Los informes oficiales del Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial se difunden tres veces por semana a través de las redes sociales del Gobierno y de los canales locales. En ellos ya no se brinda información epidemiológica, limitándose a comunicar cuestiones generales.
Desde hace varias semanas se ha eliminado incluso la posibilidad de que los medios y trabajadores de prensa envíen sus preguntas e inquietudes al gobernador y el resto de los funcionarios que participan de cada informe.
En este contexto, el acceso de la ciudadanía a la información se limita a los partes de prensa difundidos por el área de comunicación del gobierno que reproducen los medios.
Por otro lado, los periodistas que pretendemos profundizar, pedir precisiones, plantear inquietudes, nos encontramos con todos los canales obturados.
A esta preocupante situación, que afecta el derecho de la población a la información y nuestro derecho a ejercer nuestro trabajo, se suman las permanentes agresiones verbales por parte del gobernador, que insiste en su acostumbrado hostigamiento hacia los medios que no repiten su relato.
Una y otra vez, Morales acentúa una grieta política que, a esta altura, parece estar abierta solo en su pensamiento. Así es como mete en una misma bolsa a medios y periodistas que no publican solamente lo que él espera, y a legisladores y legisladoras que no pertenecen a su espacio político.
El gobernador ha elegido hace tiempo mantener un contacto frecuente, fluido y amistoso con numerosos medios nacionales, mientras ignora y hostiga a los comunicadores locales, salvo aquellos que acompañan su gestión y le garantizan comodidad.
De este modo, pretende imponer su agenda oficial desconociendo la pluralidad de voces que es necesaria en una democracia real.
Somos trabajadores y trabajadoras de prensa. Es nuestro oficio. Nos dedicamos a recabar información y ponerla a disposición de la ciudadanía desde nuestra perspectiva. Somos el puente que conecta, en una y otra dirección, las cuestiones públicas y las inquietudes del público.
Los y las funcionarias tienen la responsabilidad de habilitar canales de comunicación. No solo para informar lo que consideran relevante con las palabras que creen adecuadas. Tienen también la responsabilidad de abrirse a las inquietudes y planteos de la prensa, y responder con la humildad que corresponde a quien ha recibido el mandato de su pueblo para llevar adelante la gestión del Estado.
San Salvador de Jujuy, 14 de septiembre de 2020
