martes, 31 de mayo de 2016

La Cámara Federal de Casación preserva en un fallo el derecho constitucional de protección de la fuente periodística

Fue en un caso contra el periodista Daniel Santoro y el diario Clarín. La Sala II confirmó la desestimación de una causa por una publicación en la que, según la denuncia, se habría consignado información confidencial que tramitaría ante la UIF

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela E. Ledesma, Pedro R. David y Alejandro W. Slokar, por unanimidad, resolvió declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la querella, en el proceso en el que se denunció al periodista Daniel Santoro y/o Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. por la presunta comisión del delito previsto en el art. 22 de la ley 25.246.

Con esta decisión, se confirma la desestimación de la denuncia formulada contra el periodista de referencia en razón de la publicación de dos notas en el diario Clarín, en la que se habría consignado información confidencial de las islas Seychelles, que habría sido extraída de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que estaría tramitando ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Las notas de Clarín del 2014 revelaron que Levita, junto al operador de bolsa, Jorge Galitis, aparecen como los “beneficiarios finales” de la empresa fantasma Aldyne con sede en las Seychelles. Aldyne era la administradora de 123 empresas off shore armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca en Las Vegas. Algunas de estas firmas estarían vinculadas a Lázaro Báez.

Con el fallo, la casación reafirmó en el caso el principio que establece el resguardo del secreto profesional de los periodistas en cuanto a sus fuentes de información consagrado por la Constitución Nacional. El mismo criterio había tenido el juez federal Sebastián Casanello y la sala I de la Cámara Federal porteña.

En un extenso informe presentado en la causa, la UIF -en su carácter de querellante- afirmó que obtuvo “información de inteligencia” que confirma la investigación de Clarín publicada en julio del 2014 según la cual Levita y Galitis son los “beneficiarios finales” de la empresa Aldyne, constituida en las islas Seychelles y que administra 123 empresas off shore armadas en Las Vegas, EE.UU. por el estudio panameño Mossack Fonseca, a pedido de la empresa suiza Helvetic Services Group, la compradora de La Rosadita. Levita y Galitis negaron a este diario haber intervenido en operaciones de lavado de dinero a favor de Báez. El mes pasado, la UIF pidió la declaración indagatoria de Levita y Galitis en la causa.

El financista es el mismo que consiguió dos medidas cautelares contra Clarín en juzgados civiles. Levita logró una cautelar en el 2014 en el juzgado nacional en lo civil 105 que ordenó que este diario también debe informar que el financista “ha iniciado actuaciones con el propósito de exigir se le brinde la posibilidad de ejercer su derecho de respuesta a las afirmaciones vertidas en su contra”. Luego, inició otro amparo, donde obtuvo la misma medida cautelar llamado “Levita, Edgardo Raúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ amparo” (Expte Nº 42.958/14), en trámite por ante el Juzgado Civil nº 39 a efectos de ejercer su derecho a réplica. La primer medida cautelar está firme y la segunda se encuentra apelada anta la Sala M de la Cámara Civil. No obstante, este diario pidió una entrevista a Levita que la derivó a su abogada, Lorena Totino, quien negó también las sospechas que había sobre su cliente. Es más, Levita denunció a este periodista por violación de secreto y la Cámara Federal rechazó su denuncia y ahora la Cámara de Casación.
Fuente: CIJ

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