Semino comienza señalando que el sistema político "descubre" a los jubilados solo una vez por año, para luego volver a ignorarlos. Recuerda que en agosto de 2024 se aprobó una modesta reforma de movilidad jubilatoria —un aumento del 7,2% y la actualización de un bono complementario— que fue finalmente vetada por el Poder Ejecutivo. Lo paradójico, afirma, es que muchos legisladores que habían votado a favor de la reforma luego también apoyaron el veto, lo que considera un "disparate argentino".
Ante esa situación, desde la Defensoría de la Tercera Edad, junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se iniciaron acciones judiciales por inconstitucionalidad del veto en distintas jurisdicciones del país. Los casos más avanzados se tramitan en Resistencia (Chaco), Bahía Blanca, Ciudad de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia. Sin embargo, los tiempos de la justicia argentina son lentos y estas causas siguen en proceso.
Semino destaca que en agosto de 2025 se repitió el mismo procedimiento: se volvió a presentar el proyecto, fue sancionado y nuevamente vetado, sin que el sistema político volviera a insistir. Asegura que ahora, con todos los sectores en campaña electoral, el tema ha sido completamente dejado de lado, lo que representa una ventaja política para el oficialismo.
Anticipa además que la semana siguiente presentarán, con respaldo de informes de universidades nacionales, una nueva acción de inconstitucionalidad contra este segundo veto. Explica que estos estudios demostrarán que el argumento del Ejecutivo —según el cual pagar lo aprobado pondría en riesgo el superávit fiscal o exigiría emisión monetaria— es falso. Los análisis técnicos probarían que ni se comprometería el equilibrio fiscal ni sería necesario emitir dinero.
Por último, Semino menciona que en los primeros días de octubre se dará a conocer una nueva actualización de la "canasta del jubilado", elaborada con datos de distintas provincias. Este informe, junto con las acciones judiciales, busca poner en evidencia que la situación de las personas mayores es cada vez más grave, con condiciones de vida que considera "irresistibles". Asegura que los jubilados están literalmente muriendo de hambre y denuncia que la Argentina atraviesa una crisis humanitaria que afecta particularmente a su población envejecida.
Consultado sobre el valor actualizado de la canasta básica para una persona mayor, el Defensor señala que aún no cuentan con una cifra definitiva, ya que están a la espera de los últimos informes de algunas provincias, los cuales deberían llegar entre ese día y el lunes siguiente. No obstante, recuerda que en los primeros días de abril de 2025, la canasta del jubilado —contemplando también los gastos de vivienda— se estimaba en 1.200.000 pesos mensuales.
Aclara que esta medición se realiza con la misma metodología del INDEC, aunque este organismo no diferencia los consumos específicos de las personas mayores. Por ejemplo, no se tienen en cuenta insumos como medicamentos o alimentos especiales —hiposódicos o hipocalóricos— que son fundamentales para la salud de este grupo etario y que inciden fuertemente en su costo de vida. Esta ausencia de desagregación específica distorsiona la medición real de lo que necesitan los jubilados para vivir dignamente.
Ante la pregunta sobre las dificultades cotidianas que enfrentan los jubilados —en particular, cómo sobreviven con ingresos que en muchos casos no alcanzan ni para una canasta básica reducida—, Semino confirma que muchas personas mayores hacen una sola comida al día, y asegura que esto no es una exageración, sino una realidad literal.
Desde la Defensoría, explica, reciben entre 200 y 400 consultas diarias, donde cada caso refleja una realidad extremadamente compleja. A menudo, los jubilados se presentan porque no pueden comprar sus medicamentos, pero en el transcurso del diálogo emergen otros problemas igualmente graves: no pueden pagar las expensas, el alquiler, o incluso la pensión en residencias.
Frente a esta situación, Semino denuncia un fenómeno alarmante: muchas personas, al acercarse a la edad jubilatoria, intentan evitar jubilarse, porque saben que ello implicará una caída drástica en sus ingresos y su calidad de vida. Aun así, cuando ya no tienen otra opción y se jubilan, buscan inmediatamente otro empleo, generalmente en condiciones precarias.
En este punto, Semino aporta un dato oficial estremecedor: el 53% de los empleos generados en 2024 fueron ocupados por jubilados. Esto, advierte, refleja una dinámica perversa: los adultos mayores deben seguir trabajando con salarios bajos y sin cobertura social, lo cual además desplaza a los jóvenes que intentan ingresar al mercado formal de trabajo. Así, el problema no se limita solo a los jubilados actuales, sino que afecta estructuralmente a toda la sociedad. En palabras del defensor, esto constituye una verdadera destrucción del tejido social y laboral del país.
En otra parte de la entrevista, Semino aborda uno de los aspectos estructurales más graves del sistema previsional argentino: la drástica pérdida de ingresos que sufren los trabajadores al jubilarse. Aunque comúnmente se afirma que la jubilación representa el 60% del salario activo, Semino aclara que la realidad es aún peor: la tasa de sustitución ronda apenas el 46%. Es decir, un trabajador que se jubila recibe menos de la mitad de lo que ganaba en actividad.
Señaló que las personas aportan durante toda su vida laboral con la expectativa de tener una vejez digna, pero terminan percibiendo ingresos que no alcanzan siquiera para cubrir sus necesidades básicas.
Consultado sobre las causas de este desfasaje, Semino apunta a la vigencia de leyes sancionadas en 1993, durante la gestión de Domingo Cavallo. Se refiere específicamente a las leyes 24.241 y 24.463, que se implementaron como parte del proceso de privatización del sistema previsional y que, de forma sorprendente, siguen rigiendo más de 30 años después. Para Semino, esto constituye un anacronismo institucional que ningún gobierno se ha atrevido a revisar.
Critica también que, durante décadas, todas las administraciones sucesivas utilizaron los fondos del sistema jubilatorio para otros fines: designaron funcionarios afines, destinaron recursos a programas ajenos al sistema previsional, y vetaron leyes que favorecían a los jubilados. En su visión, hay una responsabilidad compartida por parte de todo el arco político, independientemente del signo partidario.
Como ejemplo de esta lógica perversa, Semino menciona el caso del programa Procrear, destinado a facilitar el acceso a la vivienda y financiado con fondos de la ANSES, es decir, con aportes del sistema previsional. Paradójicamente, los únicos excluidos de participar eran los jubilados y las personas mayores de 65 años, quienes habían contribuido a ese fondo durante décadas. Para Semino, esta exclusión ilustra no solo la desfinanciación, sino también la discriminación sistemática hacia los adultos mayores, y representa uno de los múltiples "disparates" institucionales que —según afirma— han marcado al sistema previsional argentino.
Además, señala también otro problema clave: las moratorias previsionales. Reconoce que fueron necesarias, sobre todo en el contexto de crisis económica post 2001. Sin embargo, denuncia que estas moratorias no fueron financiadas por el Tesoro Nacional, como correspondía, sino por los propios jubilados ya activos en el sistema, quienes debieron sostener con sus fondos el ingreso de nuevos beneficiarios.
Explica que una persona que ingresaba a la moratoria en 2005 comenzaba a cobrar su jubilación al mes siguiente, pero la deuda que debía pagar al sistema se financiaba en 60 cuotas, es decir, a cinco años. Eso generaba un desequilibrio inmediato, y el dinero que debía estar disponible para los jubilados en curso se redirigía hacia quienes recién entraban, afectando gravemente la economía del sistema.
Este desbalance provocó situaciones judiciales como el famoso caso Badaro, que afectó a más de dos millones de jubilados. Durante años, sus haberes permanecieron congelados mientras otros grupos —como quienes ingresaban por moratoria o quienes percibían la jubilación mínima— recibían aumentos. Semino enfatiza que la deuda por la moratoria debió haber sido absorbida por el Estado Nacional y no por los propios jubilados. Critica en particular al entonces titular de la ANSES y luego Ministro de Economía, Sergio Massa, quien —según relata— se opuso a que esa deuda fuera financiada por el presupuesto nacional, a pesar de las advertencias de expertos y sectores afines dentro de su propio bloque.
Consultado sobre si ha llevado estas preocupaciones al Congreso, Semino responde que sí, tanto él como otros referentes del sector han expuesto en comisiones legislativas, pero lamenta que no han sido escuchados. Aunque los legisladores suelen coincidir con los diagnósticos, luego no se toma ninguna medida concreta.
Sobre posibles iniciativas actuales para mejorar el conjunto de las jubilaciones —no solo aumentar la mínima, sino recomponer la escala completa—, el defensor afirma con claridad que no hay ningún proyecto vigente. El año legislativo termina el 10 de diciembre y, en el marco del proceso electoral, no habrá avances hasta 2026.
Finalmente, denuncia que muchos diputados que votaron en contra del aumento a los jubilados no dieron explicación alguna. Sostiene que lo hacen por especulación política, pero que en el fondo el sistema político no considera al jubilado como un sujeto prioritario. Según Semino, más allá del discurso, los hechos demuestran que las personas mayores importan poco a quienes toman decisiones.
En cuanto al impacto real, ofrece un dato contundente: entre enero de 2021 y marzo de 2024, los jubilados perdieron un 50,8% de poder adquisitivo frente a la inflación, cifra confirmada por diversas cámaras federales. A lo largo de 2024, esta pérdida se profundizó, especialmente para quienes perciben la jubilación mínima.
