–¿Qué intereses están en disputa?
–El monopolio de la telefonía fija, en primera instancia, donde Telefónica y Telecom abso
rben el 95%, y el de la móvil, donde ambas absorben más del 60%, involucrando también el mercado de internet. Pero hay que tener en cuenta el triple play (telefonía, cable e internet) que significa la posibilidad de competir con la TV por cable, ya que tecnológicamente están instalados con fibra óptica y sólo hay restricción legal.–¿Qué se juega en el negocio a futuro?
–En el horizonte tecnológico está ya probada la emisión de señales por las redes de electricidad, que implica la posibilidad de que el transporte de datos compita con las transportadoras de electricidad. Dados los intereses en juego no puede quedar sin regulación todo este proceso, y se sabe que cuanto más concentrado está el esquema, más capacidad de lobby.
–¿Qué debe hacer el Gobierno?
–Obligar a notificar la operación, ya que, en principio, las empresas se negaban a ese trámite. Cuando yo era presidente (de Defensa de la Competencia) tuve que iniciar una diligencia preliminar derivada de las informaciones de prensa. La ley obliga a notificar en el plazo de una semana después de realizada la operación, situación que habría que corregir ya que es un absurdo que se intervenga después de que se haga la fusión de hecho, aunque se pueda prohibir luego. Este caso pasó un año, lo que deriva en la posibilidad de aplicar una multa de hasta un millón de pesos por día por no haber notificado.
–¿Cree que el Gobierno está dispuesto a actuar de esa manera?
–Es importante obligar a notificar, ya que por los argumentos que utilizó la empresa, en los cuales se decía que no hay toma de control, esto implica en la práctica decir que hay control de Telefónica sobre Telecom, y en consecuencia se están violando los pliegos de la licitación del año 1992, que prohíben la injerencia de accionistas de una empresa en la otra.
–¿Hubo casos similares en la región?
–Hubo un caso en Brasil, se trataba del mercado de telefonía móvil. Allí se le puso condicionamientos, pero no se prohibió. Era un antecedente que las empresas citaban a favor para no notificar en Argentina. Pero son mercados relevantes diferentes, es mucho más estratégico lo que pasa acá.
Fuente: Crítica de la Argentina
