En conversación con Silvia Carafa, el Diputado ofreció un análisis sobre la situación social actual en Argentina, calificándola como cada vez más compleja. En sus palabras, destacó tres problemas clave que, a su juicio, marcan el panorama social del país.
El primero de ellos, según Arroyo, es el creciente endeudamiento de las familias argentinas, un fenómeno que ha alcanzado niveles preocupantes. Las familias enfrentan altos costos fijos, como los servicios de luz, gas, agua, alimentación, transporte y medicamentos, lo que les deja poco margen para el resto de sus necesidades. Como resultado, recurren al crédito para cubrir esos gastos, lo que genera un ciclo de endeudamiento creciente. Este sobreendeudamiento, que obliga a muchas familias a seguir endeudándose para poder subsistir, será, en su opinión, uno de los principales factores de conflicto social en el futuro cercano.
En segundo lugar, Arroyo señaló un fenómeno de implosión social, caracterizado por una acumulación de tensiones que no se exteriorizan de forma abierta, sino que se manifiestan internamente. Este fenómeno de “implosión” se observa en el creciente malestar de las personas, quienes, al verse atrapadas por las dificultades económicas y el sobreendeudamiento, reaccionan de manera explosiva ante situaciones cotidianas. Arroyo lo ejemplificó con el aumento de la violencia cotidiana, mencionando que incluso pequeños roces o conflictos en la vía pública pueden derivar rápidamente en peleas físicas o, en casos extremos, en enfrentamientos armados. Para el diputado, este tipo de violencia refleja la acumulación de frustración y desesperación de una parte importante de la sociedad.
Por último, el diputado abordó la difícil situación laboral que atraviesa el país, con un panorama cada vez más complejo en cuanto a la obtención de empleo. Señaló que los trabajos informales, como las “changas”, están siendo cada vez menos rentables, lo que agrava la situación de quienes dependen de estos ingresos. Además, indicó que muchas empresas están recortando horas de trabajo y reduciendo personal, lo que genera un escenario de precarización laboral. La falta de oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes, se perfila como uno de los desafíos más graves a nivel social y económico.
A modo de conclusión, Arroyo destacó que los tres problemas que identificó —el sobreendeudamiento de las familias, la implosión social y la crisis del empleo— son interdependientes y podrían generar un escenario social aún más conflictivo si no se abordan de manera urgente. Además, señaló que los informes recientes indican que el 85% de las personas desconoce el monto total de sus deudas, lo que refleja el grado de descontrol y desconcierto que sufren muchos ciudadanos respecto a su situación financiera.
En otra parte de la entrevista, Daniel Arroyo profundizó sobre la falta de reacción colectiva en la sociedad ante las dificultades económicas y sociales que atraviesa Argentina. En su análisis, destacó que una de las principales razones de este desinterés o falta de acción colectiva es la ruptura de la relación entre la sociedad y la política. Según Arroyo, gran parte de la población ya no cree en la política en general, pues siente que los políticos no viven la realidad cotidiana de la gente común. La desconexión es palpable, ya que mientras la mayoría de los ciudadanos lucha por llegar a fin de mes, los políticos parecen desconectados de esas dificultades.
El diputado señaló que esta desconexión también se debe a que la política, en muchos casos, aborda temas que no están relacionados con las verdaderas necesidades de la sociedad, lo que genera una sensación de indiferencia o desengaño. Para él, parte de la solución radica en que los políticos comprendan y vivan de la misma manera que el resto de la población. En este sentido, citó como ejemplo el modelo político uruguayo, donde los candidatos de distintas corrientes ideológicas, a pesar de ser de derecha, centro o izquierda, eran percibidos como personas comunes y cercanas, con las que la gente podía identificarse fácilmente en su vida diaria.
En contraste, Arroyo destacó que en Argentina, los políticos parecen estar distantes de los problemas cotidianos de los ciudadanos, lo que frena el impulso hacia una acción colectiva. Sin embargo, el diputado también mencionó que sí existe una forma de reacción colectiva, aunque no sea generalizada. Un ejemplo claro de esto, según él, es el movimiento en torno a la ley de emergencia en discapacidad, que fue impulsado por él mismo. En este caso, las familias, las personas con discapacidad, los prestadores de servicios y otros actores involucrados lograron unirse en un reclamo colectivo fuerte. Este sector encontró un punto de identificación común y, ante la falta de respuestas, se organizó en manifestaciones y reclamos concretos.
El diputado resaltó que cuando un sector de la sociedad se reconoce como parte de un mismo problema y entiende que no puede ser ignorado, es cuando se da la posibilidad de una acción colectiva más efectiva. Sin embargo, esa unidad debe surgir de una identificación compartida de las necesidades y el reconocimiento de que la situación es urgente y no puede seguir siendo pasada por alto.
Daniel Arroyo expresó su profunda preocupación y frustración ante la actitud del gobierno respecto a la ley de emergencia en discapacidad, una legislación clave para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en el país. Arroyo denunció lo que calificó como un acto de cinismo por parte del Ejecutivo, al sostener que no pondrá en marcha la ley hasta que el Congreso no determine el origen de los fondos necesarios para su implementación. Según el diputado, esta postura es no solo absurda, sino también inconstitucional, dado que el gobierno ya había promulgado la ley, aunque de manera irregular, al vetarla primero y luego promulgarla con la condición de suspender su aplicación hasta que se aclarara el financiamiento.
Arroyo subrayó que esta actitud refleja una contradicción dentro del gobierno, que constantemente ajusta y redistribuye recursos de manera opaca, sin un presupuesto aprobado desde hace más de dos años. En su análisis, señaló que el Ejecutivo maneja partidas de fondos de manera arbitraria, transfiriendo recursos a sectores como seguridad o inteligencia, pero no está dispuesto a aplicar los fondos necesarios para la ley de discapacidad. Según el diputado, esto crea una situación completamente irracional, ya que, mientras no existe un presupuesto aprobado y se redistribuyen recursos a otras áreas, se bloquea una ley de emergencia fundamental para los más vulnerables de la sociedad.
En cuanto a las opciones para resolver el conflicto, Arroyo señaló tres caminos posibles. El primero es el sentido común: poner en marcha la ley de inmediato. El segundo es la vía judicial, ya que la justicia podría ordenar su aplicación. El tercero, en el ámbito político, es la intervención del Congreso, donde el diputado propone interpelar al jefe de gabinete para que se dé una solución rápida al problema. Arroyo hizo énfasis en que la ley de emergencia en discapacidad es un proyecto que logró el apoyo de más de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso, y que se trataba de una legislación que trascendía las divisiones políticas y se basaba en un principio de humanidad.
A lo largo de la entrevista, el diputado mostró un claro descontento con la postura del gobierno, que considera no solo un obstáculo para el avance de la ley, sino también una amenaza al bienestar de miles de personas con discapacidad que, según él, están viviendo en una situación de total precariedad. Para ilustrar la gravedad de la situación, Arroyo relató ejemplos concretos del colapso en el sector. Por ejemplo, mencionó que los trabajadores en los llamados "talleres protegidos" cobran salarios miserables —en torno a los 28.000 pesos mensuales por cuatro horas de trabajo diario— y que los servicios terapéuticos son completamente inalcanzables para muchas familias, con tarifas de hasta 3.000 pesos por hora, una suma exorbitante para muchos.
En su testimonio, Arroyo también relató una experiencia personal, mencionando a su madre, de 85 años, quien padece de poliomielitis. Explicó que muchas personas mayores, como su madre, que sobrevivieron a la epidemia de polio, sufren severas limitaciones motrices y requieren acompañamiento constante. Esta anécdota sirvió para poner en evidencia la falta de atención a las necesidades de las personas con discapacidad en el país, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Arroyo concluyó que la ley de emergencia en discapacidad es esencial no solo para mejorar el acceso a los servicios médicos, terapéuticos y de transporte, sino también para aliviar el sufrimiento y la angustia de las familias que enfrentan esta problemática día a día.
Arroyo continuó su análisis sobre el abandono de las políticas sociales por parte del gobierno, enfocándose en cómo esto afecta directamente a los barrios más vulnerables y a las personas en situación de extrema pobreza. Según Arroyo, el gobierno dejó de implementar políticas de acompañamiento a sectores clave, como los barrios marginales, las personas en situación de calle, los que requieren medicamentos y los proyectos comunitarios. Aunque reconoció el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la expansión de la Tarjeta Alimentar como dos políticas positivas, señaló que, en términos generales, el Estado ha desatendido todas las demás áreas de asistencia social, lo que ha provocado un desajuste crítico en las comunidades más empobrecidas.
Una de las consecuencias más graves, según el diputado, es el impacto negativo sobre los "buenos" de los barrios, aquellos actores sociales que históricamente han sido los contrapesos frente al narcotráfico y la violencia. Arroyo mencionó a las escuelas, los centros de salud, las organizaciones sociales, los clubes barriales y los comedores comunitarios como ejemplos de instituciones y personas que juegan un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, en la actualidad, estos actores están "en retirada". La falta de apoyo estatal ha hecho que no puedan continuar con su labor, lo que ha dejado un vacío que, según Arroyo, ha permitido que el narcotráfico avance, aunque no tanto en términos de expansión, sino en la descomposición del tejido social. El Estado, al retirarse, ha dejado a estos sectores sin recursos ni apoyo, lo que ha favorecido la proliferación de actividades ilícitas.
Arroyo también reflexionó sobre las causas de la pobreza estructural en Argentina, un fenómeno que no es reciente, pero que ha empeorado con el tiempo debido a la falta de políticas públicas efectivas. La pobreza estructural, según él, está directamente relacionada con la falta de acceso a la vivienda, con millones de personas viviendo en villas o barrios marginales en condiciones precarias, y con la alta tasa de deserción escolar, especialmente entre los jóvenes. Si a estos problemas se les suma la retirada del Estado, la situación se vuelve insostenible. El diputado señaló que, en comparación con momentos difíciles del pasado, como la crisis de 2001, lo que ocurre hoy en día es aún más grave, ya que el Estado ha abandonado casi por completo a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, Arroyo también planteó que, si bien el Estado ha fallado en su rol de asistente y garante del bienestar social, el modelo de “menos Estado y más mercado” propuesto en algunas áreas no es la solución. Según él, si bien es cierto que el Estado tenía que reordenar ciertas políticas y no intervenir en todos los aspectos de la economía, el retirarse completamente de áreas tan sensibles como la discapacidad, la pobreza extrema, los barrios más marginales o la jubilación, es un error grave. Arroyo acusó al gobierno de adoptar un modelo absurdo, donde el mercado se asume como el único actor que puede resolver los problemas sociales, lo que a su juicio es insostenible y perjudicial para la población más vulnerable.
Además, el diputado dejó en claro su indignación frente a lo que consideró una contradicción aún mayor: mientras el Estado se retira de apoyar a los sectores más necesitados, ciertos sectores económicos, como las exportadoras de granos, obtienen ganancias exorbitantes en tiempos de crisis. Como ejemplo, citó el hecho de que en 48 horas estas empresas lograron ingresos por 1.500 millones de dólares, un contraste flagrante con la situación de precariedad que sufren millones de argentinos. Según Arroyo, este tipo de situaciones agrava aún más la desigualdad y demuestra la ineficacia y la falta de responsabilidad del gobierno en la distribución de los recursos.
El diputado profundizó sobre las decisiones políticas del gobierno, particularmente su relación con Estados Unidos, y sobre la situación interna de la oposición, especialmente el peronismo. Al abordar el auxilio que el gobierno ha buscado en el exterior, Arroyo criticó fuertemente el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. Según él, mientras el gobierno de Javier Milei promueve una ideología de no intervención estatal y de "libertad de mercado", en la práctica ha recurrido a la intervención del Estado estadounidense y ha permitido un beneficio inmediato a grandes exportadoras de granos. En su opinión, esta contradicción es un ejemplo claro de la incoherencia en las políticas del gobierno, ya que, mientras se retira del apoyo a sectores sociales esenciales como la discapacidad, permite que las cerealeras obtengan enormes ganancias en un corto plazo sin una justificación real para tal alivio.
Arroyo también criticó lo que percibe como una falta de claridad en cuanto a los acuerdos con Estados Unidos. Aunque se ha anunciado un respaldo financiero por parte del Tesoro Norteamericano, el diputado señaló que aún no está claro cuándo o cómo se materializarán los 20.000 millones de dólares prometidos, lo que genera incertidumbre sobre las contrapartidas de este apoyo. En su opinión, la relación con Estados Unidos es importante, pero esta política de acercamiento absoluto y sin condiciones claras podría ser perjudicial para Argentina, al igual que las decisiones impulsivas que ha tomado el gobierno de Milei.
Respecto a la principal oposición al gobierno de Milei, Arroyo expresó que el peronismo ha logrado una importante unidad interna, evidenciada en su buen desempeño electoral del 7 de septiembre. Sin embargo, subrayó que, aunque la unidad es valiosa, no es suficiente por sí sola. Para Arroyo, la oposición debe construir nuevas ideas que respondan a un malestar social profundo. Señaló que la sociedad está realmente enojada con la política en general, lo que también incluye al peronismo, y que el resultado electoral de septiembre reflejó un mensaje claro: las personas no llegan a fin de mes y están hartas de la situación. Sin embargo, para Arroyo, el peronismo no debe limitarse a ser un simple receptor de votos debido a los fracasos del gobierno. La verdadera tarea es ofrecer propuestas innovadoras y distintas, alejadas de la repetición de viejas fórmulas. En este sentido, construir una agenda renovada es uno de los grandes desafíos para el peronismo de cara a las próximas elecciones.
En contraste, Arroyo destacó que en Argentina, los políticos parecen estar distantes de los problemas cotidianos de los ciudadanos, lo que frena el impulso hacia una acción colectiva. Sin embargo, el diputado también mencionó que sí existe una forma de reacción colectiva, aunque no sea generalizada. Un ejemplo claro de esto, según él, es el movimiento en torno a la ley de emergencia en discapacidad, que fue impulsado por él mismo. En este caso, las familias, las personas con discapacidad, los prestadores de servicios y otros actores involucrados lograron unirse en un reclamo colectivo fuerte. Este sector encontró un punto de identificación común y, ante la falta de respuestas, se organizó en manifestaciones y reclamos concretos.
El diputado resaltó que cuando un sector de la sociedad se reconoce como parte de un mismo problema y entiende que no puede ser ignorado, es cuando se da la posibilidad de una acción colectiva más efectiva. Sin embargo, esa unidad debe surgir de una identificación compartida de las necesidades y el reconocimiento de que la situación es urgente y no puede seguir siendo pasada por alto.
Daniel Arroyo expresó su profunda preocupación y frustración ante la actitud del gobierno respecto a la ley de emergencia en discapacidad, una legislación clave para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en el país. Arroyo denunció lo que calificó como un acto de cinismo por parte del Ejecutivo, al sostener que no pondrá en marcha la ley hasta que el Congreso no determine el origen de los fondos necesarios para su implementación. Según el diputado, esta postura es no solo absurda, sino también inconstitucional, dado que el gobierno ya había promulgado la ley, aunque de manera irregular, al vetarla primero y luego promulgarla con la condición de suspender su aplicación hasta que se aclarara el financiamiento.
En cuanto a las opciones para resolver el conflicto, Arroyo señaló tres caminos posibles. El primero es el sentido común: poner en marcha la ley de inmediato. El segundo es la vía judicial, ya que la justicia podría ordenar su aplicación. El tercero, en el ámbito político, es la intervención del Congreso, donde el diputado propone interpelar al jefe de gabinete para que se dé una solución rápida al problema. Arroyo hizo énfasis en que la ley de emergencia en discapacidad es un proyecto que logró el apoyo de más de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso, y que se trataba de una legislación que trascendía las divisiones políticas y se basaba en un principio de humanidad.
A lo largo de la entrevista, el diputado mostró un claro descontento con la postura del gobierno, que considera no solo un obstáculo para el avance de la ley, sino también una amenaza al bienestar de miles de personas con discapacidad que, según él, están viviendo en una situación de total precariedad. Para ilustrar la gravedad de la situación, Arroyo relató ejemplos concretos del colapso en el sector. Por ejemplo, mencionó que los trabajadores en los llamados "talleres protegidos" cobran salarios miserables —en torno a los 28.000 pesos mensuales por cuatro horas de trabajo diario— y que los servicios terapéuticos son completamente inalcanzables para muchas familias, con tarifas de hasta 3.000 pesos por hora, una suma exorbitante para muchos.
En su testimonio, Arroyo también relató una experiencia personal, mencionando a su madre, de 85 años, quien padece de poliomielitis. Explicó que muchas personas mayores, como su madre, que sobrevivieron a la epidemia de polio, sufren severas limitaciones motrices y requieren acompañamiento constante. Esta anécdota sirvió para poner en evidencia la falta de atención a las necesidades de las personas con discapacidad en el país, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Arroyo concluyó que la ley de emergencia en discapacidad es esencial no solo para mejorar el acceso a los servicios médicos, terapéuticos y de transporte, sino también para aliviar el sufrimiento y la angustia de las familias que enfrentan esta problemática día a día.
Arroyo continuó su análisis sobre el abandono de las políticas sociales por parte del gobierno, enfocándose en cómo esto afecta directamente a los barrios más vulnerables y a las personas en situación de extrema pobreza. Según Arroyo, el gobierno dejó de implementar políticas de acompañamiento a sectores clave, como los barrios marginales, las personas en situación de calle, los que requieren medicamentos y los proyectos comunitarios. Aunque reconoció el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la expansión de la Tarjeta Alimentar como dos políticas positivas, señaló que, en términos generales, el Estado ha desatendido todas las demás áreas de asistencia social, lo que ha provocado un desajuste crítico en las comunidades más empobrecidas.
Una de las consecuencias más graves, según el diputado, es el impacto negativo sobre los "buenos" de los barrios, aquellos actores sociales que históricamente han sido los contrapesos frente al narcotráfico y la violencia. Arroyo mencionó a las escuelas, los centros de salud, las organizaciones sociales, los clubes barriales y los comedores comunitarios como ejemplos de instituciones y personas que juegan un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, en la actualidad, estos actores están "en retirada". La falta de apoyo estatal ha hecho que no puedan continuar con su labor, lo que ha dejado un vacío que, según Arroyo, ha permitido que el narcotráfico avance, aunque no tanto en términos de expansión, sino en la descomposición del tejido social. El Estado, al retirarse, ha dejado a estos sectores sin recursos ni apoyo, lo que ha favorecido la proliferación de actividades ilícitas.
Arroyo también reflexionó sobre las causas de la pobreza estructural en Argentina, un fenómeno que no es reciente, pero que ha empeorado con el tiempo debido a la falta de políticas públicas efectivas. La pobreza estructural, según él, está directamente relacionada con la falta de acceso a la vivienda, con millones de personas viviendo en villas o barrios marginales en condiciones precarias, y con la alta tasa de deserción escolar, especialmente entre los jóvenes. Si a estos problemas se les suma la retirada del Estado, la situación se vuelve insostenible. El diputado señaló que, en comparación con momentos difíciles del pasado, como la crisis de 2001, lo que ocurre hoy en día es aún más grave, ya que el Estado ha abandonado casi por completo a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, Arroyo también planteó que, si bien el Estado ha fallado en su rol de asistente y garante del bienestar social, el modelo de “menos Estado y más mercado” propuesto en algunas áreas no es la solución. Según él, si bien es cierto que el Estado tenía que reordenar ciertas políticas y no intervenir en todos los aspectos de la economía, el retirarse completamente de áreas tan sensibles como la discapacidad, la pobreza extrema, los barrios más marginales o la jubilación, es un error grave. Arroyo acusó al gobierno de adoptar un modelo absurdo, donde el mercado se asume como el único actor que puede resolver los problemas sociales, lo que a su juicio es insostenible y perjudicial para la población más vulnerable.
Además, el diputado dejó en claro su indignación frente a lo que consideró una contradicción aún mayor: mientras el Estado se retira de apoyar a los sectores más necesitados, ciertos sectores económicos, como las exportadoras de granos, obtienen ganancias exorbitantes en tiempos de crisis. Como ejemplo, citó el hecho de que en 48 horas estas empresas lograron ingresos por 1.500 millones de dólares, un contraste flagrante con la situación de precariedad que sufren millones de argentinos. Según Arroyo, este tipo de situaciones agrava aún más la desigualdad y demuestra la ineficacia y la falta de responsabilidad del gobierno en la distribución de los recursos.
El diputado profundizó sobre las decisiones políticas del gobierno, particularmente su relación con Estados Unidos, y sobre la situación interna de la oposición, especialmente el peronismo. Al abordar el auxilio que el gobierno ha buscado en el exterior, Arroyo criticó fuertemente el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. Según él, mientras el gobierno de Javier Milei promueve una ideología de no intervención estatal y de "libertad de mercado", en la práctica ha recurrido a la intervención del Estado estadounidense y ha permitido un beneficio inmediato a grandes exportadoras de granos. En su opinión, esta contradicción es un ejemplo claro de la incoherencia en las políticas del gobierno, ya que, mientras se retira del apoyo a sectores sociales esenciales como la discapacidad, permite que las cerealeras obtengan enormes ganancias en un corto plazo sin una justificación real para tal alivio.
Arroyo también criticó lo que percibe como una falta de claridad en cuanto a los acuerdos con Estados Unidos. Aunque se ha anunciado un respaldo financiero por parte del Tesoro Norteamericano, el diputado señaló que aún no está claro cuándo o cómo se materializarán los 20.000 millones de dólares prometidos, lo que genera incertidumbre sobre las contrapartidas de este apoyo. En su opinión, la relación con Estados Unidos es importante, pero esta política de acercamiento absoluto y sin condiciones claras podría ser perjudicial para Argentina, al igual que las decisiones impulsivas que ha tomado el gobierno de Milei.
Respecto a la principal oposición al gobierno de Milei, Arroyo expresó que el peronismo ha logrado una importante unidad interna, evidenciada en su buen desempeño electoral del 7 de septiembre. Sin embargo, subrayó que, aunque la unidad es valiosa, no es suficiente por sí sola. Para Arroyo, la oposición debe construir nuevas ideas que respondan a un malestar social profundo. Señaló que la sociedad está realmente enojada con la política en general, lo que también incluye al peronismo, y que el resultado electoral de septiembre reflejó un mensaje claro: las personas no llegan a fin de mes y están hartas de la situación. Sin embargo, para Arroyo, el peronismo no debe limitarse a ser un simple receptor de votos debido a los fracasos del gobierno. La verdadera tarea es ofrecer propuestas innovadoras y distintas, alejadas de la repetición de viejas fórmulas. En este sentido, construir una agenda renovada es uno de los grandes desafíos para el peronismo de cara a las próximas elecciones.
Fuente: Señales
