Denuncian 56 agresiones y 3 asesinatos a periodistas mexicanos en el último trimestre

Un total de 59 periodistas mexicanos han sido agredidos, de los cuales tres fueron asesinados, durante el tercer trimestre de este año, aseguraron hoy en un informe las organizaciones Article19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
En su Tercer Informe Trimestral sobre Agresiones contra la Libertad de Expresión en México señalan que hay "algunas tendencias inquietantes que sugieren que la situación de vulnerabilidad del derecho a la libertad de expresión sigue empeorando".
Además, dijeron que en el periodo julio-septiembre prevalece "un ambiente de impunidad y las autoridades siguen siendo las principales presuntas responsables de las agresiones registradas".
Este trimestre, afirman, "se han registrado 59 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, lo que da un total de 201 en lo que va de año".
Entre estas agresiones destacaron tres asesinatos de periodistas, que arrojan una cifra de ocho muertos en lo que va de 2009.
Desde diciembre de 2006, fecha en la que inició la administración de Felipe Calderón, suman ya 19 crímenes, de los cuales cinco se produjeron en 2007 y seis en 2008.
También ocho periodistas continúan desaparecidos desde 2000.
Los tres asesinados en el tercer trimestre fueron Martín Javier Miranda Avilés Michoacán (12 de julio), Juan Daniel Martínez Gil Guerrero (28 de julio) y Norberto Miranda Madrid Chihuahua (23 de septiembre).
"Las violaciones más graves, como asesinatos y desapariciones, se atribuyen en su gran mayoría al crimen organizado. Sin embargo, el registro de las agresiones de este tercer trimestre sigue apuntando a las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno (federales, estatales y municipales) como las responsables en la mayoría de los casos (71,19%)", señala el reporte.
Article19 y Cencos señalan que "la influencia del narcotráfico y el crimen organizado y su colusión con las autoridades condiciona también la labor periodística, situando a medios y periodistas en una posición de riesgo y vulnerabilidad".
Agregan que los operativos militares y policiales "no solamente han producido pobres resultados en términos de seguridad pública, sino que en muchos casos han provocado nuevas violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas muy graves y que afectan a la libertad de expresión", indica el informe.
Recordó que en septiembre pasado la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso la necesidad de que el Estado mexicano impulse con firmeza las investigaciones sobre los crímenes y amenazas contra periodistas y adopte medidas urgentes.

Fuente: EFE

El Senado ratificó regalo de Néstor Kirchner (Clarín podrá tener el 13 hasta el 2025)

Por 28 votos a favor y 9 en contra la Cámara alta ratificó esta tarde el Decreto 527/05 por el cual se prorrogan por 10 años las licencias de los medios de comunicación.

El Senado ratificó esta tarde el decreto 527/05 del ex presidente Néstor Kirchner por el cual se prorrogan las licencias a los medios de comunicación por el término de diez años. Muchos ven en esta iniciativa una jugada anticipada por parte del oficialismo que con la recientemente sancionada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, avizora una catarata de juicios.

“Qué estamos debatiendo, no sabemos de qué se trata, si esto es para frenar futuros juicios, no se entiende, si la ley antigua ya fue derogada, hay una nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, señaló el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frejuli-San Luis).

El decreto 527/05 establecía en su artículo 1º — Suspéndanse por el plazo de Diez (10) años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y sus modificatorias. Los términos se reanudarán automáticamente vencido el plazo de suspensión antes citado. El artículo 2º dispone que en ningún caso la suspensión dispuesta en el artículo 1º impedirá la aplicación del régimen sancionatorio contemplado en la Ley de Radiodifusión y el 3º reza: “Determínase que durante el plazo de Dos (2) años a partir de la vigencia del presente, cada licenciatario de servicios de radiodifusión deberá elevar al Comité Federal de Radiodifusión para su aprobación un espacio de programación que contribuya a la defensa de la cultura nacional y a la educación de la población. Asimismo, en dicho plazo, cada licenciatario deberá presentar ante el Comité Federal de Radiodifusión, para su aprobación, un plan que prevea la incorporación de nueva tecnología, como la digital, que implique mejora e innovación en los servicios que presta.

“Esto no es incompatible con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o con el artículo 161, no colisionan. Las empresas van a tener la vigencia de este decreto y la fortaleza de negociar mejor, sobre todo aquellas que tengan que desinvertir; este es un elemento a favor”, señaló el titular de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto.

Hay algunos casos paradigmáticos. Por ejemplo, en el caso del empresario televisivo Daniel Hadad, el decreto del ex presidente implica un alivio financiero ya que junto con su socio el banquero Raúl Moneta, está en una negociación por la deuda que posee Canal 9 en concurso preventivo. Y es que la ratificación del decreto es casi una respuesta a un pedido del empresario quien en enero de este año había solicitado la prórroga hoy afirmada.

En tanto, para Canal 13 y Telefé significará una extensión de las licencias hasta el 2025 y para América hasta el 2022.
Fuente: Noticias del Congreso Nacional

Diputados aprobó la despenalización del delito de "calumnias e injurias"

Los diputados aprobaron esta noche y remitieron al Senado el proyecto de ley que despenaliza el delito de "calumnias e injurias", que significa en los hechos una protección a la actividad periodística. El proyecto fue aprobado por 154 votos afirmativos contra 12 negativos.
La kirchnerista Nora César, presidenta de la comisión de Legislación Penal, explicó que la norma que "modifica el capítulo del Código Penal referido a los delitos contra el honor" es "una obligación que pesa sobre el Estado argentino".
A su turno, la kirchnerista Diana Conti recordó que la CIDH "condenó al Estado argentino en 2008" por el caso de Eduardo Kimel, un periodista condenado en forma penal y civil ante una denuncia efectuada por un juez, y destacó que en el país ya se derogó el delito de desacato, como consecuencia de la acción del CELS y el periodista Horacio Verbirtsky.
La diputada señaló, además, que la ley no protege a los funcionarios públicos y que en realidad les "exige una mayor tolerancia", al tiempo que indicó que no solo saca la pena de prisión y solo aplica multas cuando se comprueba una actuación con "real malicia".
La radical Silvana Giudici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, se quejó de que el oficialismo desoyera a la oposición y que no hubiera tomado en cuenta trabajos anteriores de la comisión que preside.
"Otra vez estamos frente a un proyecto del Poder Ejecutivo sin poder conformar ni enriquecer el texto, otra vez el oficialismo optó por el atajo", reseñó la legisladora porteña.
Desde el radicalismo, Pedro Azcoiti, cuya bancada presentó un dictamen de minoría, consideró que "es un error limitar la participación como querellantes sólo a los organismos de derechos humanos", al sostener que la norma "debe ser más amplia".
A su turno, la diputada de Encuentro Popular y Social, Victoria Donda, anticipó su apoyo al proyecto, al sostener que de no aprobarlo "estaríamos violando el derecho de poder acceder de una vez por todas a la justicia, por más de tres décadas esperado".
Donda pidió además la sanción en la próxima sesión de la norma que propone regular los procedimientos de ADN y advirtió que "aquellos que se opongan a esta ley no hacen más que sostener esa red delictiva que todavía sigue viva y significa perpetuar un delito".
Para el jefe de bloque de los diputados de la Concertación Hugo Prieto, "la Libertad de expresión es primordial para el fortalecimiento de todas las instituciones de la sociedad. Sin dudas este derecho se encuentra, a veces, en contradicciones con otros derechos; como el derecho a la propiedad privada. Esto ocurrió en el recinto cuando debatimos la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero estamos convencidos que siempre debe primar el derecho a la libertad de expresión".
En contra de esta iniciativa se manifestó la diputada y conductora de TV Lidia “Pinky” Satragno, quien disparó: “Ahora a calumniar se ha dicho”.
El proyecto de ley despenaliza los delitos de calumnias e injurias, y tuvo el pasado 13 de octubre dictamen favorable del plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Legislación Penal de la Cámara Baja.
La propuesta, promovida por el Poder Ejecutivo el mes pasado, elimina la posibilidad de considerar delitos de calumnias o injurias a las expresiones referidas a asuntos de "interés público".
De esa manera, elimina la posibilidad de cualquier acción destinada a limitar la libertad de expresión en el caso de investigaciones periodísticas vinculadas al manejo de la cosa pública.
El proyecto busca dar respuesta a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la Argentina adecue, "en un plazo razonable, el derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos", para garantizar "la seguridad jurídica" y "la libertad de expresión".
El fallo de la CIDH refiere, entre otros, al caso del periodista Eduardo Kimel, quien, en un libro sobre la llamada Masacre de San Patricio, investigó el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas "palotinos", ocurrido en julio de 976, en la última dictadura militar, en una iglesia del barrio porteño de Belgrano.
El periodista fue condenado, entonces, "a un año de prisión y sanciones patrimoniales" por haber criticado "el desempeño del juez interviniente" en la causa, en su investigación.

Fuentes: TelAm, Noticias Argentinas

Telefónica renueva su alianza en Telecom Italia y deja afuera a Benetton

Las presiones latentes en los últimos tiempos sobre el control de Telefónica en Telecom Italia no han impedido que la empresa española esté ultimando la renovación, junto al resto de socios italianos, de su alianza en el consorcio Telco, que controla el 24,5% de la operadora italiana. El grupo español confirmó el miércoles que renovó por tres años el pacto de accionistas de Telco, controlador de Telecom Italia, aunque sin el holding de la familia Benetton.
Telefónica ha renovado por otros tres años más el acuerdo accionarial que mantenía en Telco, holding que controla el principal operador italiano Telecom Italia, hasta el próximo 27 de abril de 2013 en los términos y condiciones actuales, informó este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además de la firma presidida por César Alierta, los bancos italianos Mediobanca e Intesa y la aseguradora Assicurazioni Generali, socios del grupo español en Telco, han renovado dicha alianza accionarial en las misma condiciones que Telefónica, lo que incluye la posibilidad de romper el acuerdo tras 18 meses.
Por su parte, el socio restante, el holding Sintonia de la familia Benetton, que poseía un 8,4% del capital de Telco, ha solicitado la adjudicación de la parte proporcional que le corresponde en el holding. De esta forma, el peso de Telco en Telecom Italia pasaría del 24,5% al 22,5%.
Entre las condiciones del nuevo acuerdo se recoge la posibilidad de una salida anticipada y la adjudicación proporcional de los activos y pasivos entre el 1 y el 28 de octubre de 2012. Para ejercer dicho derecho los accionistas deberán que presentar una solicitud seis meses antes, entre el 1 y el 28 de abril de 2011.
Con la salida de la familia Benetton del acuerdo que mantenía con el resto de los accionistas de Telco, Sintonia controlaría directamente su participación del 2% en Telecom Italia, mientras que los demás socios del holding recortan su peso en el operador italiano.
De esta forma, los socios restantes en Telco se repartirán proporcionalmente la participación de Sintonia en el holding. Hasta el momento, Telefónica poseía un 42,3% en Telco -lo que se traduce en una participación indirecta del 7% en Telecom Italia- seguido de la aseguradora Generali, con un peso del 28%, y de los bancos italianos Intesa y Mediobanco, con un 10,6% cada uno.
Por su parte, en un comunicado conjunto, los socios de Telco indicaron que están considerando, junto con Sintonia, una "forma alternativa" que permita a esta última salir de Telco a finales de noviembre, antes de que finalice el plazo del acuerdo accionarial, que expiraba en abril de 2010.
El directivo de Telefónica, transmitiendo un mensaje del presidente del grupo, César Alierta, añadió que "estamos encantados con este acuerdo industrial". Esta colaboración también recibió una valoración positiva por parte del consejero delegado de Telecom Italia.
El consejero delegado de Telecom Italia, Franco Bernabé, valoró la importancia de la unión entre Telefónica y Telecom Italia, que permite "extender sinergias" y competir en el resto del mundo.
Precisamente, puntualizó que el sector de las telecomunicaciones podría dar una "aportación importante" al crecimiento de las economías de España e Italia y ayudaría a estos países a "acelerar" su salida de la crisis.
El dirigente de Telecom Italia aseguró que su grupo empresarial y Telefónica deben hacer un "esfuerzo de integración" ante la "fuerza" de la industria norteamericana de telecomunicaciones y pidió a la Unión Europea una normativa regulatoria que "no limite" las inversiones en redes de nueva generación.
En las últimas fechas se habían reactivado las presiones para que Telecom Italia siga en manos italianas, en contra de los intereses de Telefónica. De aceurdo con la prensa transalpina, el Gobierno encabezado por Berlusconi veía "difícil" la "convivencia" entre ambas compañías.

Fuentes: Europa Press, EFE, Il Sole

La Cámara de Diputados avala el proyecto de declarar el 7 de noviembre el "Día del Canillita"

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece el 7 de noviembre como el día del trabajadores vendedores de diarios y revistas. También dio luz verde al día del empleado de comercio. Ahora es el turno del Senado.
Los trabajadores vendedores de diarios y revistas de la industria periodística, conocidos como "canillitas", fueron uno de los colectivos laborales que tuvieron una pronta regulación de su legislación social tuitiva a partir del avenimiento del coronel Juan Domingo Perón como secretario de Trabajo y Previsión Social.
Esto fue recordado por el diputado oficialista Héctor Recalde, quien fue autor de la iniciativa que se aprobó por unanimidad en la Cámara baja, estableciendo el 7 de noviembre como el día del canillita.
En sus fundamentos, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara baja sostuvo que "la época de la desregulación neoliberal intentó e intenta aún hoy con algunos resabios desbaratar la legislación tuitiva de los trabajadores canillitas".

Fuente: Parlamentario.com

La Justicia revocó el fallo que aprobaba la fusión de Cablevisión y Multicanal

La sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó la decisión del magistrado que aprobaba la fusión de las operadoras de cable. La decisión fue tomada por los camaristas Carlos Manuel Grecco y Jorge Esteban Argento. Convalida así una resolución del ComFeR que dejaba sin efecto la unión.
La sala 3 de la Cámara en la Contencioso Administrativo revocó el viernes el fallo del juez que aprobaba la fusión de las operadoras de cable. La decisión fue tomada por los camaristas Carlos Manuel Grecco y Jorge Esteban Argento.
El tribunal convalida así una resolución del ComFeR que determinó que la unión de las empresas infringía el régimen de multiplicidad de licencias. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se había expedido en el mismo sentido.
La autorización de la fusión había sido autorizada mediante un decreto firmado por el ex presidente Néstor Kirchner.
No obstante, el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, firmó en septiembre pasado la denegación a la solicitud de Cablevisión para operar en conjunto con Multicanal.
Posteriormente, el juzgado nacional de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 2 había ordenado suspender los efectos de la resoluciones del ComFeR. Con la decisión de la Sala 3, tomada el pasado viernes, se deja sin efecto esa suspensión.

Fuente: El Argentino

Francia amaneció sin diarios por huelga de los trabajadores de las imprentas

El paro duraría 24 horas y es consecuencia de ocho meses de negociaciones entre sindicatos e imprentas. La medida podría ampliarse en los próximos días
Los kioscos franceses amanecieron sin diarios por la huelga de los trabajadores de las imprentas en protesta por los proyectos de modernización de su trabajo. Diarios como Le Monde, Liberation, La Croix, La Tribune, France-Soir y el económico Les Echos, invitaron a sus lectores a seguirlos gratuitamente a través de sus páginas digitales.
El movimiento fue convocado por los Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP), con duración de 24 horas, como muestra de solidaridad con el Syndicat General du Libre y de la Communication Ecrite (Sglce-CGT).
La contraparte es el Sindicato Patronal de la Presse Quotidienne Nationale (SPQN), que trata de impulsar acciones de modernización en la impresión de los rotativos.
Los sindicatos temen que los proyectos de reforma de las imprentas conlleven despidos de trabajadores. Se especula que la huelga podría ampliarse en los próximos días, según un comunicado sindical.
En particular el Sglce-CGT se queja de que las disposiciones de capacitación en realidad podrían justificar despidos de trabajadores.
Por su parte, los editores señalaron que este paro se genera luego de ocho meses de negociaciones y tras la presentación, la víspera, de un texto sobre la modernización de los talleres de impresión y las condiciones para la capacitación de los trabajadores.

Fuente: EFE

Designan a la ex-interventora del INDEC en Papel Prensa sólo con el voto estatal

Se abstuvieron los otros dos accionistas de la empresa, que días atrás denunció a la funcionaria
Beatriz Paglieri, la economista que instrumentó los controvertidos cambios en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tras la intervención del Gobierno, fue designada ayer oficialmente directora por el Estado en Papel Prensa.
El nombramiento se hizo sólo con el voto de los representantes estatales y la abstención de los otros dos accionistas -el Grupo Clarín y SA La Nación-, que cuestionan a Paglieri por responder al polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que semanas atrás protagonizó un escándalo al amenazar a directores de Papel Prensa y advertir que la empresa iba a ser expropiada.
La designación de Pablo Cerioli, el otro director propuesto por el Gobierno, fue en cambio apoyada por todos los accionistas.
Papel Prensa hizo días atrás una denuncia contra la funcionaria, que estaba presente durante el episodio que protagonizó Moreno. "Afuera tengo a mis muchachos, expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable", habría advertido Moreno el 14 de septiembre pasado, en una reunión en la que, según contó ante escribano público Carlos Collaso -representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de la firma-, reveló un plan para expropiar Papel Prensa y ordenó a los directivos que, a partir de ese momento, debían obedecer a Paglieri.
Después de ese episodio, dos de los directores amenazados por Moreno presentaron su renuncia a la empresa.
El primero en iniciar una querella contra Paglieri tras el incidente fue el grupo Clarín, y después Papel Prensa se sumó a la denuncia.
Eduardo Lohidoy, representante de Cimeco, habló ayer por quienes se abstuvieron y explicó que se veía "en la obligación de solicitar que se deje constancia en acta de que, como es de conocimiento de los restantes miembros del directorio, integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Consejo de Vigilancia y accionistas, en los últimos días se produjeron circunstancias que derivaron en diversas acciones judiciales contra ciertos funcionarios públicos, uno de los cuales es la Sra. Paglieri".
Paglieri había sido propuesta por el Gobierno el 7 de agosto en reemplazo del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. La economista, ex directora de Indices de Precios al Consumidor del INDEC, pidió ayer ingresar en la asamblea, lo que le fue negado por el directorio, que argumentó que sólo podría hacerlo una vez designada.
Los accionistas que se abstuvieron temen que cualquier inconveniente por la designación de Paglieri no contribuya a preservar el valor de la compañía. Lohidoy advirtió además sobre la independencia de los directores: "Si bien es cierto que el Estatuto Social resguarda el derecho del Estado a tener en el directorio hasta tres directores titulares e igual número de suplentes, y en virtud de ello es procedente la postulación de parte del Estado nacional de las personas para ocupar dichos cargos, también debe tenerse en cuenta que es exclusiva responsabilidad de quienes adoptan dicha decisión y la ejecutan tener en consideración que los hechos denunciados comprometen la necesaria independencia de criterio, esperada lealtad y deberes fiduciarios de la persona afectada por las referidas denuncias, lo cual, prima facie , afecta las cualidades que todo director debe preservar en el ejercicio de su función [...]. En razón de ello, adelanto la abstención en el voto respecto de la designación de la Sra. Beatriz Paglieri, en tanto la misma se ha visto afectada por las circunstancias antes señaladas, con riesgo de los intereses sociales superiores que todos los órganos sociales deben resguardar a los fines de preservar el valor de la empresa".

Fuente: Diario La Nación

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