las libertades de prensa expresión y pensamiento frente al control, las presiones o las influencias de todo tipo; la lucha por el derecho al libre acceso a las fuentes informativas y por el respeto al secreto profesional, así como por el fuero y el estatuto del periodista”.
Es por esto, que la APU entiende necesario expresar su rechazo a una declaración emitida el sábado 5 de marzo por uno de los principales órganos de conducción del Frente Amplio, el Plenario Nacional.
En esa declaración, el partido que está hoy en el gobierno afirma que hay una “campaña” en la que “diferentes medios de comunicación” junto a la oposición, tienen como fin último “debilitar la institucionalidad democrática del país”.
La declaración viene a raíz de las repercusiones que tuvo una investigación periodística llevada adelante por el diario “El Observador” sobre la veracidad del título de “licenciado” con el que se ha identificado al vicepresidente de la República, Raúl Sendic (foto).
La reacción de la mayoría de dirigentes del Frente Amplio reunida en el Plenario Nacional, ha sido cuestionar a los medios, al periodismo, y lanzar una grave e infundada acusación: que se busca “debilitar la institucionalidad democrática”. Un planteo que la APU, reiteramos, rechaza.
Quienes ocupan cargos públicos están sometidos a un análisis de sus actos por parte del periodismo. Y el periodismo puede ser objeto de quejas cuando se observa un error, pero se debe tener especial cuidado en no desembocar en cuestionamientos que se transformen en acusaciones que tengan por objetivo acallar voces.
Una sociedad plural, en la que se puedan escuchar varias voces, es clave para tener una mejor democracia.
Y a eso apunta en su tarea diaria este sindicato. Como dice nuestro Código de Ética Periodística: buscamos fortalecer el “ejercicio de un periodismo de calidad, desde la búsqueda y difusión de información, la cobertura de hechos, el rigor informativo”, al tiempo que promovemos el respeto a la privacidad y dignidad de las personas, “sin perjuicio del derecho de los periodistas a investigar y difundir información de interés público o que refiera a funcionarios o personas públicas”.
