La ley prohibía la utilización de sustancias tóxicas en la minería y además decía que cualquier proyecto minero debía ser autorizado por la Legislatura.
Con la reforma de la Ley 7722 en Mendoza, se violan los principios de no regresión ambiental y el de progresividad. Es inconstitucional y anticipan que seguirán la batalla en la justicia: la modificación de la norma no posee consenso social, destacó una integrante de la Asamblea Popular por el Agua.
En Señales dialogamos con Marcelo Giraud, geógrafo, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de la Asamblea por el Agua:
