En la Argentina, la democracia aún, luego de 25 años, tiene una deuda impaga, que debe ser saldada.
Por mérito y por necesidad, la Argentina está a las puertas de darse un marco jurídico que democratice la palabra pública. Este es el tiempo, los argentinos parecemos haber advertido que el futuro tecnológico ya está aquí haciendo necia y mezquina cualquier oposición tanto como miope todo desmerecimiento de su magnitud.
El espacio mediático se amplia potencialmente y esa extensión en la disponibilidad de señales y sitios de expresión no puede quedar reducida en el mejor de los casos a las reglas de mercado y en el peor a sus manipulaciones y caprichos. La cuestión de la comunicación en cualquier democracia solvente es una cuestión de la cultura porque a nadie escapa que la palabra es consustancial al desarrollo humano.
Coherente con el cometido de elevar el nivel institucional de la República, el gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner impulsa seriamente, por primera vez en 25 años de Democracia, una ley que garantice un espacio comunicacional múltiple, abierto y participativo. Por eso este año electoral, año comprendido como de profundización del debate de los grandes temas, es el año de la Ley de Medios.
La ley, para que lo sea con mayúscula, será la Ley de todos. De los actores directos y de la comunidad en su conjunto. De manera que nadie puede distraerse en la consideración de que se trata de un asunto de competencia profesional o de una porción del mercado, sino que mucho más que eso, resulta un impulso en el proceso de democratización de la sociedad argentina.
Es que está en juego, nada más y nada menos, que la reconstrucción de un espacio democratizado de la palabra pública, único espacio que puede garantizar el derecho a la información y con él, la añadidura de las libertades de expresión y de prensa, pero más aún, la apertura al diseño del futuro en el que no pueden haber voces ausentes o silenciadas.
La ausencia de la ley hace de las sociedades un campo prolífico de desigualdades jurídicas que se traducen necesariamente en injusticias.
Los medios no son góndolas en un supermercado simbólico. Son “el sitio” en donde se recrea y expresa la riqueza potencial y actual de una comunidad y de su cultura.
No puede reducirse la cuestión de fondo y la razón de ser de esta norma con la relación coyuntural de un gobierno y los distintos actores de la comunicación sin empequeñecerse el debate llevándolo a niveles de intereses subalternos. Si se piensa solamente en el salto tecnológico de la digitalización se advierte claramente el horizonte abierto y los nuevos espacios que los argentinos debemos ocupar en la generación de nuestros propios relatos. Estamos parados en la oportunidad y debemos estar preparados para afrontarla.
Con una gran participación de organizaciones y una amplia representatividad de carácter federal se gestaron los 21 puntos para una comunicación democrática en los que se expresa el espíritu de la ley debida. En el último tiempo numerosas legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes han adherido a los 21 puntos. La propia Cámara de Diputados aprobó una Declaración adhiriendo por amplia mayoría a la propuesta base.
Los objetivos primarios de la norma son claros: Nuevas tecnologías y servicios, transición a los servicios digitales, garantía de participación de todos los actores en el nuevo espectro; reservas en la administración del espectro radioeléctrico a personas jurídicas sin fin de lucro; limitación de la propiedad de habilitaciones para evitar los monopolios; responsabilidad social y pública garantizando pluralidad de contenidos; régimen especial para emisoras de baja potencia; las presencias indispensables de la cultura nacional y popular de los argentinos.
Estas bases son el resultado del consenso y el debate que se ha venido dando una gran parte de la sociedad durante los últimos cinco años.
Los poderes de la República tienen en el 2009 desafíos fundamentales. El país valiente y tozudamente sigue trazando su propio destino en medio de una crisis internacional que va desde lo económico hasta lo bélico y que obliga a reflexionar y actuar a cada momento con premura y sin dilaciones. El modelo económico, la redistribución, la política internacional hacia el bloque regional y hacia el mundo, son todos asuntos en lo que la Argentina tiene que definirse con precisión y con celeridad. Escuchar, pensar y decir le requiere a la Argentina de hoy un espacio plural, abierto y abarcativo en el ejercicio de la palabra pública para ue esas posiciones tengan la firmeza y la seguridad del respaldo de toda la ciudadanía. El país necesita escuchar, pensar y decir. Por eso es éste, sin duda, el año de la ley.
Fuente: The Rudy´s Times
