La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión confirmaron su interés en establecer estándares en aspectos relacionados con la libertad de expresión, en especial sobre legislación en radio y TV comunitaria.
Ocurrió tras una solicitud planteada por la AMARC-ALC y otras importantes organizaciones de la Sociedad Civil americana, según informó Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Participó de la audiencia el presidente de la CIDH, Paolo Carozza, junto a los comisionados Víctor Abramovich y Luz Patricia Mejía, a quienes acompañó Catalina Botero, la nueva relatora especial para la Libertad de Expresión. Los peticionarios estuvieron representados por Aleida Calleja y Gustavo Gómez de AMARC-ALC, el doctor Damián Loreti, asesor jurídico de AMARC y directivo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina), junto a Darian Pavli, del Open Society Institute de Nueva York.
La doctora Botero adelantó que durante 2009 se realizará una serie de talleres y seminarios para abordar este tema, en donde se pondrá a consideración el documento con la Declaración de "Principios para un Marco Regulatorio Democrático sobre Radio y TV Comunitaria, presentado por AMARC en la audiencia, como borrador para la elaboración de un estándar interamericano compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión de la OEA.
La CIDH y la Relatoría se mostraron de acuerdo en considerar esta propuesta como un insumo fundamental para este proceso, atentos al nivel profesional de la propuesta y el respaldo de numerosas y reconocidas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el entorno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
También hubo receptividad e interés en atender la solicitud para iniciar un estudio temático que releve la compatibilidad de las reglamentaciones y prácticas estatales vigentes en materia de radiodifusión en los países del sistema, en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH. El estudio podría iniciarse en 2010.