Ante las decisiones del juez en lo penal económico Alejandro Catania en una causa referida a consultoras que elaboran índices de precios al consumidor, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recuerda que la protección constitucional a las fuentes de información periodística incluye el secreto de las líneas telefónicas que, independientemente de su titularidad, puedan ser utilizadas para el desarrollo de la actividad profesional, como ya dijo la Cámara Federal de la Capital en la causa de Thomas Catan. Por otro lado, ninguna disposición legal exceptúa a los periodistas de declarar como testigos.
El magistrado investiga la eventual comisión del delito previsto en el artículo 300 inc. 1 del Código Penal que reprime a quien hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado. Con ese propósito requirió a ciertos diarios que informen si las consultoras pusieron publicidad o efectuaron otros pagos a los medios, y los nombres, domicilios y teléfonos de quienes hayan publicado artículos sobre la inflación.
El papel de los medios y periodistas es relevante para la causa y no por cuestiones éticas, sino para determinar si participaron a sabiendas en la divulgación de informes falsos. Esto no puede ser objeto de presunción sino de prueba.
El CELS se ha pronunciado reiteradamente a favor de la preservación de los derechos de los medios y periodistas a investigar y difundir informaciones y opiniones así como los del público a recibirlas. También ha actuado judicialmente para obtener acceso a la información en temas vinculados al INDEC en conjunto con investigadores universitarios. Reitera en este caso la constitucionalidad de la preservación de las fuentes de la información periodística y la conveniencia de despejar cualquier sospecha de publicaciones basadas en operaciones económicas, mucho más si ocurren a cambio de pagos explícitos o implícitos de sumas dinero.
Fuente: Centro de Estudios Sociales y Legales
El juez Catania aclararó su pedido de datos sobre periodistas
Es sólo ante una "eventual citación a prestar declaración testimonial", señaló el magistrado tras la ola de críticas recibidas por su decisión de convocar a quienes escriben sobre datos inflacionarios
El juez en lo penal económico Alejandro Catania salió a aclarar hoy que su pedido de datos de periodistas que escriben sobre índices inflacionarios es sólo ante una "eventual citación a prestar declaración testimonial", tras la ola de críticas recibidas por su decisión.
La aclaración del juez llegó a seis matutinos luego de que Catania fuese objeto de críticas por parte de la oposición y de entidades periodísticas.
El magistrado recibió cuestionamientos por intentar "coartar la libertad de expresión", al pedir datos que podrían terminar resultando intimidatorios para quienes deben difundir información.
En un nuevo oficio que llegó a los diarios, el juez aclaró que el pedido de información de los periodistas es ante "una eventual citación a prestar declaración testimonial", con lo cual trató de desmentir que haya algún tipo de persecución hacia la prensa.
"Atento a las circunstancias de público conocimiento acontecidas en el día de ayer, aclárese a los matutinos Clarín, La Nación, Ambito Financiero, El Cronista Comercial, BAE y PáginaI12, que los domicilios y teléfonos de los editores, redactores y periodistas solicitados el pasado 15 de septiembre de 2011 se refiere a domicilios y/o teléfonos en los cuales aquéllos pudieran ser contactados ante una eventual citación a prestar declaración testimonial de alguno de ellos; y no de sus domicilios y/o teléfonos personales o de uso particular", dijo el juez.
El pedido de "información" de Catania se produjo en el marco de una investigación impulsada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra consultoras que difunden sus índices inflacionarios distintos a que publica el INDEC, en medio de la creciente preocupación del gobierno por frenar toda información que aluda a la escalada de precios que se viene verificando desde hace al menos tres años.
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