El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, a cargo de Alejandro Catania, requirió a El Cronista y a otros diarios de la Capital Federal datos de los periodistas que escriben noticias sobre índices inflacionarios, en la causa penal que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, inició contra los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, titulares de M&S Consultores, por difundir índices de precios alternativos al del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC).
También pidió “suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas –editores, redactores, etc.- que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios” a partir del año 2006.
En la víspera, había librado un exhorto al FMI para que dé cuenta de los parámetros que usa para difundir la inflación del país.
Moreno querelló penalmente a los titulares de M&S consultores y a Orlando Ferreres, responsable de la consultora que lleva su nombre. Los acusa de infringir el artículo 400 del código penal, que castiga los “fraudes de comercio e industria”.
Además, emitió multas por $ 500.000 a una docena de consultoras por difundir datos de inflación alternativos.
Las proyecciones de inflación que elaboran los privados rondan en la actualidad entre el 22 y 25% anual. Están en línea con mediciones provinciales de Santa Fe y San Luis, por caso. Y aunque el Gobierno las cuestiona, son empleadas por jueces para actualizar sentencias, y gremios, para negociar paritarias. Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, fue una de las últimas dirigentes en sumar su crítica al Indec.
El último método para derrotar a la inflación: intimidar al periodismo
Por: Fernando Gonzalez, Director Periodístico fgonzalez@cronista.com
Quizás el resultado promisorio que el kirchnerismo obtuvo en las elecciones primarias del 14 de agosto haya convencido a algunos funcionarios del Gobierno de que pueden impulsar cualquier disparate a caballo del éxito en las urnas. Y, por lo visto, el triunfalismo también ha logrado su impacto en el ambiente judicial. Sólo de este modo se entiende el oficio que recibió El Cronista en el que un juez (Alejandro Catania, titular del Juzgado en lo Penal Económico Número 4) solicita los nombres, las direcciones y los teléfonos de contacto de los periodistas que suelen informar sobre los índices de inflación. La medida, que incluye a quien esto firma y al menos a una decena de periodistas más de este diario, es claramente intimidatoria y constituye un cercenamiento a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional.
Es claro para la opinión pública que la medición del efecto inflacionario sobre la economía es una de las cuestiones más conflictivas de la actualidad. A partir de 2006, el Gobierno nacional comenzó a practicar cambios en las mediciones del Indec y en el personal técnico encargado de llevar a cabo esa tarea, ya que algunos de ellos denunciaron presiones destinadas a manipular las cifras del índice de precios al consumidor. Desde entonces, los medios de comunicación informan la evolución mensual de la inflación que suministra el Indec y también los índices estimados por las provincias, las consultoras privadas y las universidades que se dedican a hacerlo.
El resultado es un índice de precios al consumidor menor al 1% mensual que estima habitualmente el Indec y un índice del doble o más de esa cifra que estiman el resto de las entidades. El Gobierno informa año a año que la inflación anual es menor al 10% y el resto estima que es superior al 20%. La respuesta de la opinión pública, a través de entrevistas, de encuestas o de las declaraciones de los actores económicos es el descreimiento cada vez más acentuado en torno a la inflación estimada por el Indec. Tanto es así que los gremios jamás negocian sus paritarias salariales en base a la inflación del Indec, sino que lo hacen en base a lo que el titular de la CGT, Hugo Moyano, llama “la inflación de las amas de casa”.
El descrédito en el que cayó el Gobierno por estas prácticas lo llevó a designar un director técnico a cargo del Indec (Norberto Itzcovich, habitual columnista de El Cronista); llevó al Congreso a elaborar también un índice de precios propio. Y llevó al ministerio de Economía a iniciar una negociación con técnicos del Fondo Monetario Internacional para explorar la elaboración de un nuevo índice de precios en el futuro.
Sin embargo, un juez quiere distraer tiempo y fondos de todos los ciudadanos para averiguar datos personales de los periodistas que informan sobre esta puja de datos que se da en la Argentina desde hace cinco años. Con métodos que retrotraen a los tiempos más oscuros de la dictadura militar, se busca intimidar al periodismo (el pedido incluye a El Cronista pero también a Ambito Financiero, Clarín, La Nación y PáginaI12) con un objetivo que se ve venir desde lejos: lograr que se consigne sólo la información del Indec, es decir, que a la ciudadanía sólo le lleguen los datos del gobierno de turno.
Fuente: Diario El Cronista
