Entre 2003 y 2004, en el Frente Amplio se formuló un
diagnóstico y un programa para encarar la realidad de los medios de comunicación
del país. Es un buen momento para hacer un balance
Por: Gabriel Kaplún
Entre 2003 y 2004, en el Frente Amplio se formuló un
diagnóstico y un programa para encarar la realidad de los medios de
comunicación del país. No era la primera vez, pero sí la primera con posibilidades
de llevarlos a cabo. Ha pasado más de una década, por lo que es un buen momento
para hacer un balance. Por razones de espacio, me limitaré a telegramas, y sólo
referidos a los medios audiovisuales.
La estrategia propuesta planteaba, básicamente, abrir la
cancha y fijar nuevas reglas de juego, procurando un nuevo equilibrio en el
sistema mediático del país. Abrir la cancha a nuevos actores emergentes -la
producción audiovisual independiente, los medios comunitarios- y fortalecer
otros viejos e históricamente débiles: los medios público-estatales. Fijar
nuevas reglas para el sector que ha sido siempre dominante, el de los medios
privados comerciales, que desestimularan la concentración en pocas manos,
especialmente en la televisión abierta, donde un oligopolio de tres grupos
empresariales concentra más de 90 % de la audiencia y la facturación
publicitaria (que es, a su vez, la mitad de la inversión publicitaria total).
Abrir la cancha también a la participación social en el diseño y la
implementación de las políticas de comunicación, lo que requería una nueva
institucionalidad estatal. Veamos qué ha pasado en cada una de estas líneas
programáticas.
Abrir la cancha
La Ley de Radiodifusión Comunitaria, aprobada en 2007,
permitió regularizar la situación de muchas pequeñas radios hasta entonces
perseguidas como ilegales y estimuló otras experiencias de ese tipo. Fue
también un banco de pruebas para nuevas reglas de juego, más claras,
transparentes y con participación social, para decidir a quiénes se les da la
posibilidad de utilizar una parte del espectro radioeléctrico. Hoy hay más de
un centenar de radios comunitarias que funcionan legalmente en todo el país.
Pero a muchas les resulta difícil mantener al aire una programación continua y
de interés para su audiencia potencial, en parte por debilidades propias y en
parte porque faltaron políticas vigorosas de fomento del sector. La televisión
comunitaria, con un único proyecto presentado, el del PIT-CNT, es todavía una
incógnita en cuanto a su desarrollo y alcance. Mi balance: la apuesta por el
sector social-comunitario sigue siendo válida, pero no se hizo con mucha fuerza
y no ha dado hasta ahora resultados demasiado relevantes en cuanto a un nuevo
equilibro del sistema mediático, más allá de algunas experiencias locales muy
valiosas.
La producción audiovisual independiente creció en los
últimos años, por su propio impulso y con políticas de fomento, que incluyeron
el fortalecimiento del Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay y la Ley de
Cine, de 2008. Pero no encontró nunca un lugar relevante en la pantalla que
mueve el fiel de la balanza económica y de audiencias, la de la televisión. Las
mayores apuestas en este sentido fueron, quizás, los llamados a nuevos canales
digitales en 2013 y las cuotas de pantalla y fondos de fomento previstos en la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), de 2014. La primera parece
haber fracasado, por razones que no tengo espacio para analizar aquí. La
segunda ha quedado en pausa, al preferir el gobierno esperar que se diluciden
los recursos de inconstitucionalidad presentados contra varios de sus
artículos. No es posible entonces un balance definitivo, pero en todo caso no
resulta alentador el reciente recorte de fondos de fomento ya existentes y las
dificultades en cumplir con el Compromiso Audiovisual 2015-2020, promovido por
el gobierno anterior.
La radio y la televisión estatal, históricas cenicientas del
sistema de medios, se fortalecieron mucho en estos años en equipamiento,
programación y cobertura geográfica, diversificando sus perfiles en el caso de
las radios. Mantienen, con todo, algunas de sus dificultades de gestión y una
institucionalidad que no garantiza su independencia del gobierno. La LSCA
contiene elementos valiosos en esa dirección, que esperan su aplicación. La
apertura de la televisión digital ha beneficiado a TV Ciudad, que la ha
encarado mejor que Televisión Nacional de Uruguay, cuya pantalla queda bastante
deslucida en ese contexto. La audiencia de los medios estatales creció en estos
años, aunque sigue siendo relativamente minoritaria.
Cambiar las reglas
En 2008 se avanzó en esta dirección mediante un decreto que
establecía reglas claras para la asignación de nuevas frecuencias comerciales,
similares a las ya fijadas para el sector comunitario, e incluía mecanismos de
participación social mediante una comisión asesora y audiencias públicas. En
2010 se inició el camino hacia la LSCA, también de modo participativo: el
Comité Técnico Consultivo, integrado por actores empresariales, sociales y
académicos. Este primer intento culminó con un tiro en el pie del propio
presidente José Mujica, que desautorizó todo el trabajo realizado el día que
estaba culminando (la famosa “papelera” donde, dijo, tiraría el proyecto si
llegaba a sus manos). Tres años después, sin embargo, envió el proyecto al
Parlamento, que lo convirtió en ley a fines de 2014, ley que aún espera su
aplicación.
También sufrió marchas y contramarchas el camino hacia la
televisión digital, lo que puede haber dañado la credibilidad del proceso de
asignación de nuevos canales. Este puede ser uno de los factores que afectaron
la poca productividad de esta política, pero no la única. Entre otras cosas, ha
faltado información básica para la sociedad: la mayoría de los uruguayos ignora
aún que puede ver televisión digital gratuita y cómo acceder a ella.
Una dificultad inicial del primer gobierno de izquierda fue
la falta de una institucionalidad adecuada. La Dirección Nacional de
Comunicaciones (DNC) estaba todavía en el Ministerio de Defensa y, aunque la
creación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones había sido un
avance, no había un referente claro para el diseño de políticas. La eliminación
de la DNC, en 2005, y la creación de la Dirección Nacional de
Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, en el Ministerio de
Industria, Energía y Minería, pareció ser un paso en esa dirección, pero recién
en 2008 empezó a funcionar y casi sin personal. En 2010 se la fortaleció y tomó
un rol muy activo en el diseño de políticas, pero desde 2015 parece contar con
menos recursos otra vez. Entretanto, se desactivaron los mecanismos de
participación social existentes, ya que la LSCA prevé otros que aún no se han
implementado, así como la instalación del Consejo de Comunicación Audiovisual,
un avance en materia de independencia de los organismos reguladores en la
materia. Este impasse hace, por ejemplo, que los llamados a nuevas radios
comerciales y comunitarias en el interior del país realizados en 2013, con
audiencias públicas incluidas, hayan quedado sin resoluciones definitivas y que
haya gente a esta altura muy desalentada por la larga espera tras las
expectativas generadas.
Pelota al medio
En síntesis, la cancha se abrió a nuevos jugadores
-públicos, comunitarios, independientes-, pero no tanto ni con la fuerza
suficiente como para generar un nuevo equilibrio en el sistema mediático.
Posiblemente parte del problema está en esos mismos jugadores, pero también ha
faltado rumbo claro y firme en las políticas públicas. La cancha está un poco
más abierta, pero sigue muy embarrada. Se impulsaron nuevas reglas de juego,
pero tampoco con la claridad y la firmeza suficientes como para alterar hasta
ahora aspectos claves como la concentración. Incluso algunas de las viejas
reglas, bien aplicadas, habrían alcanzado para incidir en este sentido: la legislación
previa a la LSCA ya preveía que nadie podía tener más tres medios ni más de dos
en cada banda (AM, FM, televisión). En el incumplimiento de esta normativa
incidieron varios factores, uno de los cuales parece ser el temor a aplicarla.
Temor atribuible a los gobiernos, pero posiblemente también a la falta de
fuerza social suficiente para impulsar cambios como estos. Se trata entonces de
construirla, fortaleciendo espacios ya existentes o creando otros, tejiendo
alianzas más amplias y sumando a muchos que aún creen que el sistema de medios
existente es el único posible.
El autor
Kaplún es magíster en Educación y doctor en Estudios
Culturales y profesor titular de la Facultad de Información y Comunicación de
la Universidad de la República. Coordinó la Unidad Temática de Medios de
Comunicación de la Comisión de Programa del Frente Amplio (2003-2004) y
presidió el Comité Técnico Consultivo sobre la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (2010).
Fuente: La Diaria
