El fallo constituye un atropello contra los trabajadores de los medios de comunicación y contra el conjunto del movimiento obrero, y demuestra una intromisión inadmisible de la jueza en la representación obrera.
Dice la jueza que pintar paredes para rebelarse contra el patrón que no paga los salarios ni el aguinaldo, que retiene el dinero de la cuota alimentaria a los hijos de sus trabajadores, que somete a sus trabajadores a condiciones laborales indignas, que no realiza aportes previsionales, que no les paga a las obras sociales el aporte que les retiene a los trabajadores; rebelarse contra todo eso, dice la jueza, es un delito; dice que hacerlo es un acto de vandalismo que justifica el despido de un trabajador, que además es delegado gremial.
Exigimos la revisión de este fallo por violento, por ignorar el contexto y la gravedad de la situación que padecen decenas de familias, por distorsionar la conducta solidaria de un delegado gremial al punto de convertirla caprichosamente en delito. Reclamamos también la intervención de los organismos competentes para restablecer los derechos vulnerados a los trabajadores, hecho que también desconoce la jueza Murawnik, al negar los innumerables reclamos administrativos y judiciales que vienen realizando los trabajadores y que son de dominio público.
Resulta angustiante para nosotros, y vergonzoso para el sistema de justicia, que una jueza se aparte como lo hizo de sus funciones (y del derecho), pretenda juzgar el desempeño de un delegado gremial y, sobre todo, se atreva a responsabilizarlo por los flagrantes incumplimientos de la patronal.
Dice la jueza: “Si los testigos hablan de problemas que datan de años atrás y que han venido soportando, ignoro a ciencia cierta cuál es la real representatividad del delegado gremial, qué hacía por sus compañeros para que cobren los salarios supuestamente atrasados y la falta de aportes, reclamaba, a quién. Pintar las paredes como único medio de presión me parece que trasluce la ineficacia de la representatividad sindical que ostenta el delegado gremial, nada más ni nada menos que delegado, es un fracaso, porque bien podría haber instado acciones administrativas y judiciales a fines de la protección de los derechos de sus compañeros y no limitarse a hacer ruido con manifestaciones y salir a pintar las paredes de la propiedad del empleador, realmente no observo que la representatividad del delegado gremial haya sido un éxito”.
¿Por qué no consulta la jueza todos los esfuerzos de los trabajadores, junto a sus delegados, para reclamar derechos pisoteados? ¿Qué autoridad se atribuye para descalificar a un representante obrero, cuando no es ella trabajadora de la empresa? Siguiendo su enredada forma de razonar, se entenderá que cuanto más eficaces y perversos sean los atropellos patronales, más fácil les será echar a los obreros solidarios.
Repudiamos el fallo que, desde todos sus flancos, configura un ataque al derecho constitucional que como trabajadores tenemos de reclamar a los patrones y, en consecuencia, un ataque al conjunto de los trabajadores y a la sociedad toda por la vulneración del derecho a protestar.
Nuestra solidaridad con el compañero Fabián Larrea.
Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación
