“El pasado 13 de octubre fueron detenidos por la policía española 10 militantes independentistas de conocida trayectoria pública, entre ellos el ex-dirigente de LAB Rafa Usabiaga y Arnaldo Otegi, bajo la acusación
de conformar la dirección política de Batasuna. Las detenciones fueron realizadas bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón.”Esta noticia podría pasar desapercibida para muchos lectores de Argentina y el mundo, pero si la analizamos dentro del correr de los acontecimientos, desentrañaremos las dramáticas implicancias de esta redada contra el independentismo vasco, que tiene su origen político en el gobierno de Zapatero y que ha sido interpretada unánimemente en Euskal Herria-País Vasco como un ataque contra las opciones de cambio de escenario.
Vayamos por parte. El partido al cual refiere la noticia, Batasuna, representa al sector mayoritario de la Izquierda Independentista vasca (Abertzale) y fue ilegalizado por los tribunales de justicia españoles en 2003. Para ello, se valieron de la aplicación de la denominada “Ley de Partidos”, que en la práctica judicial se implementa con claros fines políticos sólo para eliminar a esta opción social y política. Su implementación, al amparo del «pacto antiterrorista» suscrito por el Partido Popular y PSOE en diciembre de 2001, sumada a los fallos inquisitoriales de la Audiencia Nacional bajo su doctrina de que “todo es ETA”, busca perpetrar un «genocidio político» en el seno de la “preciada civilización europea”, donde ilegalizar partidos y asociaciones políticas y sociales es moneda corriente y está casi naturalizado por las esferas del poder. Incluso Amnistía Internacional ha considerado que deben eliminarse las ambigüedades que se detectan en la Ley de Partidos, pues en su práctica las detenciones no se ajustan al principio internacional de legalidad por el cual debe confirmarse que cada detenido haya cometido un acto delictivo de forma individual y que exista claramente una vinculación con organizaciones delictivas para la aplicación de los artículos del Código Penal relacionados con las acusaciones de terrorismo.
Con esta redada quedó demostrado, una vez más, que la «instrumentalización de la justicia con fines políticos» en el País Vasco sucede a diario. Leyes y medidas excepcionales se aplican sin cesar contra la izquierda independentista vasca
siendo pergeñada por un tribunal especial y de excepción como la Audiencia Nacional, resabio del Régimen Franquista, y diseñada por el gobierno unitario y español de turno. Desde hace 11 años hasta la actualidad existen numerosos procesos abiertos, sin garantías jurídicas elementales contra distintas organizaciones políticas, sociales y medios de comunicación, criminalizando a cientos de personas por acompañar a su ideología con praxis. La excusa de siempre: “todo es o se hace por orden de ETA.”Asimismo, estimo sumamente criticable que las detenciones se hayan desarrollado en la sede del sindicato independentista y de izquierdas LAB, totalmente rodeado y tomado por las fuerzas represivas durante horas, y más reprochable aún por estar entre los arrestados su ex secretario general. El lugar ha sido escogido como claro símbolo del irrespeto que siente el gobierno español por la clase trabajadora, sus representantes y la defensa sindical.
Como resultado de este fuerte marco represivo, se suscita en Euskal Herria una continua negación de derechos colectivos e individuales, canjeando, en el caso de marras, participación política -ejercicio de una libertad fundamental- por detención y enjuiciamiento, en un sistema que se hace llamar democrático.
“La izquierda Abertzale es sólo la expresión de una realidad social que no puede cambiarse desde Madrid o París” (Aoiz), una representación de un marcado y activo sector de la ciudadanía que alcanza al 20% aproximadamente y que profesa la herética ilusión de ser lo que uno o una quiera ser.
“Ladran Sancho, señal que cabalgamos”
Producto del proceso histórico, de idas y venidas en la vida política vasca, puede palparse que la sociedad no aceptará ninguna nueva propuesta de resolución o marco a seguir, que no contemple entre sus fines el pleno ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos, el cual deberá
realizarse en un marco de paz artificial, con un cese de violencia multilateral. Y aquí radica lo que soberanamente le molesta al gobierno español: la posibilidad de que se reabra un nuevo marco democrático que viabilice una consulta popular, al igual que otras naciones sin Estado (v.gr. Quebec, Escocia). Por eso se agarra desesperadamente de donde cree poder, de la existencia de ETA, por lo que fuerza el sostenimiento de las más atendibles condiciones para que ETA no abandone las armas.En este sentido, la izquierda vasca había hecho pública la inminente presentación de una propuesta política que ofrecería dejar la resistencia armada por parte de ETA a cambio de un acuerdo serio y duradero. Resulta claro pues que el objeto de esta operación ha sido frenar la labor de la izquierda Abertzale (nacionalista vasca) en esa dirección y, para asegúraselo, ha encarcelado a algunos de los referentes más legitimados para ser los responsables en direccionar el rumbo hacia la normalización política.
Entre los voceros de las insostenibles excusas esgrimidas por el gobierno central aparece, en primer lugar, su Ministro del Interior: el Sr. Rubalcaba, quien aduce que la propuesta que estaría a punto de presentarse sería delictiva, pero ¿en qué se basa? ¿Por qué no esperar a que se haga pública para comprobar su ilicitud? Y rebeló que “nadie de la izquierda vasca va a hacer política mientras exista ETA” (recuerde Sr. Lector la fabulación harto esgrimida y refutada de que es lo mismo Batasuna y ETA), por lo que no importa lo que intente decir la izquierda Abertzale, sino que a priori, mientras exista ETA, no será escuchada la voz popular y serán perseguidos sus interlocutores. ¿Qué busca con esto el gobierno español? ¿Terminar con ETA? ¿De esta manera?
En un serio análisis del conflicto no hay quién dude en que el único actor político que puede hacer que ETA dicte un alto al fuego es la izquierda Abertzale, al velar por la credibilidad y eficacia del proceso que se encamine. Entonces, ¿qué busca realmente el gobierno cortando de cuajo la posibilidad más cierta de llegar a un escenario de pacificación?
Si quedaban dudas sobre la intención de acallar a la izquierda vasca, desde el gobierno de Madrid se encargaron de disiparlas, al decir que responderían policialmente a cualquier iniciativa de la izquierda Abertzale, declarando incluso que ni siquiera aceptarían de condenas de la acción de ETA pese a haberlas exigido a lo largo de los años. Y si algún distraído todavía duda sobre la posible ilicitud de la nueva propuesta por ser un dictado de ETA, puede leer en la hemeroteca del periódico gubernamental “El País”, días atrás, las denuncias del diario sobre la hipotética desautorización por parte de ETA a los dirigentes enjuiciados, debido a una supuesta posición política contraria a la lucha armada. ¿Por qué los detienen entonces?
El resultado de todo este embrollo es que el Estado español “sigue negando las distintas realidades nacionales existentes y con especial énfasis la del pueblo vasco. El Estado español, con actuaciones como la realizada el pasado martes, vuelve a refrendar que la única salida que ofrece a la sociedad vasca es la perpetuación del conflicto negando una salida democrática al mismo.”
*Abogado. Miembro del Foro de Debate Nacional en la Diáspora Americana y de la Mesa de Maltzaga por parte de la diáspora.
Fotos: Rafa Rivas, AFP
