“Hay que luchar contra la guetificación de los temas de género. Tenemos un piso firme del feminismo que nos da seguridad, pero hay que seguir pensando, no quedarse ahí”, Rita SegatoLas y los periodistas que integramos la Red PAR, reunidas/os los días 19 y 20 de agosto en nuestro XII Encuentro Nacional, en la ciudad de Rosario, expresamos que:
Reclamamos el cumplimiento integral de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, particularmente en las políticas de género: designación del/la Defensor/a del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (el organismo está bajo una titularidad interina desde noviembre del 2016), implementación de sanciones por violencia mediática por parte del ENaCom, y efectivo funcionamiento de la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual.
Lamentamos la disolución del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, a la vez que valoramos que el nuevo Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática opere sobre múltiples soportes. Denunciamos que los cambios introducidos a la LSCA profundizaron la concentración histórica de los medios de Argentina provocando una mayor precarización laboral que afecta particularmente a las mujeres periodistas ya que están vinculadas a las empresas con contratos de mayor informalidad.
Vemos con preocupación que muchas radios públicas y privadas de todo el territorio nacional, particularmente FM, han eliminado sus programaciones locales y retransmiten en forma parcial o integral contenidos producidos en la Ciudad de Buenos Aires, con los perjuicios que esto acarrea a nivel informativo (falta de tratamiento periodístico de temas regionales) y laboral (despidos de quienes realizaban esas tareas).
Alertamos sobre la pérdida de voces del ámbito alternativo y comunitario de la comunicación debido a la falta de pago de subsidios ya otorgados de los Fondos Concursables de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) y a la reducción de las lineas de financiamiento a nivel federal.
Por otra parte, en el ámbito académico, destacamos que diversas carreras de comunicación de todo el país están trabajando en la implementación de materias y ejes transversales vinculados a género dentro de la currícula obligatoria u optativa (UNCUYO, UNR, UBA, UNLP, UNC, UNSA, UNICEN y UNDAV, entre otras).
En relación con la cobertura de la violencia de género, valoramos que el tema esté instalado en la agenda informativa; sin embargo, vemos con preocupación que su tratamiento es inadecuado: no se consideran las desigualdades de género como causa de la violencia y el abordaje es morboso, lo cual fortalece la imagen del victimario. Recordamos, como dice el artículo 4 del Decálogo para el Tratamiento Periodístico de la Violencia contra las Mujeres de la Red PAR que lo importante es proteger a la víctima y no al agresor. En el caso de las violencias sufridas por mujeres trans, cuya máxima expresión son los travesticidios, el tema ni siquiera está en agenda y, sus escasos abordajes, suelen ser estigmatizantes.
En cuanto al funcionamiento del Estado, no sólo sobre comunicación y género, nos alarma la falta de financiamiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional de los programas que sostienen las políticas de género (Educación Sexual Integral, Salud Sexual y Reproductiva, Programa Ellas Hacen, Centros de Actividades Infantiles y Juveniles) y del Poder Judicial en relación con la falta de formación en género de las/os operadoras/es de justicia.
En este contexto, repudiamos la criminalización de la protesta social y política por parte del Estado y, en particular, la detención e imputación judicial de mujeres activistas en las manifestaciones del 8 de marzo del 2017.
Este mismo Estado patriarcal es ineficiente en la protección y búsqueda de mujeres que han desaparecido como víctimas de redes de trata o de otras múltiples formas de violencia. Dos hechos de los últimos tiempos son particularmente alarmantes: el hostigamiento y persecución a la dirigente social y política Milagro Sala y a otras personas que integran la organización social Tupac Amaru, y la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de Gendarmería Nacional en el marco de la represión a los pueblos indígenas.
En este contexto de retroceso de garantías, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y celebramos el fortalecimiento del movimiento feminista que en los últimos tiempos ha crecido en organización y visibilidad.
