Por: Gustavo Veiga
El mes de julio que acaba de irse resultó fecundo en noticias sobre el juicio millonario que le inició el Grupo Clarín a la AFA por incumplimiento de contrato. El reclamo económico asciende a cerca de 2280 millones de pesos. La pretensión empresaria es cobrar 12 millones por cada jornada de fútbol
que TSC (Televisión Satelital Codificada) no pudo transmitir desde la rescisión concretada el 11 de agosto de 2009. Son 38 fechas por temporada multiplicadas por cinco años, si se considera que el vínculo entre las partes llegaba hasta 2014. De ahí surge aquella suma que le adelantó a Página/12 una fuente con acceso al expediente que se tramita en la Justicia Comercial. La extensa demanda presentada recibió una todavía más voluminosa respuesta en la que se responsabiliza a la sociedad anónima de “diluir el dinero ganado en otras empresas del Grupo”. La causa está radicada en el Juzgado Nº 7 de Fernando D’Alessandro, que también lleva adelante la quiebra del Club Comunicaciones.“TSC nos decía que no obtenía ganancias, pero sí las cobraban otras compañías del Grupo como Cablevisión, Multicanal, IESA, Tele Red Imagen”, señalan en torno de Julio Grondona, el presidente de la AFA. Por si acaso, aclaran, “todo esto hay que demostrarlo”. Como fuere, Clarín, por intermedio de TSC, inició formalmente la demanda a comienzos de julio porque alega que no había causal para una rescisión y exige que se cumpla el contrato hasta su finalización. La respuesta del asesor letrado de la AFA, Mario Schmoisman, se presentó el 15 de julio, dos días antes de la feria judicial. Es un trabajo de 247 carillas acompañado de profusa documentación y gráficos explicativos del funcionamiento interno del Grupo que patrocina el prestigioso abogado Julio César Rivera, un especialista en derecho comercial. A TSC, como siempre, la asiste el estudio Sáenz Valiente.
Desde la demandada asociación civil precisan que se les reclaman 12 millones de pesos por cada fecha que TSC no pudo televisar de la temporada 2009-2010 (unos 456 millones anuales). La cifra, multiplicada por cinco, arroja 2280 millones de pesos. En este pleito, el sector empresario espera que la Justicia se pronuncie sobre el curioso beneficio de litigar sin gastos que solicitó (ver aparte) que comúnmente se conoce como carta de pobreza.
Por otra parte, la AFA recusó a D’Alessandro y espera que se sortee un nuevo juez o que el expediente vuelva a manos de la doctora Paula Hualde, del Juzgado Comercial Nº 9 donde TSC había presentado una medida cautelar en agosto del año pasado. En la AFA también analizan una jugada que podría cambiar el fuero donde se resolvería el litigio. Una eventual condena contra la asociación que preside Grondona –sostienen– “perjudicaría a un tercero, en este caso el Gobierno, al que le sacarían los derechos televisivos”. Si eso pasara, completan, la causa pasaría a la Justicia Contencioso Administrativa Federal.
Todo este proceso se había iniciado en dos audiencias de mediación obligatorias en las que no se llegó a ningún acuerdo. Una se realizó el 29 de diciembre de 2009 y la restante, el 16 de febrero pasado. Así como TSC alega que no había razones para interrumpir el contrato que se prolongaba hasta 2014, los dirigentes las enumeraban una por una en la memoria y balance del ejercicio 2008-2009:
“A) TSC SA no cumplió con su obligación de potenciar los ingresos, incurriendo en claras políticas de comercialización contrarias a tal objetivo, beneficiando a cableoperadores vinculados a TSC SA, en perjuicio de la AFA y en violación de los principios contenidos en la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia; B) en la declaración de ingresos de TSC SA por la distribución de la señal en la Argentina no se estaría facturando el fútbol codificado a una importante cantidad de cableoperadores independientes; C) TSC SA incumplió la entrega de facturas con fines informativos requeridas por la AFA; D) incumplimiento de TSC SA de realizar gestiones ante entidades bancarias; E) imposibilidad de la AFA de revisar los derechos otorgados por TSC SA a otros medios fuera de la TV tradicional, y F) la señal de TyC Max posee presencia en otros países y sus ingresos no son declarados por TSC SA a la AFA o, en caso de que los mismos se estuviesen difundiendo sin los derechos correspondientes, no se advirtió ninguna actividad por parte de TSC SA para hacerlos cesar”.
La compañía negó estos cargos en agosto de 2009, cuando Grondona le rescindió el contrato: “TSC reafirma que siempre ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales e informado a la AFA de toda su gestión comercial, la que ha sido periódicamente auditada y aprobada por esta asociación, a la que incluso se adelantaron pagos hasta la semana pasada”. Ahora la empresa reclama 2280 millones de pesos, cifra que en la casa del fútbol atribuyen a un cálculo equivocado. La asesoría letrada de la AFA, en la medida que surjan más pruebas, estudia contrarrestar esa pretensión con una contrademanda. El juicio recién empieza y a un año de la rescisión del contrato, las partes ya mostraron las cartas con que piensan jugar su larga partida.
TSC alega pobreza para litigar
TSC, la sociedad que mantuvo con la AFA durante 18 años el contrato que se extendía hasta 2014 (firmado el 19 de abril de 1991 y rescindido el 11 de agosto de 2009), se presentó originariamente ante el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 5 –ahora tramita en el Nº 7– para pedir el beneficio de litigar sin gastos contra la AFA. Comúnmente se llama a este recurso carta de pobreza. Es una petición a la que apelan con más frecuencia las personas que las empresas y quienes no tienen recursos antes que los sectores acomodados. El expediente iniciado el pasado 6 de abril está caratulado “Televisión Satelital Codificada SA sobre beneficio de litigar sin gastos”.
TSC tendrá que demostrar por qué pidió la carta de pobreza que contempla el Código Procesal Civil y Comercial en su artículo 78: “Los que carecieren de recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos”. Pero así como le pueden conceder la gracia a una persona física o jurídica para iniciar un juicio en esas condiciones, el artículo 81 del Código establece que “si se comprobare la falsedad de los hechos alegados como fundamento de la petición del beneficio de litigar sin gastos, se impondrá al peticionario una multa que se fijará en el doble del importe de la tasa de Justicia que correspondiera abonar, no pudiendo ser esta suma inferior a la cantidad de pesos un mil ($ 1.000). El importe de la multa se destinará a las bibliotecas de las cárceles”. El juez D’Alessandro todavía no se expidió sobre este recurso que busca evitar el pago de la tasa de Justicia del tres por ciento. Si no fuera concedido, TSC debería desembolsar un adelanto de 68.400.000 pesos en concepto de caución (sobre los 2.280 millones que reclamaría). La carta de pobreza es un beneficio que habitualmente solicitan las personas que sufrieron un accidente de tránsito y no pueden afrontar los gastos del juicio. “El abajo firmante carece de medios de fortuna para solventar los gastos y eventuales costas que le demandará la promoción de dicha acción indemnizatoria por daños y perjuicios. En efecto, no posee bienes inmuebles, como lo acredita el informe del índice de Titulares, ni bienes muebles registrables”, suele pedir alguien que es insolvente. No parece ser ése el caso de TSC.
Aquella firma en Ezeiza
La Asociación del Fútbol Argentino decidió rescindir en agosto del año pasado el contrato de televisación, que vencía en 2014, e inmediatamente acordó con el gobierno nacional un nuevo vínculo para que los partidos puedan ser transmitidos por televisión abierta, bajo el slogan “Fútbol Para Todos”. Ese acto se realizó en la localidad de Ezeiza y, además de Julio Grondona, presidente de la AFA, estuvieron la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, y el por entonces entrenador del seleccionado argentino, Diego Maradona.
Foto: Daniel Dabove Fuente: Diario PáginaI12
