Los artículos mencionados reemplazan al anterior artículo 11. En el actual artículo 16 se reconoce la libertad de pensamiento y de expresión sin censura previa, pero se introduce un condicionamiento preocupante al supeditar las responsabilidades ulteriores a un concepto amplio, genérico e indefinido como el “interés general”. Esta ambigüedad puede dar lugar a regulaciones que atenten contra la libertad de expresión.
Además, el texto omite condenar explícitamente la violencia discursiva, los discursos de odio, la discriminación y la difusión de información falsa. En cuanto a la actividad periodística, se la protege apelando a una "ética" mencionada de forma vaga. Recordamos que, desde 2007, lxs trabajadorxs de prensa contamos con una Declaración de Principios sobre Ética Periodística, elaborada colectivamente y plenamente vigente.
Si bien se valora la incorporación del secreto profesional y del derecho de acceso a la información pública, esta última queda incompleta: debería haberse establecido que dicho acceso debe ser gratuito y sin restricciones arbitrarias.
Otra omisión grave es la falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado provincial en el sostenimiento de los medios públicos, así como del fomento de medios privados sin fines de lucro. Tampoco se incluyó ninguna disposición sobre la necesidad de una distribución transparente y equitativa de la pauta oficial, un reclamo histórico y legítimo del sector.
Para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión —en su dimensión individual y colectiva— y el derecho a la información, se necesitan políticas públicas activas. Sin embargo, el texto aprobado dejó de lado aspectos fundamentales como la prohibición de monopolios y oligopolios mediáticos, tanto públicos como privados, y cualquier forma de concentración en la propiedad de los medios. También se ignoró el principio de que el Estado provincial debe garantizar el derecho a la conectividad en todo su territorio.
En definitiva, la reforma constitucional no estuvo a la altura de las demandas de una democracia moderna y plural. Se perdió una oportunidad histórica de consagrar principios robustos en defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, optando en cambio por formulaciones incompletas, desequilibradas y alejadas de los estándares internacionales de derechos humanos y de las propuestas surgidas desde amplios sectores de la sociedad santafesina.
Además, el texto omite condenar explícitamente la violencia discursiva, los discursos de odio, la discriminación y la difusión de información falsa. En cuanto a la actividad periodística, se la protege apelando a una "ética" mencionada de forma vaga. Recordamos que, desde 2007, lxs trabajadorxs de prensa contamos con una Declaración de Principios sobre Ética Periodística, elaborada colectivamente y plenamente vigente.
Otra omisión grave es la falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado provincial en el sostenimiento de los medios públicos, así como del fomento de medios privados sin fines de lucro. Tampoco se incluyó ninguna disposición sobre la necesidad de una distribución transparente y equitativa de la pauta oficial, un reclamo histórico y legítimo del sector.
Para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión —en su dimensión individual y colectiva— y el derecho a la información, se necesitan políticas públicas activas. Sin embargo, el texto aprobado dejó de lado aspectos fundamentales como la prohibición de monopolios y oligopolios mediáticos, tanto públicos como privados, y cualquier forma de concentración en la propiedad de los medios. También se ignoró el principio de que el Estado provincial debe garantizar el derecho a la conectividad en todo su territorio.
En definitiva, la reforma constitucional no estuvo a la altura de las demandas de una democracia moderna y plural. Se perdió una oportunidad histórica de consagrar principios robustos en defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, optando en cambio por formulaciones incompletas, desequilibradas y alejadas de los estándares internacionales de derechos humanos y de las propuestas surgidas desde amplios sectores de la sociedad santafesina.
