Por: Martín Becerra
La nueva ley de televisión paga en Brasil se inscribe en un movimiento más amplio de los países latinoamericanos que están rediscutiendo su regulación sobre los medios de comunicación. La Argentina incluida, por supuesto.
La nueva ley brasileña de TV por suscripción es, además, representativa de una tradición normativa más consensualista que ese país sudamericano cultiva y que los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del ex presidente Lula da Silva y de su sucesora, Dilma Rousseff, han aplicado, haciendo un equilibrio muchas veces controversial entre actores concentrados del sistema de medios (como el poderoso grupo Globo) y radiodifusiones comunitarias y alternativas.
Esta nueva regulación, discutida durante cinco años en el Congreso brasileño, reemplaza una anterior ley de TV por cable que no contemplaba la convergencia tecnológica entre el audiovisual y las telecomunicaciones. Hoy en día, insistir en legislaciones divergentes en el contexto de la convergencia digital resulta anacrónico.
Por eso, un punto crucial de la nueva ley en Brasil permite a las telefónicas ingresar en el negocio de la distribución de señales, pero no a la producción de contenidos, con lo que grupos como Globo preservan el control de un sector no sólo importante en términos culturales, sino también económicos. Globo comprendió que no puede bloquear el ingreso de las telefónicas a los medios y, pragmáticamente, resolvió consolidar su destacada posición como productor de contenidos audiovisuales.
Hay otros países en los que la diferencia entre distribución y producción de contenidos es sostenida por la legislación para impedir el abuso de posiciones dominantes.
Asimismo, la nueva ley de TV paga permite al capital extranjero operar las redes de provisión de servicios, pero, al mantenerse la disposición constitucional de tolerar sólo hasta el 30 por ciento de capital extranjero en canales de radio y televisión, en la práctica Brasil busca atraer capitales en el sector de infraestructuras de red sin por eso lesionar el delicado vínculo entre las industrias culturales y la identidad nacional. Además, un tercio de las señales de pago que se distribuyan en las redes deberán ser de producción brasileña.
Otra novedad que introduce esta regulación en Brasil es en los contenidos. Se exige no sólo un porcentaje importante de producción nacional, sino además altas cuotas de producción independiente en el horario central de los canales de televisión. Las distribuidoras de cable deberán, además, incorporar al menos dos canales de noticias con diferente línea editorial, para estimular la pluralidad de información.
Financiamiento
En la nueva ley, promulgada anteayer por la presidenta Rousseff para la producción de contenidos diversos e independientes, se destinan fondos específicos, dados el costo que conlleva y la necesidad de crear estímulos por fuera de las reglas del mercado publicitario.
En resumen, se trata de una ley que es novedosa en el contexto de las nuevas regulaciones en América latina, que reconoce la lógica convergente de las industrias de medios y de telecomunicaciones pero establece, asimismo, exigencias a los operadores que deseen cruzar las fronteras.
Y que, comprendiendo la tendencia a la concentración de la propiedad que tienen estas actividades, busca un equilibrio a través de nuevas obligaciones a los grupos de comunicación para alentar contenidos locales, federales y diversos.
El autor es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y del Conicet
Fuente: Diario La Nación
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