Por Diego Martínez
Hace apenas diez años que Catalina Botero Marino se recibió de abogada, pero ostenta una extensa trayectoria académica y profesional.
En julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la eligió relatora especial para la Libertad de Expresión, cargo creado en 1998 para garantizar la protección y promoción de las libertades de pensamiento y expresión. Como el marco de visita académica a la Argentina le impide pronunciarse sobre temas concretos del país, preguntas y respuestas se formulan y responden en abstracto, como malabaristas que dialogan sobre un país imaginario.–¿Cuáles son las prioridades de su agenda?
–Son cinco. Los asesinatos o agresiones violentas a periodistas y la lucha contra su impunidad. La criminalización, de la prensa y de la protesta social. La censura, directa o indirecta. El acceso a la información. Y el pluralismo y la diversidad. El Estado debe crear condiciones estructurales para que haya voces plurales y diversas. No basta con que haya muchos, porque pueden decir lo mismo.
–¿Qué riesgos trae aparejados una ley de radiodifusión sancionada durante una dictadura que prescribe el lucro como lógica dominante de los medios?
–En una sociedad en la que todos compiten en igualdad de condiciones no sería problemática. Sí cuando hay sectores que no pueden entrar al mercado. El Estado debe garantizar que todos los sectores puedan acceder a los medios, que no haya monopolios en la propiedad, en el dominio de la audiencia y en el discurso. Eso se garantiza a través de leyes que premien a sectores no tradicionales, a minorías culturales o raciales, que establezcan franjas especiales para quienes no pueden entrar en el mercado comercial, que promuevan medios con información pública que los particulares en general no producen porque no es rentable.
–¿Es un problema generalizado en América latina?
–Hay honrosísimas excepciones, como Uruguay.
–¿Puede actuar la Relatoría frente a grandes grupos económicos que utilizan sus medios para extorsionar a sus adversarios?
–El mandato es el de garantizar que los Estados creen condiciones estructurales para que haya diversidad y pluralismo. Si existen y los Estados pueden responder a las críticas, hablar de extorsión es desproporcionado. Si no existen es porque el Estado no supo generarlas.
–¿Qué riesgos corre un país cuando se renuevan automáticamente las licencias de televisión sin exigir ninguna contraprestación?
–Las licencias y las frecuencias no les pertenecen al Estado ni a los medios sino a la sociedad. Cuando se entrega en concesión un bien social tiene que haber una contraprestación. Lo contrario sería disponer de bienes como si fueran regalados. La asignación de frecuencias es un tema de altísima relevancia: es el único medio a través del cual garantizar que exista pluralismo, un debate desinhibido, abierto.
–Si la renovación se consumó a cambio de nada, ¿a qué instancia se le debe exigir rever esa decisión?
–Es un problema de cada Estado, de derechos adquiridos. El Estado debe tener leyes de radiodifusión de manera tal que la asignación sea un asunto debatido en audiencias públicas. Debe haber criterios plurales para que toda la sociedad se enriquezca en ese proceso.
–¿Es el Congreso el lugar más idóneo para dar la discusión?
–Lo debe resolver cada Estado. Lo importante es respetar los principios: asignaciones no discrecionales, sin influencias partidistas, hechas por un órgano independiente del Ejecutivo...
–Mucho menos el Ejecutivo mismo.
–O, si lo hace, que sea en un proceso transparente, con control, reglas claras, que no discriminen. Una política que establezca como requisito el mayor capital discrimina a quien no lo tiene. Se necesitan garantías de inclusión. Son principios básicos que existen en Europa, Canadá, Uruguay. El gran salto institucional de un gobierno es aceptar ese reto. Lo más grave es el proceso de digitalización que se viene. Hoy las frecuencias funcionan a través del espectro electromagnético, que es finito, pero el dividendo digital es infinito. El gran reto de Estados, gobiernos democráticos y sociedades civiles comprometidas es formular reglas para que no se monopolice el proceso de digitalización. Es algo que nadie parece saber porque se esconde detrás de problemáticas técnicas, pero es lo mismo: asignación de frecuencias.
–Desde 1999 todos los gobiernos argentinos ratificaron su compromiso de despenalizar los delitos de calumnias e injurias, pero ninguno cumplió con su palabra, y la sugerencia se convirtió este año en una orden de la Corte Interamericana, en el caso Kimel. ¿Por qué la clase política se niega a renunciar a la posibilidad de perseguir periodistas con el Código Penal?
–Es un fenómeno extraño. Pese a que no se condena a los periodistas, los funcionarios no quieren perder esa herramienta, como si temieran quedarse desnudos frente a la omnipotencia de la prensa. Es falso. Nadie puede estar inerme frente a acusaciones injustas, pero cualquier medida de control a la prensa debe generar el menor costo sobre la libertad de expresión. Una medida que tenga un efecto inhibitorio, a sí sea mínimo, debe replantearse. Despenalizar las calumnias y las injurias no significa caer en el reino de la mentira o el insulto. Existen mecanismos de protección del honor y la intimidad mucho más democráticos: las sanciones civiles proporcionadas. La utilización del derecho penal inhibe la crítica y la investigación. Si las figuras de calumnias e injurias no se aplican, no deberían existir.
–¿Qué tan útiles son las leyes de acceso a la información cuando en la cultura política perduran prácticas de ocultamiento y poca transparencia?
–El primer efecto de una ley o una sentencia judicial es que impacta en la cultura. Suele haber una idea de que el funcionario decide si entrega o no la información en virtud de su propio juicio, pero cuando hay una ley y jueces independientes, la cultura cambia rapidísimo. Claro que no basta con la ley, hacen falta también procesos de capacitación...
–Y que los periodistas las conozcan.
–Los periodistas no tienen incorporado el lenguaje de los derechos. Cuando piden información plantean una exigencia política o moral, pero no usan la carta del derecho. Hacen falta procesos de capacitación, medidas de implementación, determinar quién custodia y administra información.
–La Corte argentina dictó una acordada para que un tribunal garantice el principio de publicidad, pero fue burlada. ¿A quién recurrir cuando los encargados de garantizar los principios los violan?
–La Corte argentina es una corte estrella en el continente en materia de aplicación de estándares internacionales. El gran giro que dio el derecho constitucional en Europa desde la Segunda Guerra y en América latina tras las dictaduras es que los Estados no se centren en defender la autoridad, el orden y la moral sino a los ciudadanos, y la Corte está dando ese giro. La acordada es muy importante. Si no se cumple habrá que agotar los mecanismos internos para que el sistema interamericano estudie el caso.
–La publicidad oficial sigue siendo una herramienta para premiar o castigar. ¿Cuál es el método más idóneo para distribuirla?
–No se debe confundir pauta publicitaria con subsidios. La pauta es la información que el Estado necesita publicar para cumplir sus funciones. El Estado debe llegar a cada audiencia sin discriminación, con reglas claras, mediciones responsables, no utilizar la pauta de manera discrecional como ocurrió en el caso de (Neuquén contra) el diario Río Negro.
–¿Existen en Sudamérica reglas claras o todo es tácito y arbitrario?
–Todo es tácito. Sólo algunas provincias y municipios están haciendo el ejercicio. Instalar el tema es costoso. Hay estados de cosas que una nueva distribución de la publicidad va a afectar y los Estados prefieren no dar la pelea. Sólo la dan quienes llegaron a través de procesos democráticos y tienen mucha fuerza y capital político. No es fácil. Los medios que han recibido publicidad van a sentir que se afectará su statu quo y las agencias estatales que han logrado mantener más o menos tranquila a la prensa también se van a molestar. La regulación de la publicidad oficial es un tema aún más difícil que una ley de acceso a la información.
–¿Es un buen momento para avanzar en estos temas? Distintos gobiernos internalizaron, al menos en sus discursos, principios de derechos humanos.
–En materia de libertad de expresión no estamos en el peor lugar del mundo ni en el peor momento de la historia del continente. Las sociedades civiles se han fortalecido, la conciencia democrática es generalizada, hay vigorosos debates ideológicos. Pero la historia de la humanidad muestra que no siempre vamos hacia arriba sino en espiral.
–Bajamos demasiado seguido.
–Bajamos, volvemos, nos estancamos. Estamos en un buen momento pero siempre hay riesgo de retroceder. Por eso hay que estar absolutamente vigilantes, incluso en los Estados que parecen más civilizados y con culturas democráticas más asentadas y arraigadas.
Fuente: PáginaI12
