El artículo 32 se otorgaba por favores políticos o podía comprarse. La tarifa era del 10 o 15% de la deuda a renegociar”, dispara a boca de jarro un ex funcionario de AFIP que sabe bien cómo funcionaba el sistema que permitió que Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, evadiera $ 8.000 millones en impuestos sin sufrir inconvenientes.
La fuente apuntó a Ricardo Echegaray y a dos de sus colaboradores inmediatos, Guillermo Michel (ex Aduana) y Angel Toninelli (ex DGI), como mayores responsables de esa maniobra en beneficios de empresas amigas y en perjuicio del Fisco.
Hoy la AFIP tiene abiertos ese tipo de planes por casi $ 30.000 millones. Mucho de ese dinero se considera “irrecuperable”.
El artículo 32 de la Ley 11.683 permite al titular de AFIP a habilitar planes de pago a quienes, por circunstancias extraordinarias, no pudieron hacer frente a sus obligaciones.
Desde 1998 esa “excepción” se había usado una sola vez por una catástrofe climática. Luego llegó Ciccone y todo cambió. La imprenta que pretendía Amado Boudou (hoy se llama Cia de Valores Sudamericana y tiene impagos cerca de $ 500 millones), inauguró un verdadero festival. La AFIP de Echegaray firmó 1.530 de esos planes. Suman $ 29.800 millones.
El listado de empresas tocadas por la varita mágica no se difunde por el “secreto fiscal”.
Pero Clarín pudo conocer algunos casos escandalosos. Por ejemplo, fue beneficiada Rasic Hnos., productora de los pollos Cresta Roja, que este año dejó a 3.500 personas en la calle. También logró un generoso enjuague de sus deudas la Fundación Madres de Plaza de Mayo y decenas medios de comunicación que colaboraron a construir el “relato kirchnerista”. Para renegociar básicamente los aportes patronales de sus trabajadores, recibieron el Artículo 32 varias firmas de Sergio Szpolski, del Grupo Olmos, del Grupo Indalo de López y Fabián De Sousa, del grupo Vila-Manzano, y hasta Estrella Satelital, dueña de Crónica TV.
Cristóbal López también refinanció deudas de su firma Alcalis de la Patagonia, y lo mismo hicieron Lázaro Báez para su empresa Austral y los cordobeses de Electroingeniería SA.
Los favores políticos otorgados por Echegaray, de todos modos, no son tantos en relación a la gran cantidad de firmas que debían impuestos y lograron una muy ventajosa renegociación de esos pasivos.
Hay constructoras como Benito Roggio, transportistas (incluidos los Cirigliano), alimenticias como SanCor, laboratorios como Sidus, y hasta sociedades estatales como YPF. También se permitió a muchos clubes de fútbol patear para adelante sus pasivos, incluido River, con casi $ 60 millones.
La inmensa mayoría de estos planes eran autorizados verbalmente a los titular de las agencia de la AFIP donde estaba radicado cada contribuyente, para no dejar rastros. No se permitía el camino inverso.
Además de Echegaray, Michel y Toninelli, podían intervenir en estos casos especiales el abogado Sergio Vargas, asesor directo del ex jefe de AFIP; José Bianchi, ex subdirector de Recaudación; y Guillermo Cabezas Fernández, ex subdirector de Sistemas.
Toda la línea de la AFIP sabía que ese era el único camino para acceder a un “Artículo 32”, un sistema ideado por otro colaborador de Echegaray, Rafael Resnick Brenner, refugiado en Salta luego del escándalo Ciccone.
“La decisión de otorgar un Articulo 32 no solo era discrecional sino también arbitraria, porque no se analizaban las solicitudes bajo parámetros objetivos. Así terminaba pagando menos interés una empresa que estaba en buena posición económica, como Oil Combustibles, que otra que enfrentaba realmente problemas”, dijo una fuente consultada por Clarín.
Voceros de Echegaray, ahora a cargo de la Auditoría General de la Nación, dijeron que el funcionario “ya fue investigado y sobreseído” en este asunto luego de una denuncia de la líder del ARI-CC Lilita Carrió en 2013.
El caso Oil Combustibles, sin embargo, es solo la punta del iceberg. La lista es interminable.
Fuente: Diario Clarín
