Colin Peters, asesor de libertad de prensa del IPI, dijo hoy a Efe que "la principal preocupación" del Instituto es la posible influencia política sobre la "Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual".
Ese
órgano de siete miembros estará encargado de interpretar y aplicar la nueva ley, adoptada recientemente por el Senado argentino.Debido a que el Ejecutivo nombra a dos miembros, incluido el presidente, y debe dar su visto bueno a los restantes cinco, la Autoridad es "vulnerable a influencia política", señaló Peters.
Por otra parte, el representante del IPI criticó que el Gobierno argentino maneje directamente la distribución de las licencias de todas las emisoras de radio y televisión que no sean de satélite, lo que hace que esos permisos también sean objeto de influencia política.
El IPI está asimismo preocupado por que la nueva ley limite el número de licencias de radio y televisión a diez por compañía, frente a las 24 de la ley anterior.
Según el IPI, esto obligará a varios grupos de comunicación a vender licencias que adquirieron en el pasado, "probablemente a un precio muy inferior al pagado inicialmente", según Peters.
"Eso tendrá un impacto enorme sobre medios comunicación como el Grupo Clarín", aseguró el experto del IPI.
El director del IPI, David Dadge, asegura en un comunicado estar "decepcionado de que la ley haya sido adoptado en su forma actual".
Asimismo, expresa su esperanza de que "los asuntos más preocupantes sean tratados antes de que sean aplicados contra los medios de comunicación".
El IPI, que tiene su sede en la capital austríaca, es una red de editores y propietarios de medios de comunicación de más de 100 países de todo el mundo, que defiende los derechos y la libertad de expresión de los periodistas.
Fuente: Agencia EFE
