Necesitamos que todos los sectores, y especialmente los Diputados y Senadores que protagonizarán el próximo período parlamentario, se comprometan y actualicen los principios de una legislación democrática de las comunicaciones. Con autoridades independientes, participación federal, promoción del trabajo vinculado a las industrias culturales, la defensa de los contenidos y el cumplimiento de las cuotas de producción audiovisual nacional. Estas y otras banderas, como la tarifa social o el acceso a contenidos deportivos de interés relevante, son la base del Compromiso que proponemos.
Acompañanos para que la comunicación vuelva a ser un derecho amparado en la legalidad constitucional y no el privilegio de una minoría.
Compromiso por el derecho a la comunicación, el trabajo y la producción nacional
Este 27 de agosto de 2017, Día de la Radiodifusión y aniversario de la Iniciativa Ciudadana de los 21 Puntos por una Comunicación Democrática (1), quienes abajo firmamos renovamos el compromiso de trabajar por la ratificación en el plano jurídico interno del derecho humano a la comunicación como bien social de acceso universal.
Invitamos a suscribir y compartir este documento como un modo de expandir el reconocimiento del derecho a la información y a la libertad de expresión del pueblo argentino y del valor esencial de la realización de bienes y servicios culturales con identidad nacional (2).
Porque ya se pudo, como una conquista del conjunto, demandamos al Estado Nacional observar y respetar los principios de universalidad y progresividad que consagran los tratados internacionales de derechos humanos y de diversidad y pluralismo.
Ello requiere legislaciones y políticas públicas que aseguren:
Documento de trabajo aprobado en el Plenario Nacional del 2 de Agosto de 2017 en el Sindicato Argentino de Televisión.
- La creación de autoridades de aplicación independientes de los poderes económicos y políticos; de carácter federal, con participación de la sociedad civil, que prioricen la normalización democrática del espectro. Privilegiar la inclusión de prestadores y no perseguir a quienes no han tenido la oportunidad de regularizarse.
- Más medios y más pantallas, con cuotas de pantalla aseguradas, en todos los soportes y tecnologías, para garantizar el acceso a contenidos nacionales y locales, información, entretenimiento y educación, con diversidad y pluralismo.
- Acceso gratuito a contenidos de interés relevante como los espectáculos deportivos o artísticos en las diversas plataformas mediante la oferta pública previa de derechos de exhibición.
- Frente a abonos abusivos en telefonía móvil, conectividad y televisión de pago: precios regulados y tarifas sociales cuando corresponda.
- Más trabajo argentino de calidad, como expresión de la identidad local y nacional merced al cumplimiento de cuotas de producción nacional, propia, local e independiente en los medios.
- Fomento y protección del espacio audiovisual nacional. Plena y efectiva asignación de fondos específicos colectados de los operadores de servicios de comunicación, conectividad y plataformas de contenidos internacionales.
- El salto tecnológico en condiciones simétricas para todas las plataformas, mediante igualdad de oportunidades de desarrollo, promoción y protección para todos los tipos de prestadores, debiendo prestar especial atención a los medios comunitarios, de pueblos originarios, sin fines de lucro, universitarios, públicos y estatales.
- La protección a públicos, usuarias y usuarios frente a la concentración indebida de prestadores y operadores, por medio de: topes de concentración nacional, local y de mercados; de regulación del usufructo de recursos escasos; de la garantía de acceso a servicios, y libertad de elección de operadores.
- Implementación de las medidas asimétricas y el financiamiento ordenados por ley para proteger a PyMEs y prestadores sin fines de lucro ante las posiciones dominantes de mercado.
- Pleno funcionamiento de los organismos estatales destinados a proteger y promover los derechos de las audiencias de los servicios de comunicación audiovisual.
- Resguardo y protección de los derechos laborales, culturales y artísticos de los trabajadores y las trabajadoras de las industrias de la comunicación.
- Mecanismos desmonopolizados de acceso gratuito a internet como herramienta imprescindible para la vida ciudadana y la relación de los sujetos con el Estado.
- Protección de todas las voces mediante reglas de distribución de publicidad oficial no discriminatorias y políticas de fomento orientadas a los operadores comunitarios, de pueblos originarios, cooperativas y otras de la economía social y de la pequeña y mediana empresa, en toda la cadena de valor de los servicios de comunicación.
- Respeto y ampliación de los derechos de la infancia, de las mujeres, de las personas LGTBI, de las personas con discapacidad, migrantes y pueblos originarios y otros sectores vulnerados en el acceso a servicios audiovisuales y a los servicios TIC, así como en el modo en que son representadas en las producciones audiovisuales.
- Derogación del DNU 267/2015 y revisión de sus efectos, a la espera de su declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema. Debate amplio y plural sobre la actualización de las leyes de comunicación.
- Presentados por la Coalición por una Comunicación Democrática, el 27 de agosto de 2004.
- Este documento es coherente y consecuente con los 21 Nuevos Puntos aprobados el 3 de marzo de 2016 en el Congreso Nacional por una Comunicación Democrática.
