Por Javier Torres Molina*
A raíz del tratamiento que principalmente el Grupo Clarín realizó sobre el conflicto con los productores del “campo”, desde el gobierno se desempolvó el debate sobre la necesidad de contar con una nueva Ley de Radiodifusión que ponga fin a la concentración mediática y que democratice la comunicación.
Cristina Fernández de Kirchner recibió a representantes de varios organismos de la radiodifusión y aunque aún no ha circulado ningún borrador, la futura norma se denominaría Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se espera que durante el mes de junio se presente el proyecto para que el Congreso de la Nación comience su tratamiento.
Los primeros en reunirse con la presidenta fueron los integrantes de la
Coalición por una Radiodifusión Democrática, un espacio motorizado por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo) que reúne a diversos agrupamientos relacionados con la comunicación, el ámbito académico y organizaciones sociales oficialistas.
En el año 2001 la Coalición elaboró los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”, una serie de principios que promueven una efectiva democratización de las comunicaciones, entre los que se destacan la reserva de un 33 por ciento de las frecuencias radioeléctricas para las organizaciones sin fines de lucro. Voceros de la coalición y del ComFeR afirman que el proyecto del gobierno se estaría elaborando en base a esos puntos, cuestión que de aplicarse contrastaría con la política de medios que el gobierno viene desarrollando en la materia.
El ordenamiento legal que regula todo lo concerniente a la radio y televisión está definido por la ley 22.285 y fue elaborada durante la última dictadura militar en 1980, por lo que está inspirada bajo la doctrina de seguridad nacional y se la califica como verticalista, centralista y autoritaria. Además, bajo la presidencia de Carlos Menem se realizaron varias reformas que tuvieron como resultado un sistema cada vez más trasnacionalizado y concentrado a medida de los grandes medios que se fueron transformando en multimedios, a costa de los medios de comunicación independientes.
Es decir que la normativa vigente es hija de la dictadura militar y el neoliberalismo, por lo que su reemplazo –de acuerdo a su contenido- significaría un logro de las organizaciones de medios comunitarios y de los distintos ámbitos académicos que desde hace tiempo reclaman un cambio en las reglas de juego.
Bajo las presidencias de Alfonsín, Menem y De la Rúa se elaboraron diferentes proyectos de ley de radiodifusión, pero ninguno ellos alteraba sustancialmente el sistema de medios en Argentina, incluido el que elaboró en el 2001 el actual presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, Gustavo López, cuando estuvo al frente del ComFeR durante el último gobierno radical.
Al igual que más de cuarenta proyectos de ley que presentaron los legisladores en casi un cuarto de siglo de sistema democrático, esos proyectos se archivaron en el Congreso Nacional sin nunca ser ni siquiera discutidos, cuestión que sin dudas favoreció a las empresas privadas de los medios de comunicación.
Pero más allá de la actual retórica del nuevo presidente del ComFeR Gabriel Mariotto sobre la necesidad de democratizar la comunicación y terminar con los monopolios informativos, toda la política que el kirchnerismo elaboró en materia de radiodifusión benefició a los grupos mediáticos concentrados.
Bajo la presidencia de Néstor Kirchner se firmó el decreto 527 del 2005 que suspendió los plazos de las licitaciones de los medios que se habían privatizado bajo el menemismo –casi todos- y que se estaban por vencer, por lo que esos adjudicatarios se vieron beneficiados con una renovación automática de las licencias por diez años, perdiéndose una clara oportunidad de reconfigurar el sistema de medios en Argentina. “Somos absolutamente conscientes de que el huracán que arrasó a la Argentina también golpeó fuertemente a los dueños de los medios nacionales y que en muchos casos quedaron en una situación de desprotección muy fuerte", decía Kirchner en la Casa Rosada el 20 de mayo de ese año al anunciar la firma del decreto, en un salón colmado con la presencia de los dueños de los principales medios de comunicación que agradecían el gesto presidencial que fortalecía su poder.
También durante ese año el Congreso Nacional derogó el obstáculo que impedía a las organizaciones comunitarias acceder a las licencias de medios. Transcurrieron casi tres años de esa reforma y no se ha alterado el sistema de medios, en el sentido que siguen bajo las mismas manos y el gobierno otorgó solo un puñado de licencias de radios a organizaciones no comerciales, ya que no hubo una política de estímulo para que ese tipo de organizaciones accedan a los medios.
Pero además el gobierno aceptó la venta de Cablevisión en favor de Multicanal, por lo que ahora el Grupo Clarín controla el 90 por ciento del cable de Argentina, el mercado más importante de Sudamérica de acuerdo a la cantidad de abonados y a la rentabilidad que brinda la publicidad.
Detrás de escena
Sin embargo, además de aquellos que promueven la democratización de las comunicaciones, existe otro sector interesado en que se cambien las reglas del juego: las empresas de telecomunicaciones.
La actual ley deja afuera del negocio de la radiodifusión a las empresas prestadoras de servicios públicos como son las telefónicas –más allá de que en Telefé intervenga Telefónica de España- y desde hace años está por desembarcar la televisión digital -actualmente la televisión en nuestro país es analógica- por lo que se está definiendo la norma que regirá en Argentina. Esa decisión implica un negocio millonario y las opciones son entre las normas norteamericana, europea o japonesa. Los lobbistas de los dos primeros son nada más ni nada menos que el embajador de los Estados Unidos en Argentina y el rey de España, respectivamente. Y el encargado de definir la controversia no es otro que el Ministro de Planificación Julio De Vido.
La posibilidad de que se elija determinada norma implica un negocio asegurado para algunas empresas, ya que en este aspecto no solo interviene lo relacionado a la transmisión de la televisión de aire, sino que intervienen además desde las compañías que fabrican televisores y equipos de TV, receptores, codificadores, los servicios de TV digital codificados y hasta las empresas prestadoras y fabricantes de la telefonía celular y de servicios de internet. Se trata de lo que se denomina el proceso de convergencia, que es la fusión de las telecomunicaciones y la informática en la aplicación de los distintos soportes tecnológicos que tiene consecuencia en la emisión y difusión de imágenes y sonidos y esa es la batalla mediática más importante que se está desarrollando.
Más allá de la retórica de intentar acabar con los monopolios informativos, existe la posibilidad de que el gobierno fortalezca a algún conglomerado privado de los que ya están operando que sea capaz de competir con el Grupo Clarín –si es que antes no se produce alguna negociación, como ya ha trascendido, que vuelva a encarrilar la relación entre dos socios- abriendo el juego a las empresas telefónicas, que podrían convertirse en actores principales. Además se permitiría que en Capital Federal se instale la empresa Omnivisión para que brinde servicios de cable, después de que desde el año 2000 obtenga su licencia y por “trabas burocráticas” no pudo comenzar a operar.
El contenido del proyecto servirá para saber –si se convierte en ley- si se continúa legislando para el mercado o se democratizan las comunicaciones.
Pero también existe la posibilidad que se implemente un nuevo marco legal que favorezca a las empresas de telecomunicaciones y que a la vez incorpore algunos de los elementos que integran el derecho a la comunicación, para luego presentarse esos cambios como “democráticos y progresistas”.
Como se expresa al final de las series televisivas, esta historia continuará...aunque difícilmente la sigamos por los grandes medios.
* Autor del libro “La Ley maldita. Leyes y decretos en la radiodifusión argentina y proyectos legislativos en un cuarto de siglo” que próximamente publicará la Editorial de la Universidad de La Plata (EDULP).
Vía: Prensa De Frente
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