Por: Mariana Verón
El apuro oficial dejó perplejos hasta a los propios. El decreto que firmó anteanoche la presidenta Cristina Kirchner para poner en marcha la nueva le
y de medios audiovisuales obligará a que en menos de tres semanas estén a disposición de la jefa del Estado los precandidatos para integrar la autoridad de aplicación de la norma, plazo que se cumplirá el próximo 10 de noviembre.En el actual Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), que dirige Gabriel Mariotto, entraron en desesperación con la letra chica de los decretos. Se fija como plazo que 30 días antes de que la autoridad de aplicación comience a funcionar, es decir, un mes previo al 10 de diciembre, deberán estar a disposición del Gobierno los siete precandidatos que conformarán la autoridad de aplicación.
Ante la amenaza de la oposición de postergar hasta después del recambio legislativo los nombres de sus dos representantes, uno por la segunda minoría y otro por la tercera, el Gobierno fijó plazos de ejecución casi inmediatos. Y no sólo eso. La Casa Rosada se aseguró mediante el decreto 1525 que la autoridad de aplicación funcionará igual, aunque la oposición no la integre.
"Los mandatos de los miembros del directorio deberán computarse desde el día 10 de diciembre, fecha a partir de la cual el directorio comenzará a funcionar con los miembros designados", establece el artículo 3 del decreto. Si en el momento en que la autoridad de aplicación inicia sus funciones falta algún miembro, el organismo empezará igual.
La autoridad de aplicación estará integrada por siete miembros: dos nombrados por el Poder Ejecutivo; tres por el Congreso (en representación de la primera, segunda y tercera minorías), y dos representantes del Consejo Federal, uno de las provincias y otro del sector académico.
Una novedad que aportó la Presidenta, aunque obvió destacarlo en su discurso, fue que se incorporó un mecanismo de selección de los miembros de la autoridad de aplicación similar al que se usa para los jueces de la Corte. Así, el 10 de noviembre se conocerán los precandidatos, el Ejecutivo tendrá cinco días para dar a publicidad sus antecedentes, y la ciudadanía contará con 10 días para presentar en la Secretaría de Medios críticas o quejas sobre los elegidos. Los nombres que representarán al Gobierno son un misterio.
Este procedimiento obligará al ComFeR a avanzar lo antes posible. Según confiaron en el organismo a La Nación, la semana próxima convocarán al Consejo Federal de Comunicación, el organismo más difícil de conformar: son 38 miembros, uno en representación de cada provincia, y el resto de sindicatos, universidad, de medios de comunicación y ONG. De allí saldrán dos directores. En paralelo, en el Congreso, el oficialismo deberá designar a sus representantes.
Fuente: Diario La Nación
Gobierno negocia transición en medios con DNU de Kirchner
El Senado se prepara para ratificar decreto del ex presidente que prorrogó por 10 años licencia de radio y TV
Por: Rubén Rabanal
La transición de las licencias de radiodifusión desde su situación actual a las restricciones que se impondrán cuando comience a regir la nueva ley de medios ya comenzó. En el Congreso se reconoce que, más allá de la guerra pública, el Gobierno comenzó las conversaciones con
empresas para organizar el paso al nuevo sistema. Ese proceso involucra la venta forzada de canales de TV, radios y cables que no podrán seguir en poder de una misma empresa y tiene dos horizontes posibles: una guerra judicial por la inconstitucionalidad de la ley o una transición negociada.Ya comenzaron, entonces, los intentos por lograr esta segunda opción, a pesar de los discursos presidenciales. En el Senado, casi por coincidencia, apareció un elemento que el kirchnerismo quiere usar en ese proceso: la ratificación del decreto de necesidad y urgencia 527 que Néstor Kirchner firmó el 20 de mayo de 2005 por el que suspendió por 10 años el plazo de caducidad de las licencias. Fue un regalo a las empresas de medios que por entonces no parecían enemigas del matrimonio.
Ese decreto ya había sido ratificado en Diputados, resta sólo el Senado para concluir el trámite. Y allí dormía hasta que el jujeño Guillermo Jenefes le pidió a Miguel Pichetto que apurara el tratamiento para la ratificación definitiva.
Objetivo
La intención publicitada era precisamente garantizar a las empresas que durante la transición en la que deberán desprenderse de las unidades de negocio (algo que aún no tiene fecha cierta porque antes debe constituirse la autoridad de aplicación, que el miércoles en La Plata anunció Cristina de Kirchner), la situación legal de las licencias de radiodifusión está resguardada. Una señal de calma en medio de la guerra, pero también una herramienta de negociación del Gobierno con los medios a los que les garantizó un horizonte de 17 años y ahora se los recortó a uno.
Así, el pedido de Jenefes fue incluido en el plan de labor de la sesión del miércoles pasado, aunque Miguel Pichetto dejó claro desde el comienzo que el debate podría pasar para la próxima semana.
En medio de la discusión por la “fe de erratas”, Pichetto prefirió no alimentar más el incendio en el recinto y prefirió que el debate por la ratificación se postergara hasta el miércoles. De paso, mientras tanto, se volverían a chequear con la Casa Rosada los alcances que podría tener votar ahora el DNU de Néstor Kirchner, justo después de la ley de medios.
El radicalismo tampoco se mantuvo al margen en este caso. El formoseño Luis Petcoff Naidenoff ya prepara una artillería para cuestionar en la próxima sesión por qué Kirchner apeló a un DNU en 2005 para decidir sobre una cuestión que podría haberse sancionado por ley sin inconvenientes.
Y le recordará al Gobierno, precisamente, lo que dijo sobre la situación de los medios y la necesidad de dar previsibilidad a las inversiones en los considerandos de ese decreto.
La pregunta, de todas formas, es hasta dónde la ratificación parlamentaria de ese decreto de necesidad y urgencia (la que le da fuerza de ley), después de la sanción del nuevo régimen de sistemas audiovisuales, no servirá de argumento para alimentar las presentaciones judiciales que las empresas ya preparan para resistir la obligación de desprenderse de radios y canales de cable o aire.
Para los Kirchner, en 2005, los efectos de la crisis aún golpeaban a los medios de comunicación a los que había que asistir para garantizar, según los considerandos del decreto, que pudieran continuar prestando un servicio de utilidad pública.
De hecho, un párrafo de esos considerandos resulta elocuente: “Que en la actualidad, pese a haberse superado la etapa más difícil de la crisis, la situación de los medios audiovisuales necesita un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos mínimamente necesarios para recomponer su situación económico-financiera”.
Suspensión
Ese “horizonte de previsibilidad” hizo que Néstor Kirchner suspendiera por 10 años los plazos de vencimiento de las licencias de radiodifusión. Claro que por entonces, el Gobierno pasaba por una luna de miel con las grandes empresas de medios y nadie pensaba en una nueva ley de radiodifusión que declarara la incompatibilidad para operar medios que ahora obligará a que muchas deban desprenderse de unidades de negocio.
De ahí que la ratificación del Decreto 527/2005 cayera a medida para el kirchnerismo en un momento en el que ya comenzó la transición desde la situación actual de las licencias hacia el nuevo esquema que impone la ley de medios. Así, hubo licencias de televisión que pasaron a tener un horizonte garantizado de 17 años.
Fuente: Diario Ámbito Financiero
En Corrientes:
Ricardo quiere su propia ley de medios, para evitar la censura
Para Ricardo Colombi, en Corrientes hay que discutir todo. El “todo” incluye una ley de medios provinciana que ataque a la censura que, por caso, dice que sufrió en los últimos años. En el mismo acto dijo que es perfectible, pero que la ley de los Kirchner es mejor que el esquema que impuso la dictadura.
“Hay que discutir todo. No puede ser que haya empresarios ricos y periodistas trabajando en negro y sin obra social. Ustedes tienen que cuidarse y nosotros los vamos a proteger”. Así respondió ayer el gobernador electo, Ricardo Colombi, una pregunta de este diario acerca de su posición en cuanto a la posibilidad de discutir, también en Corrientes, una ley de medios que exceda los proyectos aprobados en la Legislatura sobre la publicidad de los actos de gobierno, y que encarrile también el incipiente debate sobre el plexo regulatorio que debe enmarcar la relación de los medios con el Estado y, principalmente, con el Gobierno.El ex mandatario, electo en octubre, se prestó a una rueda de prensa luego de la sesión que mantuvo ayer la Cámara de Senadores que aún conforma. Habló de todos los temas, sobre todo los que interesan a la transición, pero hizo hincapié, tal es una constante en el último tiempo, en su relación con los medios.
Negó la versión “de algún travieso” que lo ubicó en la vereda del kirchnerismo por su posición favorable respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso. Avaló la norma. La consideró mejor que la de la dictadura, pese a que, según dijo, es “perfectible”.
Fue el pié que necesitaba para que el mandatario electo se despache luego con una serie de comentarios relacionados con la prensa.
Ricardo dijo que la ley K, aunque perfectible, es mejor que la anterior. La avaló hasta con un ejemplo que lo tuvo como protagonista. Recordó que durante la campaña en Corrientes, una radio de amplitud modulada le exigió 750 mil dólares para que pueda tener su espacio en el medio, lo que lo obligó a recurrir a los medios pequeños del Interior que le dieron, por mucho menos, la posibilidad de expresarse.
“Yo dije que es necesaria una ley, no creo que esta sea la mejor, pero hay que proteger a las radios de frecuencia modulada y a la televisión de cable del Interior para evitar el discurso único y que desde el exterior, por ejemplo, se apoderen de nuestros medios. Tal vez esta no sea la mejor ley, pero es un avance”, remarcó el legislador.
Enmarcó de ese modo su posición. Ni muy muy ni tan tan, pero cercana a la postura de los Kirchner y un poco lejos de la de su propio partido, la Unión Cívica Radical, ariete detractor de la mencionada norma a la que calificó de “mordaza”.
Fue entonces cuando endureciendo el tono, aseguró que “acá hay que discutir todo. Acá no pueden estar ustedes trabajando en negro, no pueden seguir los periodistas sin obra social en Corrientes”.
Un día antes y para un programa de televisión nacional, “Cronista TV” que se emite por América, Ricardo denunció que en campaña, e incluso antes, fue “censurado y humillado”. “Un medio local me pidió 750 mil dólares para hacer publicidad de campaña”. Pero “lo grave no sólo es que pida esa cifra. Lo grave es que hay alguien que pague eso. Ese alguien es el Estado”, denunció en la nota.
Recordó luego que en “1987, cuando no existían radios FM, fuimos más que perjudicados con la existencia de un solo medio”. De ese modo ahondó en argumentos, los que utilizará seguramente cuando presente su propia ley de medios para “proteger a los pequeños medios de comunicación”, pues “con esa visión hacemos federalismo”, según dijo.
El debate de la ley de medios caló hondo en Corrientes luego de que se instalara la idea del abultado gasto publicitario al que habría recurrido Arturo Colombi. De hecho, un juez correntino dictó una medida cautelar, que aún rige, y que prohíbe al Gobierno contratar y pagar publicidad oficial. Es más, tampoco puede pagar lo que ya pautó. La prohibición es sólo hasta el 10 de diciembre.
Se trata de una situación extrema que luego llegó a la Legislatura en forma de proyecto. Hay al menos dos en ambas cámaras que pretenden regular la relación de los empresarios periodísticos con el Estado. Podría haber un tercero si Ricardo manda el suyo. De lo contrario, con modificaciones, tal vez apoye el proyecto que ya presentó su delfín el veterinario Sergio Flinta.
Al fin y al cabo, se supone estará a favor de toda aquella iniciativa que condene la censura. Fue ese uno de los ejes de la campaña. Incluso, tras ganar, empapeló la ciudad con su leyenda favorita: “Volvió la libertad de prensa”. Queda poco tiempo para empezar a cumplirla.
Fuente: Diario El Litoral, Corrientes
